Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Penal Nro. 265 – 14.02.2020


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Estándares internacionales para el uso de la prisión preventiva y su recepción en el nuevo Código Procesal Penal Federal (Ley 27.063) (Parte I)

Por Lucas M. Oller

[1]

1.- Introducción

            El continuo aumento de la aplicación de prisiones preventivas a lo largo de toda la República Argentina, resulta alarmante y su abordaje se erige como uno de los mayores desafíos para la justicia argentina de cara a la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal de la Nación (C.P.P.F), según ley 27.063[2].

            El análisis de la mencionada problemática toma mayor relevancia si tenemos en cuenta que el día 19 de noviembre del 2018 fue publicada la resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal (C.P.P.F.), que en su artículo 1º, dispuso –en lo que aquí interesa- “Implementar los artículos …221 y 222 del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL, disponiendo su implementación a partir del tercer día hábil posterior a la fecha de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial, para todos los tribunales con competencia en materia penal de todas las jurisdicciones federales del territorio nacional”.

            La excesiva utilización del encierro anticipado se extiende con diversa gradualidad a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y afecta garantías fundamentales de personas sometidas a un procedimiento penal. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.), han señalado en varios pronunciamientos su preocupación por el respeto a los derechos de personas privadas de libertad y lo han acuñado como uno de los principales retos de los estados miembros[3].

            En el presente proponemos un análisis de los principios que ambos organismos internacionales fueron delineando en numerosos informes de casos contenciosos y sentencias de fondo en los que fue tratado el instituto de la prisión preventiva y determinar si fueron debidamente receptados en el nuevo C.P.P.F., respetándose el paradigma de progresividad en materia de derechos humanos.

            No podemos dejar de recordar, como analizaremos en detalle, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido en numerosos fallos que los informes de la C.I.D.H. deben servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales respecto de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y hasta ha considerado obligatorias las sentencias de la Corte I.D.H.

2.- Estándares de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la adecuada utilización de la prisión preventiva

            El sistema procesal penal en una sociedad democrática se funda en la primacía de la dignidad de la persona humana y en los derechos fundamentales que le son inherentes, entre los cuales se destacan el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia (art. 18 de la C.N.), que tiene como correlato la garantía de libertad personal durante la sustanciación del procedimiento penal.

            La presunción de inocencia se halla expresamente reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos (D.U.D.H.) –art. 11.1-, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (P.I.D.C.yP.) –art. 14.2-, la Declaración Americana (art. XXVI) y la Convención Americana (Art. 8.2).

 Asimismo, tal presupuesto ha llevado al derecho penal moderno a imponer como regla general el derecho de toda persona a permanecer en libertad durante el proceso[4] y solamente por vía de excepción puede privarse al procesado de la libertad[5], lo que da origen al denominado principio de excepcionalidad. En caso de resultar necesaria la detención del acusado durante el transcurso de un proceso, su posición jurídica continúa siendo la de un inocente[6].

            El respeto a la presunción de inocencia exige igualmente que se acredite, de manera clara y motivada, según el caso concreto, la existencia de los requisitos válidos de procedencia de la prisión preventiva[7].

            También se violenta tal principio cuando la medida de coerción se dicta de modo arbitrario o inmotivado; o bien, cuando su aplicación está determinada esencialmente por el tipo de delito, la expectativa de la pena o la inexistencia de indicios razonables que vinculen al acusado al hecho imputado. Ello así, por cuanto en tales casos, en gran medida, se estaría “aplicando una pena anticipada, previa a la conclusión del proceso mismo, entre otras razones porque materialmente la detención previa al juicio, en tanto privación de libertad, no difiere en nada de la que se impone como resultado de una sentencia[8].

            Al igual que el mencionado carácter excepcional, la aplicación de la prisión preventiva debe observar otros principios relevantes como son el de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

            El criterio de excepcionalidad está directamente relacionado con el derecho a la presunción de inocencia. El fundamento del uso excepcional de este instituto coercitivo estriba precisamente en el hecho de que es “la más severa de las medidas cautelares que hoy conserva el enjuiciamiento penal, en tanto entraña una restricción profunda de la libertad, con muy importantes consecuencias. Solemos afirmar que la prisión preventiva no es una verdadera sanción; no constituye una medida punitiva, sino apenas precautoria y efímera[9].

            De tal principio, se deriva también, según lo estableció la Corte  I.D.H., “la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. Pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva[10].

            Por su parte, la importancia del criterio de razonabilidad reside en evitar la privación de la libertad más allá de un tiempo razonable para el cumplimiento de los fines que justifican su detención, pues de lo contrario equivaldría, en los hechos, a una pena anticipada[11]. En ese sentido, se ha resaltado que el propio art. 7.5 de la Convención Americana es el que “impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esa medida cautelar[12].

            De tal modo, los jueces deben asegurar que el período de detención preventiva en el que se mantiene a un acusado no exceda de un plazo razonable, el que no puede establecerse en forma abstracta porque responde a criterios que habrán de  determinarse de acuerdo con las particularidades de cada caso concreto[13].

            En cuanto al principio de necesidad o subsidiariedad, corresponde mencionar que, al igual que el resto de las medidas cautelares, la prisión preventiva debe imponerse cuando sea indispensable para los objetivos propuestos. Así, sólo procederá cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso tras demostrarse que otras medidas cautelares menos lesivas resultarían infructuosas a esos fines.

            En virtud de tales parámetros, pesa sobre el órgano que dispuso la detención la obligación de disponer la libertad cuando hayan cesado los motivos que originaron la medida coercitiva, pues atendiendo a su naturaleza cautelar la misma sólo puede estar vigente durante el lapso estrictamente necesario para garantizar el fin procesal propuesto[14].

            Por su parte, el criterio de proporcionalidad obliga a analizar el objetivo que se persigue con la aplicación de esta medida restrictiva del derecho a la libertad personal, en tanto compensa los sacrificios que la misma comporta para los titulares del derecho y la sociedad. Esto significa, que no debe autorizarse el encarcelamiento cautelar en supuestos en los que la pena prevista para el delito imputado no sea privativa de la libertad, tampoco cuando las circunstancias del caso permitan, en abstracto, suspender la ejecución de una eventual condena y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido la duración razonable de dicha medida.

            En palabras de la Corte Interamericana: “El principio de proporcionalidad implica, además, una relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción[15].

            Asimismo, sobre la base del derecho a la presunción de inocencia y el carácter excepcional de la prisión preventiva emerge el deber de revisar periódicamente la vigencia de las circunstancias que motivaron su aplicación inicial. Este ejercicio de valoración posterior se caracteriza por el hecho de que, salvo evidencia en contrario, el riesgo procesal tiende a disminuir con el paso del tiempo.

            En la sentencia del caso Yvon Neptune v. Haití, se probó que la prolongada e injustificada detención de la víctima no fue sometida a una adecuada revisión judicial. En esa oportunidad, la Corte Interamericana definió dicho estándar en los siguientes términos: “El señor Neptune fue liberado dos años y un mes después de su arresto por “razones humanitarias” y no por una decisión judicial que valorara si las causas y fines que justificaron su privación de libertad se mantenían, si la medida cautelar todavía era absolutamente necesaria para la consecución de esos fines y si era proporcional[16].

[1] Abogado UBA. Secretario de la Defensoría Pública Oficial Federal nro. 2 de Neuquén.

[2] En este sentido, véase el DECRETO N° 118/2019 (B.O. 8/2/2019 ) por el cual se aprueba el texto ordenado del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL, aprobado por la Ley Nº 27.063 con las incorporaciones dispuestas por la Ley Nº 27.272 y las modificaciones introducidas por la Ley Nº 27.482.

[3] Al respecto, puede consultarse principalmente el Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, aprobado por la C.I.D.H. el 30/12/13.

[4] Ver: Demanda de la CIDH ante la Corte IDH contra la República Bolivariana de Venezuela en el caso 12.554, Francisco Usón Ramírez, 25/07/08, párr. 168.

[5] CIDH, Informe 50/00, Caso 11.298, Fondo, Reinaldo Figueredo Planchart, Venezuela, 13/04/00, párr. 119.

[6] CIDH., Tercer informe sobre la situación de derechos humanos en Paraguay, Cap. IV, párr. 33.

[7] Corte IDH, Caso Usón Ramírez vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20/11/09. Serie C No. 207, párr. 144, en el que se enfatizó que corresponde al tribunal acreditar la existencia de los elementos constitutivos de esta causal mediante “argumentos razonables”, no pudiendo limitarse a invocarla o a mencionar las normas en las que dicha causal está establecida.

[8] CIDH, Informe sobre el uso de la prisión preventiva…, ob. cit. p. 58.

[9] Corte IDH, Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1/02/06. Serie Con. 141, voto del Juez Sergio García Ramírez, párr. 18.

[10] Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Sentencia 12/11/97. Serie C No. 35, párr. 77.

[11] Desarrollado ampliamente en: CIDH. Informe No. 2/97, Caso 11.205, Fondo, Jorge Luis Bronstein y otros, Argentina, 11/03/97, párr. 12, también receptado en el Informe 86/09, y varios fallos de la Corte IDH, entre ellos López Álvarez vs. Honduras, ya citado.

[12] Corte IDH, Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17/11/09. Serie C No. 206, párr. 119.

[13] C.I.D.H, Informe 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6/08/09, párr. 135, siguiendo lineamientos de jurisprudencia de la Corte Europea.

[14] CIDH, Informe 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6/08/09, párrs. 100, 102 y 105.

[15] Corte IDH, Barreto Leiva Vs. Valenzuela, párr. 122.

[16] Corte IDH, Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 6/05/08. Serie C No. Párr. 110.

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