Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Penal Nro. 224 -22.02.2019


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

¿Se puede sanear el acto cumplido en donde se vulnera el derecho de defensa en juicio? (Parte III)

Por Alberto Sandhagen

[1]

  1. Para no ser monótono, sintetizaré a aquí las respuestas a las siguientes preguntas: ¿es necesario alegar un perjuicio concreto?, ¿no era suficiente perjuicio que le hayan rechazado el recurso (sin patrocinio) por falta de fundamentación?

En primer lugar, la Corte Suprema ha dicho que la existencia del perjuicio acaece por el sólo incumplimiento de los recaudos legales que le son inherentes[2]. Obviamente, dicha doctrina, en el fallo en comentario, brilla por su ausencia.

Sumado a ello, considero que la nulidad requiere un perjuicio preciso y efectivo, que no necesariamente se identifica con una influencia en lo dispositivo del fallo[3].

Esta mas que claro que, no basta la mera apreciación de una posibilidad de afectación en la esfera de derechos del solicitante para tener por inválido al acto procesal que se cuestiona, sino que es necesario invocar y acreditar la presencia de un perjuicio real, sea procesal o sustancial que evidencie la nulidad que se solicita. En este orden de ideas, no basta la sola especulación acerca de un perjuicio probable para que la nulidad proceda.

En efecto, la defensa oficial que actuó con posterioridad al vicio constitucional acarreado en el proceso, identificó en forma precisa un perjuicio efectivo. Al contrario, no efectuó afirmaciones genéricas de afectación al derecho de defensa sino que lo encuadró en la vulneración de la normativa aplicable, tanto constitucional (art. 18, CN) como infraconstitucional (art. 56 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la resolución 305/01 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo).

La apreciación de un perjuicio efectivo exige la identificación precisa de él, como bien hizo la defensa oficial.

Por otra parte, para que se declare la invalidez de la sentencia, por haberse dictado sin observar los requisitos formales, es indiferente que el fallo sea justo o no en su contenido. Una sentencia puede ser justa, pero si tiene un defecto formal procede la nulidad y se debe tener por no pronunciada.

En otras palabras, no se debe demostrar que sin el desperfecto procesal la decisión jurisdiccional hubiese sido distinta o que el vicio haya influido en lo sustantivo de la sentencia. Al menos en su lado procesal, el perjuicio no tiene que ver con el resultado del juicio, sino con la evaluación del trayecto recorrido para llegar a él, con la posibilidad de poder influenciar en el procedimiento que ha dado lugar a la resolución en la que puede haber participado, o no, gozando de los derechos y oportunidades que el ordenamiento procesal concede a los litigantes. Indudablemente, si se llega al desenlace que lo decidido hubiese sido diferente de no haber existido el vicio que se reclama, habrá un inestimable indicio de que ha existido un perjuicio jurídicamente relevante, pero no al contrario.

Resulta claro, a mi entender, que había un perjuicio concreto que acarreaba la ausencia de patrocinio en la instancia de apelación y como valioso indicio se vio acreditado cuando: “…la alzada sostuvo que los argumentos expuestos por la accionante en su presentación no guardaban relación con las conclusiones de la resolución impugnada, ni contenían un razonamiento que permitiera advertir el perjuicio que tal decisión le ocasionaba[4].

  1. Para concluir, el letrado patrocinante cuya misión es asistir y asesorar en relación con las cuestiones jurídicas que se ventilan en el proceso y a los escritos que se presenten en el mismo, no constituye una mera formalidad que puede ser omitida, sino que tiende a resguardar la regularidad del acto y que, dicha ausencia, afecta un principio constitucional establecido a favor del justiciable.

Con lo resuelto por la Corte se dio legitimidad a un proceso que vulneró las formas sustanciales del proceso. La declaración de nulidad respondía, en el caso, a un interés concreto y que no era otra cosa que una respuesta ante un particular estado de indefensión o bien ante un acto viciado cuya reparación resultaba imposible puesto que resultaba obligación de los tribunales suministrar la debida asistencia letrada que permita ejercer la defensa sustancial que corresponda.

La circunstancia reseñada importa un inadmisible menoscabo al derecho de defensa en juicio del litigante que debería haber determinado la nulidad del recurso de apelación por carecer de una asistencia efectiva y que la debida fundamentación de esa impugnación resultaba fundamental para que se cumpliera eficazmente con la revisión integral del dictamen de la Comisión Médica Central, que al final y al cabo terminó siendo dirimente para la resolución del pleito[5].

Más, como resolvió la Corte, me atrevo a mencionar que el dictamen de la Comisión Médica Central no fue objeto de un doble conforme judicial. Esto no quiere decir que se debía habilitar un nuevo recurso ordinario accesible y eficaz sino que aplicando correctamente –con asistencia letrada- el que estaba alcanzaba para cumplir con el artículo 8.2.h del Pacto de San José de Costa Rica.

De más está en afirmar, que diferente tratamiento se efectúa cuando un litigante actúa ante un tribunal intermedio o reclama ante la Corte Suprema. Mientras que –de los considerandos del fallo- la ausencia de firma en un escrito de un letrado es válido cuando se litiga ante la Cámara y se puede sanear con prescindencia de la normativa vigente, no lo es así cuando se actúa ante el máximo Tribunal, que es muy riguroso en hacer cumplir el ordenamiento ritual[6], cuando en definitiva están en juego las mismas normas procesales[7].

[1] Abogado y Especialista en Derecho Penal, Universidad de Buenos Aires.

[2] Confrontar Fallos: 319:672; 323:52, entre otros.

[3] Veamos un ejemplo: una persona es llamada a declaración indagatoria, le toman dicha declaración sin entrevista previa con su defensor (menos estuvo presente en el acto de defensa). En ese contexto, la persona hace uso de su derecho a negarse a declarar, puesto que no tiene ninguna coartada que desarrollar (es culpable del hecho) y le dictan un auto de procesamiento con prisión preventiva.

[4] Del considerando 2º del fallo que se comenta.

[5] La Corte resolvió “…confirmar el dictamen de la Comisión Médica Central.

[6] Ver los precedentes citados en la nota 4°.

[7] Artículos 56 y 57 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación

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