Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Laboral Nro. 222 – 17.10.2019


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Comentario al Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019: un DNU inconstitucional que modifica una ley insensata

Por Francisco Turzi

El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019[1] (en adelante “El Decreto“) dispuso modificar el artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (en adelante “LRT“) con respecto a la forma de calcular los montos y los intereses de las indemnizaciones por accidentes de trabajo, incapacidad laboral definitiva o fallecimiento del trabajador. Hasta el dictado del mismo, el cálculo del “ingreso base” (IBM) del trabajador se realizaba según la tasa activa. A partir de ahora, se utilizará la variación del Índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). La tasa anual del Banco Nación que se venía utilizando es del 71,77% y la tasa efectiva alcanza el 100,82%, mientras que el RIPTE durante todo 2018 fue de 30,6%. De acuerdo con ello, los montos finales de las indemnizaciones por accidentes de trabajo, incapacidad laboral definitiva o fallecimiento del trabajador se reducirán considerablemente.

Mediante la última reforma a la LRT (Ley 27.348), se había estipulado que el “Ingreso Base” devengaría un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Mediante el Decreto, se sustituyó esta fórmula de actualización, pasando entonces a actualizarse mediante la aplicación del RIPTE.

Sostenemos que la Tasa Activa siempre constituyó un parámetro incorrecto para actualizar créditos laborales en tanto la tasa activa es la que los bancos cobran a sus clientes y aplican por consecuencia sobre los créditos que otorgan. La Tasa Activa es entonces la esencia del negocio bancario e incluye en su composición todos los costos que los bancos deben afrontar para operar y que son propios del banquero y de ninguna otra actividad, como por ejemplo la tasa que pagan a sus depositantes, el encaje o inmovilización de fondos que exige el Banco Central como garantía, los costos de seguridad (alarmas, bóvedas, seguros, personal armado, transportes blindados, etc.), los impuestos, auditores y muchos otros gastos específicos del rubro. En base a los “costos de producción” el banquero fija la tasa que aplicará sobre los créditos que otorgue. En contraposición, la Tasa Pasiva es la que el banquero paga a sus depositantes, ya sea en plazo fijo, cuentas de ahorro, etc. Es decir que podría obtenerse un resultado insuficiente o excesivo pero sin ninguna duda el resultado es inadecuado.

La Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 27.348) en su Art. 12 dispuso que el crédito generado por el trabajador como consecuencia de accidentes de trabajo (ingreso base) devengarían un interés a calcularse mediante la “tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina”, con independencia de la evolución del salario del gremio al que el trabajador perteneciera, el índice de costo de vida o cualquier otro elemento de medición objetiva de la inflación y ello así por cuanto mantiene su vigencia hasta la fecha la prohibición de indexar créditos que surge de la ley de convertibilidad (Ley 23.928) ratificada por el Art. 4 de la ley de emergencia económica (Ley 25.561).

La Ley de Riesgos del Trabajo recurrió a la tasa de interés activa como verdadero subterfugio para sortear la prohibición de indexar ya que esta norma crea una verdadera injusticia, pero en lugar de admitir una excepción a la prohibición de utilizar el índice de costo de vida o similar para mantener la capacidad adquisitiva del crédito laboral eligió hacerlo por medio de una tasa de interés que, en el caso, ninguna relación guarda con el crédito cuya capacidad de compra se pretende preservar frente al proceso inflacionario que lo deteriora. La Tasa Activa no solo carece de una adecuada correlación con el proceso inflacionario que sufre la moneda en la que el crédito se expresa sino que en determinados períodos prácticamente duplicó el aumento del costo de vida medido por el INDEC lo que demuestra la arbitrariedad que constituye su aplicación como factor de conservación del valor adquisitivo.

Mantener el crédito con un valor constante es un derecho indiscutido del trabajador, pero actualizarlo mediante un sistema inadecuado, que termina duplicando el ajuste del costo de vida, evidentemente no era la solución. La aplicación de la Tasa Activa generó un desequilibrio manifiesto al aumentar artificialmente el crédito del indemnizado y encareció tanto la suma a pagar por la aseguradora del riesgo laboral que la ecuación terminó siendo explosiva. En definitiva, la aplicación de una tasa tan desproporcionada provocaba un desequilibrio tan significativo que puso en riesgo la continuidad del sistema asegurador de este tipo de riesgos. Los malos remedios en ocasiones provocan más daño que la enfermedad que pretenden curar.

Advertido del grave error en el que incurrió la Ley 27.348 al elegir la Tasa Activa como alternativa para mantener constante el crédito del trabajador, el Poder Ejecutivo disponía de diferentes herramientas institucionales para corregir ese desequilibrio, como por ejemplo enviar al Congreso un proyecto de Ley para modificar la actual legislación, explicando al Congreso y a la ciudadanía con claridad los sólidos argumentos que existen para ello y el abuso que provoca la Tasa Activa, todo lo cual justificaba de manera incuestionable la necesidad de remediar las injusticia que resulta del mecanismo técnico financiero antes descripto, que muchos consideran es inconstitucional.

La elección del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) pretendió remediar la arbitrariedad provocada por un cuestionable cálculo técnico financiero, pero al no ser el DNU la vía institucional idónea crea otro problema, pues en la opinión de algunos expertos en derecho público se trataría de una norma inconstitucional.

Habrá que esperar ahora la decisión de la Justicia sobre la constitucionalidad o no de este DNU, que no obstante tiene una gran virtud: sacó a luz un problema inocultable y que de una u otra forma debe remediarse sin demora: la Tasa Activa no es el factor idóneo para mantener constante el valor de los créditos laborales y su aplicación deviene arbitraria, y por lo tanto inconstitucional.

[1] Publicado en el B.O. el 30 de septiembre de 2019.

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