Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Penal Nro. 323 – 10.06.2021


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

La Corte Suprema de Justicia de la Nación consagró el derecho a licencias laborales de las personas privadas de la libertad

Por Lucas M. Oller

SUMARIO

  1. Antecedentes. 2. El habeas corpus colectivo como herramienta para demandar la observación de derechos constitucionales. 3. El derecho a trabajar en situación de encierro. Normativa y Jurisprudencia. 4. Conclusiones.

1.Antecedentes

En el mes de mayo de 2016, los internos de la Unidad Penitenciaria Nº 4 de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, sufrieron una reducción en los salarios, como consecuencia de que el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE) emitió un dictamen que derivó en una rebaja en las horas de trabajo asignadas. Concretamente, se redujeron las horas en los talleres de trabajo y se rechazaron los certificados médicos, por lo cual no se liquidaron las horas no trabajadas por enfermedad.

Ante ello, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un hábeas corpus correctivo y colectivo, por considerar que esto implicaba un agravamiento en las condiciones de detención. Fue así, que el Juzgado Federal de Santa Rosa hizo lugar a la acción, ordenó abonar de forma correcta las horas trabajadas y otorgó al Servicio Penitenciario Federal un plazo para que habilitara las horas de trabajo que habían sido limitadas. Ante la apelación interpuesta por el Servicio Penitenciario Federal, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó la resolución y aclaró que no debía haber reducciones salariales ante las ausencias laborales previstas en el régimen de licencias de la Ley de Contrato de Trabajo. Contra esa decisión, el SPF interpuso un recurso de casación que fue denegado y tras el rechazo del recurso extraordinario federal presentó un recurso de queja.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimdad, compartió los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General de la Nación y se remitió a ellos, desestimando la queja.

Entre las cuestiones salientes, el Procurador indicó: “Tal es el caso de lo decidido en las instancias anteriores con fundamento en los artículos 107, 117 Y 120 de la ley de ejecución penal, en cuanto establecen, respectivamente, que el trabajo de los internos respetará la legislación laboral y de la seguridad social vigente, que en su organización, métodos, jornadas, horarios, seguridad e higiene se atenderán las normas del trabajo libre, y que el salario será abonado en los términos establecidos en la regulación en vigor, todo lo que condujo al tribunal a quo a considerar que el tiempo trabajado se debía computar como lo dispone el artículo 152 de la ley de contrato de trabajo, es decir, incluyendo los períodos de licencias legales o convencionales y las ausencias por enfermedad u otras causas no imputables al trabajador empleado” (dictamen del Procurador General de la Nación).

2.El habeas corpus colectivo como herramienta para demandar la observación de derechos constitucionales

La Corte Suprema de la Nación, en los precedentes “Rivera Vaca”[1] y “Verbitsky”[2], precisó  que las acciones de habeas corpus colectiva resultan un remedio idóneo para solucionar las situaciones de agravamiento de las condiciones de detención, en tanto existen actos lesivos por parte de la autoridad penitenciaria que no afectan sólo a determinados detenidos sino a todo el colectivo.

En otras palabras, la acción colectiva se torna la más apropiada cuando los miembros del grupo o clase de los afectados ven menoscabado un derecho individual, pero el remedio para evitar, hacer cesar o reparar esa afectación supone una medida de alcance colectivo y no individual, de modo que nadie puede exigir un remedio individual sin que trascienda o afecte a otros en la misma situación.

A lo expuesto, debe aunarse que el Máximo Tribunal ha sido contundente al extender las obligaciones de control judicial del modo en que los internos transcurren el cumplimiento de su pena encarcelados hacia los jueces de habeas corpus. Así, en los precedentes “Gallardo[3] y “Defensor Oficial…”[4], consagró que es tarea de los jueces velar porque la privación de libertad se cumpla en forma acorde a los estándares mínimos fijados en la normativa aplicable y, en esa labor, ordenar, en su caso, el cese de los actos u omisiones de la autoridad pública que impliquen un agravamiento ilegítimo de la forma y condición de la detención[5].

Ahora bien, en cuanto a la legitimidad para reclamar a través del procedimiento de habeas corpus condiciones laborales acordes a la legislación vigente por parte de los internos, debe resaltarse que, en líneas generales, las acciones tienen amplia recepción en los tribunales de hábeas corpus, tanto para aquellas de carácter individual como colectivas.

En esa línea, la Casación Federal, en distintos pronunciamientos, propugnó que todo lo concerniente al derecho al trabajo, sus regulaciones, el pago del peculio -forma y modalidad-, espectro en el cual cabe incluir al sistema de seguridad social, “…constituye por la naturaleza de los derechos involucrados una situación susceptible de encuadrar en los supuestos previstos por el artículo 43 de la C.N. y el art. 3 inciso 2º de la ley de habeas corpus”, toda vez que “…el salario, cuya naturaleza alimentaria resulta indiscutible y su irregular satisfacción puede afectar no sólo la subsistencia del interno trabajador sino la de su grupo familiar, comprometiendo aún otros intereses…[6].

En la misma tesitura, en el conocido antecedente “Kepych”, la C.F.C.P. consagró que el trabajo penitenciario no debe ser diferenciado de aquél realizado en el medio libre, en relación a los derechos y condiciones reconocidas a los trabajadores en el art. 14 bis de la CN y que es materia indubitable de ser resuelta en el marco del habeas corpus. Incluso, fue evaluado en relación a otros aspectos de la vida carcelaria con incidencia en el régimen de progresividad, cuestionando que no sería correcto desde esa perspectiva exigirle a la persona detenida “…que deba elegir entre cumplir con uno de los aspectos del mismo -el trabajo- en detrimento del resto de los pilares del tratamiento -el estudio y la vinculación con la familia- porque se le efectúan descuentos en su remuneración si asiste a educación o recibe visitas de sus familiares[7].

3.El derecho a trabajar en situación de encierro. Normativa y Jurisprudencia.

El trabajo de las personas privadas de su libertad se encuentra asegurado como derecho y regulado en los arts. 107 y siguientes de la ley 24.660. En particular, interesa destacar aquí el art. art. 106 que resalta: “…El trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación…”, mientras que el art. 107 de dicha norma, que dispone los principios que regirán el trabajo intramuros, establece que éste “f) Deberá ser remunerado” y que “g) Se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente“.

Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos (Reglas Mándela), en su artículo 72 y sgtes., establecen que el régimen del  establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto éstas contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su persona[8].

En línea con tales principios, la Cámara de Casación Federal en el citado fallo “Kepych”, ordenó la elaboración de un régimen de trabajo para las personas privadas de su libertad que se adapte a la normativa local vigente y los instrumentos internacionales que rigen la materia. A su vez, la Sala encomendó que, durante la transición, se instruya a las autoridades del Complejo Penitenciario para que ajusten su actuación de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo y sus modificatorias, respecto de los internos que desempeñen tareas laborales, de acuerdo con la coordinación dispuesta por el art. 118 de la ley Nº 24.660.

Para así decidir, el Tribunal sostuvo que “…todo preso no puede ser ajeno al ‘derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado’ (art. 6º, PIDESC), lo que goza en nuestro país de estatus y protección constitucional, habida cuenta que se encuentra garantizado por el art. 14 bis CN y por diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos expresamente incluidos en el art. 75, inc. 22 de la norma suprema”. En razón de ello, la Sala sostuvo que “…cuando se elaboran dictámenes que restringen el monto del salario por motivos que no se compadecen con disposiciones contenidas en la LCT, se están agregando a la legislación que debe aplicarse en materia laboral carcelaria limitaciones que ella no contiene y, luego, vulnerando derechos fundamentales. En definitiva, para cualquier preso que trabaje no pueden dejar de gobernar como estándares –entre otros– el derecho a la remuneración y la regla de asimilación al trabajo libre, con todos sus alcances, (vgr. asignaciones familiares, obra social, cobertura frente a accidentes de trabajo, capacitación laboral, agremiación) por imperio del principio de progresividad”.

En efecto, resultó de tal trascendencia dicha sentencia que derivó en reformas de la propia normativa penitenciaria, en tanto recientemente se aprobó el “Régimen de licencias para personas trabajadoras en contexto de encierro en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal[9].
En la misma tesitura, en la causa que nos convoca en la presente, en su tránsito por la Cámara Federal de Casación, la Sala I ,que también había confirmado la procedencia del hábeas corpus, remarcó: “[L]a cuestión se relaciona con el derecho al trabajo, que se encuentra plenamente reconocido como tal a las personas privadas de libertad conforme lo regulan los artículos 106, 107 en particular y siguientes de la Ley nº 24.660; y en especial con el salario, cuya naturaleza alimentaria resulta indiscutible y su irregular satisfacción puede afectar no sólo la subsistencia del interno trabajador sino la de su grupo familiar, comprometiendo aun otros intereses (arts. 14 y 14 bis, C.N.)[10].

Asimismo, expusieron: “[C]on miras al fin de reinserción social y del trabajo como mecanismo para la incorporación de normas y hábitos laborales, capacitación y fomento de la creatividad y valor del individuo, la ley ha establecido que la actividad laboral intramuros tienda a equipararse –con al alcance posible por las limitaciones propias de la privación de la libertad– al trabajo en el medio libre, en cuanto a derechos y obligaciones[11].

4.Conclusiones

El artículo 2º de la ley 24.660, es contundente al consagrar que “El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por la ley…”, mientras que la Corte Suprema, en los precedentes “Romero Cacharane” y “Dessy”[12], ha sido por demás concluyente al señalar que “con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados por la declaración Universal de Derechos Humanos”. Sin embargo, en muchas oportunidades los internos observan cómo aquellos principios de raigambre constitucional terminar por ser meros enunciados.

En efecto, en la acción sumarísima en trato, la baja arbitraria, general y unilateral en la cantidad de horas imputadas y pagadas que derivó en la merma del salario, perjudicó a todos los trabajadores detenidos en el mismo complejo. Por tal motivo, se torna imperioso que las regulaciones laborales intramuros, también contemplen las ausencias justificadas por razones de enfermedad, educación, visitas, traslados, salidas transitorias, entre otras, correspondiendo en efecto su remuneración en cuanto horas efectivamente disponibles. De lo contrario, se coloca al detenido ante la dicotomía de acatar las directivas del servicio penitenciario o salvaguardar su derecho al salario, lo que claramente no puede admitirse.

Por todo lo expuesto, la presente intervención de la Corte Suprema en materia carcelarias no puede menos que celebrarse, pues corresponde al Poder Judicial, en todas las instancias, abordar los actos lesivos que padecen las personas privadas de la libertad frente a la afectación de garantías cuando –como el caso- conlleva una afrenta a derechos laborales, pero también impresionan en el régimen ejecutivo de la pena y trascienden indebidamente al grupo familiar del interno, por lo que se impone la necesidad de un pronunciamiento en lo relativo al piso mínimo en derechos fundamentales, que constituya una frontera contra la discrecionalidad de los poderes públicos.

 

[1] C.S.J.N., , “Rivera Vaca, Marcelo Antonio s/ Habeas Corpus”, R. 860. XLIV, rta. 16/11/09.

[2] C.S.J.N.,“Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus”, V. 856. XXXVIII, rta, 3/05/05

[3] C.S.J.N.: Fallos: 322:2735.

[4] C.S.J.N.: Fallos: 327:565.

[5] Conforme los lineamientos de la Corte Interamericana en el caso “Neira Alegrúa y otros vs. Perú”, del 19/01/1995 y en el caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay” del 20/09/2004); parámetros que fueron seguidos por la Sala IV de la C.F.C.P. in re LEFIPAN, Walter Roberto s/ recurso de casación”, reg. 1397/13, rta. 9/8/2013 y “GAJARDO PEREZ, Juan Carlos s/ habeas corpus”, reg. 1844/15.4, rta. 25/9/2015.

[6] C.F.C.P., Sala I, causa nro. 14.905/2014, registro nº 1051/2014.4 “Gutiérrez, Alejandro s/ recurso de casación”, rta. 4/6/2014.

[7] C.F.C.P.,  Sala II, causa nro. 1.318/13, “Képych, Yuriy s/recurso de casación”, rta.  1/12/2014.

[8] La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Verbitsky”, antes  citado, estableció que las Reglas Mínimas para el tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas,  Recogidas por la ley 24.660, configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención.

[9] El citado régimen fue aprobado el pasado 17 de febrero del 2021, mediante DI-2021-146-APN-SPF, en virtud de los ordenado la C.F.C.P., en la citada acción de hábeas corpus caratulada “Kepych, Tiberiyevich Yuri s/recurso de casación”, conforme lo reconoce el dispositivo en sus consideraciones.

[10] C.F.C.P., Sala I, “PPN. INTERNOS U4 SPF”, causa nro. 7825/2016, rta. 16/03/2017. Voto concurrente del juez Hornos.

[11] Idem. Voto de la jueza Figueroa al que adhirieron los jueces Borinsky y Hornos.

[12] C.S.J.N.: Fallos 327:388 y 318:1894, respectivamente.

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