Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Laboral Nro. 289 – 29.10.2020


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

El artículo 241 de la LCT en la mira de la Corte Suprema de Justicia de La Nación

Por Analia Raña Sá y Sergio Lois

[1]

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el pasado 10 de septiembre del corriente año, se manifestó a favor del distracto provocado por mutuo acuerdo de las partes previsto en el art 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744). Ello fue en el marco de las actuaciones caratuladas “Ocampo, Alessio Matías Yair c/BGH SA s/despido”.

La importancia de este pronunciamiento radica en el hecho de ratificar la validez de los acuerdos celebrados por ambas partes ante escribano, sin requerir intervención de la autoridad de aplicación. Ello no obsta que los acuerdos también puedan formalizarse por ante el Ministerio de Trabajo o los organismos jurisdiccionales del fuero laboral.

El art 241 reza: “Las partes, por mutuo acuerdo, podrán extinguir el contrato de trabajo. El acto deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la Autoridad Judicial o Administrativa del Trabajo. Será nulo y sin valor el acto que se celebre sin la presencia personal del trabajador y los requisitos consignados precedentemente”.

Las actuaciones llegan al superior tribunal luego de que el órgano jurisdiccional de origen y el de alzada hicieran lugar al reclamo formulado por el actor, considerando procedentes las indemnizaciones por despido que reclamaba el trabajador, a posteriori de la extinción del vínculo por mutuo acuerdo bajo los términos del artículo 241 de la LCT.

La Cámara de Apelaciones había interpretado que el acuerdo celebrado entre las partes no era válido, en función de que no se había realizado con la intervención de Autoridad Judicial o Administrativa, ni mediado una resolución fundada que demostrara la “justa composición de los derechos e intereses de las partes”, exigencia establecida en el art 15 LCT”.

En el fallo del Máximo Tribunal, contrario a lo interpretado hasta el momento por la Justicia del Trabajo, se interpreta que: “…en el caso bajo examen, no se discute que el trabajador en forma personal y la empleadora, mediante su representante legal, celebraron un acuerdo de extinción de la relación laboral ante un escribano público, en los términos del aludido artículo. De ahí que no constituya derivación razonada del derecho vigente la exigencia de la homologación administrativa o judicial de lo convenido, toda vez que ese requisito no se encuentra contemplado en la norma. La LCT solo establece dicha exigencia para los supuestos de acuerdos transaccionales, conciliatorios o liberatorios cuando se realicen con intervención de la Autoridad Judicial o Administrativa” (art. 15).

 

La Corte Suprema de Justicia de La Nación ratificó lo que expresamente establece el art. 241 de la LCT. Utilizó para ello una interpretación jurisprudencial pacífica referida a dicho artículo.

Sin embargo, creemos que, dadas las presentes circunstancias de excepcionalidad que estamos viviendo actualmente (lo que algunos consideran la nueva “normalidad”), la utilización de este instrumento extintivo puede llegar a acarrear algunos problemas sumamente preocupantes como los vicios de la voluntad dada la disparidad en el poder de negociación entre las partes involucradas.

Los cimientos propios del derecho del trabajo descansan en un sistema protectorio tendiente a equilibrar la balanza sustancialmente desequilibrada entre el trabajador y su empleador. Para ello, el legislador se vale de una serie de herramientas fundamentales (normas jurídicas) que implican la atenuación de la hiposuficiencia propia de las relaciones del trabajo. Esta hiposuficiencia se extiende a las negociaciones que pueden llegar a suscitarse entre el trabajador y el empleador lo que implica una afectación al principio de la irrenunciabilidad de derechos.

En los acuerdos extintivos consagrados por el art. 241 de la LCT, bajo análisis, podemos avizorar que se genera una especie de válvula de escape ante el deterioro de las condiciones protectorias del derecho del trabajo que se han profundizado debido a una economía cada vez más golpeada, ya que esta pandemia ha demostrado la fragilidad del sistema capitalistas que se desmorona sin la circulación constante de personas que consumen a diario bienes y servicios.

Dicha válvula de escape se genera por la imposibilidad de seguir sosteniendo una cantidad trabajadores determinada ante un contexto económico muy complejo sumado a la prohibición de despedir sin justa causa o por falta o disminución de trabajo.

Finalmente, creemos que la extinción del contrato de trabajo en virtud del art. 241 de la LCT puede llegar a ser usada de manera abusiva afectando el orden público laboral.

[1] Abogados por la Universidad Nacional de La Matanza. Maestrando en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la UNTREF. Escritor de diversos artículos sobre derecho individual y colectivo del trabajo. Disertante. Miembro del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.-

DESCARGAR ARTICULO