Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Penal Nro 214 – 09.11.2018


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

En qué consiste el control de constitucionalidad. Sistemas concentrado y difuso

Por Lucía Feito Allonca

Por otro lado, en el seno de la  Corte Interamericana, dicho cuerpo ejercita lo que ha dado en llamar a partir del caso Myrna Mack Chang[1] a través del voto razonado del Juez Sergio García Ramírez  el “Control de Convencionalidad”, lo que significa una instancia de comprobación y revisión de la adecuación que existe entre el Pacto de San José de Costa Rica y otras convenciones que hemos venido a considerar como normas con rango supralegal y por ende constitucional, y las disposiciones del derecho interno de las naciones adheridas al modelo.

Este control de convencionalidad es definitivamente complejo, dado que el sistema se torna de algún modo doble, habiendo de controlar desde el Poder Judicial tanto el acomodo de la normativa interna a la Constitucion como norma suprema de un ordenamiento nacional –perspectiva tradicional, clásica, liberal, estatal- como a los Convenios a los que se ha dotado de rango supralegal, y en nuestro caso a los contenidos en el articulo 75.22 de la CN que además gozarían de un status constitucional.

 Ambos controles, tanto el de constitucionalidad como el de convencionalidad, habrían de darse ex officio (en razón de su cargo).

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin.

La Convencion Interamericana de Derechos Humanos ha aclarado que no se ocupa en sí de las cuestiones locales sino que su tarea reside en “inspeccionar si los países han violado o no las convenciones sujetas a su competencia”.

Por ello ha establecido -sin entrometerse en las jurisdicciones locales- que una sentencia con carácter de cosa juzgada de los jueces domésticos “…tiene que ser necesariamente cumplida debido a que en ella se adopta una decisión de forma definitiva, otorgando certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto, y tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad. Ante este tribunal eventualmente puede discutirse la autoridad de cosa juzgada de una decisión cuando ésta afecta derechos de individuos protegidos por la convención y se demuestra que existe una causal de cuestionamiento de la cosa juzgada”.

También adiciona que solamente por circunstancias excepcionales pueden conducise que el cuerpo supranacional “…deba ocuparse de examinarlos respectivos procesos internos”

Esa doctrina ha sido recibida por la Corte Suprema de la Nación Argentina con conflictos y disidencias ante lo que ello puede significar (¿Cesión de soberanía en detrimento del Estado y a favor de un ente supranacional?)

Por ello el Tribunal internacional ha sentado la postura de que no se ocupa de modificar en forma directa el derecho interno, ya que su misión consiste en el control de si las normas locales acatan -o no- las convenciones internacionales. En otras palabras, no supondría una instancia adicional.

En qué consiste el control de constitucionalidad. Sistemas concentrado y difuso.

Los órganos jurisdiccionales locales, así como los Tribunales Constitucionales en algunos países ejercitan el control de constitucionalidad, que importa una comprobación de la confomidad entre lo prescripto por la Carta Magna y las normas que por su rango están por debajo de ella, debiendo darle prioridad a la primera, dado el carácter infraconstitucional de las mismas y el principio de supremacía vigente en el ordenamiento jurídico. Este sistema de control de constitucionalidad no es el vigente en la República Argentina, sino el control concentrado, vigente en algunas constituciones europeas, a partir de la Austríaca de 1946, donde la revisión es hecha exclusivamente por un único cuerpo diseñado para ello

República Argentina: Control de constitucionalidad difuso

En nuestro país por otro lado se ejerce, en cuantro al control de constitucionalidad, el denominado control difuso que debe ser llevado a cabo, como en Estados Unidos, por todos y cada uno de los magistrados judiciales.

Es decir que la constitucionalidad de una norma determinada puede ser examinada por cualquier Tribunal no existiendo un organismo ad hoc a cargo de esta tarea, sin embargo esta revisión de las normas se hara solo para el caso acerca del cual el Tribunal este conociendo –siendo así una aplicación restringida al caso particular y de aplicación inter partes.

[1] El caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala fue una sentencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos del 25 de noviembre de 2003 sobre la responsabilidad internacional de Guatemala por el asesinato de Myrna Mack Chang por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de todos los responsables.

Fue asesinada frente a su oficina en la Ciudad de Guatemala, acuchillada 27 veces, por un escuadrón de la muerte de las Fuerzas Armadas de Guatemala supuestamente creados por la Escuela de las Américas.

En abril de 2004, después de un juicio dirigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y gracias a la tenaz actividad de su hermana Helen Mack, el gobierno de Guatemala reconoció públicamente que sus agentes habían cometido el asesinato e implementaron medidas de reparación a su familia.

 

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