Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Tributario, Aduanero y Financiero Nro 199 – 02.05.2018


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Cambiemos el Tribunal Fiscal (Parte 1)

Por Martín Covarrubias Jurado

Desde el aspecto institucional, la fugaz discusión y posterior sanción de la Ley 27.430 importó una serie de reformas que tocan fibras íntimas del sistema tributario nacional. Además de las modificaciones introducidas en materia de impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado o impuestos internos, cuyas variables debían ser modificadas con imperiosa necesidad y dicha cuestión no viene a debate, se modificó la Ley 11.683, de procedimiento tributario y el Código Aduanero (Ley 22.415). Con esto se quiere destacar que a una reforma que en sus albores se presentaba como imperiosa, se le adosaron modificaciones de normativa de fondo que por su naturaleza no parecía la mejor oportunidad para su tratamiento. Dicho esto, y pese a las malogradas expectativas que generaba el ánimo de cambio de los procedimientos establecidos, la capacidad de trabajo de las autoridades intervinientes como la actitud receptivas las autoridades oficiales dieron a la luz una reforma que sin contentar viene a solucionar el estado de emergencia que presenta el Tribunal Fiscal de la Nación.

En efecto, el Título VII de la ley 27.430 busca componer al Organismo autárquico y darle celeridad a sus procedimientos, pese a que, las modificaciones al proyecto original implicaron necesariamente un cierto desvío de su cometido primigenio, lo que no quita mérito al deseo de actualizar sus formas y estructuras, para introducirlo a los estrictos estándares de un Tribunal Administrativo del siglo XXI. Esto, teniendo en cuenta el carácter integrativo a la reforma que implica el llamado a concurso para cubrir 10 vacantes de vocales en el Tribunal Fiscal efectuado por el Ministerio de Hacienda, el concurso nacional de anteproyectos para la fachada y medianera del nuevo edificio destinado al organismo, como así también la inminente implementación de herramientas informáticas tales como el expediente electrónico, documentos electrónicos, domicilios electrónicos constituidos y notificaciones electrónicas. Dentro de ese proceso de “modernización”, se encuentra la digitalización de los expedientes aduaneros, antecedentes administrativos de los iniciados en el Tribunal Fiscal, cuya tarea se está llevando a cabo desde el año pasado con ritmo sostenido.

La necesidad de adecuación del Tribunal a los nuevos tiempos está sentidamente vinculada con el creciente aumento del volumen de causas, generado como consecuencia directa del boom del comercio internacional, que llegó para quedarse de la mano de la globalización, el crecimiento demográfico, etc. Lo que implica la inminente integración mundial, impulsada por el desarrollo tecnológico, que presente en las distintas áreas, en los diversos saberes y ciencias, los desarrolló de tal manera, que estos hoy no conciben su existencia sin ella. Todo, muy a pesar del aparente retroceso que representan ciertas medidas proteccionistas que esgrimen algunos estados. Quizá en la vana ilusión de retener tiempos que se fueron. El alivio pre morten, aquel resurgir aparente (y temporal) que en un inútil esfuerzo malogra los últimos suspiros que anteceden al deceso.

En efecto, el proceso de decadencia del organismo jurisdiccional es de antigua data y va desde que la tasa por actuaciones no se canaliza adecuadamente, para atender las necesidades que hacen a su funcionamiento, sino que los fondos recaudados ingresan a la Tesorería General de la Nación, dependiente de la Subsecretaria de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de la Nación, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la 25.964.

No resulta redundante destacar que, el ingreso que percibe el TF en concepto de tasa de actuación -y que a la postre no ve nada de su resultado- asciende a cifras para nada despreciables y que con un porcentaje poco significativo de lo que se recauda por ese concepto podría fácilmente duplicarse los magros sueldos de los especialistas aduaneros y tributarios.

Sumado a ello, la falta de reacción frente a las eternas vacancias de las vocalías y el tardío llamado a concurso para cubrir vacantes de Vocales (este último concurso representó un respiro a los incansables esfuerzos de los integrantes del organismo), la desidia a la que fue sometida el tribunal por parte del Ministerio de Hacienda, los recortes presupuestarios, la ineficiencia de los sistemas informáticos impuestos, el no llamado a concurso para empleados, la decadencia de las estructuras edilicias, etc. Frente a esto, la reforma del organismo, analizada desde una perspectiva integradora de todos los proyectos de cambio a su respecto, se presenta como un aliciente para los caídos ánimos de quienes lo integran.

Es cierto que, en lo que respecta a la situación de los empleados del Tribunal, bien pudo haber sido una solución dignificante, extender el carácter de funcionario judicial de todos los empleados, para así, gratificar la especificidad de las profesionales almas que iluminan los dominios del Tribunal.

 

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