Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Laboral Nro 112 – 20.04.2017


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Modificación a la Ley de Riesgos del Trabajo – Problemática

Por Rodrigo Astudillo

Ante el continuo y sistemático aumento de juicios por accidentes laborales y enfermedades profesionales, lo que llevó a un colapso del fuero laboral y también un incremento de las alícuotas cobradas por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo; el Gobierno impulsó la Ley 27.348.

La nueva ley realiza cambios sustanciales en el sistema y principalmente sobre la estructura de revisión de las secuelas permanentes generadas por las contingencias aseguradas. Insiste con la legalidad de las Comisiones Médicas (CM) antes legisladas, pero con un organismo revisor diferente para así subsanar la posibilidad de que las mismas sean atacadas por inconstitucionales de acuerdo a la doctrina de la CSJN en el fallo “Castillo c/ Cerámica Alberdi”.

En el nuevo sistema, el dictamen de la CM jurisdiccional podrá ser apelado ante el fuero laboral territorialmente competente. Es así que se deja de lado un esqueleto de revisión muy desdeñado por la doctrina y jurisprudencia, en donde los dictámenes solo podían ser apelados ante la Justicia Federal de la Seguridad Social.

Es decir que, luego de ser tratado por una contingencia laboral, el trabajador accidentado deberá someterse a la revisión de la CM competente, la que determinará el grado de incapacidad que padece. En caso de no estar de acuerdo con aquella decisión, podrá apelar ese dictamen al fuero laboral, en donde un perito médico (la nueva ley exige la creación de un cuerpo médico judicial estable) confirmará o desestimará aquel dictamen y un juez del fuero laboral sentenciará sobre la prueba rendida.

El legislador pretende así que todos los accidentes sean revisados por las CM y evitar de alguna manera que los siniestros sean judicializados. Se busca desalentar a un trabajador de iniciar la contienda judicial obligándolo a revisar primero su patología en un organismo administrativo. Probablemente, con esta nueva estructura, luego del dictamen en CM la ART interviniente realizará una oferta económica que tiente a los actores a finalizar con el pleito (para eso se reglamentó un nuevo procedimiento ante las CM que fue publicado junto a la norma).

Ante esta novedad, paso a realizar un repaso de la situación actual:

– Sin dudas el nuevo sistema traerá cambios en la sociología de la litigiosidad. El fuero laboral sufrió en los últimos años un giro radical en la composición de sus demandas iniciadas. Cuando hace apenas diez años la mayor parte de los litigios de la justicia del trabajo se trataba entre disputas entre trabajadores y la patronal, en la actualidad la contienda por accidentes laborales y enfermedades profesionales reina en el fuero. Probablemente el nuevo sistema, aunque logre su cometido a medias, logrará de todas formas disminuir el porcentaje de juicios en la materia.

– Con los mismos argumentos, resulta relativamente inocente asumir que los mismos terminarán. Un abogado dedicado judicializar siniestros laborales no abandonará su especialidad. Todo indicaría que se buscará por todos los medios judicializarlos luego de que pasen por las CM (en caso de que las mismas no sean atacadas por inconstitucionales nuevamente). Si bien el nuevo mecanismo reconocerá honorarios en la contienda administrativa, los mismos serán menores a los que la vieja estructura acostumbró.

– Párrafo aparte merecen los dictámenes de las CM en cuestión. Desde sus orígenes fueron cuestionados por mezquinos al momento de determinar una incapacidad permanente. La diferencia de porcentajes por incapacidades permanentes determinadas por los peritos médicos oficiales en juicio y el órgano administrativo fue siempre radical. Si se busca evitar la judicialización de siniestros, deberán antes afinar los porcentajes determinados para así luego desalentar una eventual judicialización. En caso contrario, no deberíamos esperar grandes cambios.

– Si bien la ley hace referencia a la creación de un cuerpo médico forense que tenga especialidad en la materia, no parece que se aborde con gran vocación a la principal problemática, a mi criterio, que son los dictámenes periciales. Debido a la normativa en lo que refiere a honorarios profesionales y a la poca credibilidad de los especialistas intervinientes, advierto que los informes periciales son el foco de la judicialidad. Es ahí donde se encuentra el estímulo del litigio. Con pericias oficiales que no tienen relación con la realidad y mucho menos con los dictámenes de la CM, la judicialidad no parece tener freno.

– Llama la atención cómo quedó la nueva redacción del artículo 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Con el nuevo sistema, se actualizará el ingreso base mensual por medio del índice RIPTE. Si bien ésta problemática excede el presente trabajo, podemos adelantar que llevará a muchas interpretaciones, similares a las que llevó la redacción del art. 17 inc. 6 de la ley 26.773 (tuvo tantas interpretaciones como jueces laborales en la República). Recordemos que se había llegado a una interpretación final con el fallo Espósito de la CSJN.

– Algunos juzgados de primera instancia en la CABA ya declararon la inconstitucionalidad de la nueva norma (aún antes de que la misma se publique) por considerar que no cumple con el requisito constitucional de igualdad al tratar de una manera diferente al trabajador registrado y el que no lo está. Deberemos estar atentos a cómo se comporta la jurisprudencia.

Si se me permite, entiendo que una posible solución a ésta problemática, sería la de crear juzgados especializados en accidentología laboral. Una diferencia dentro del fuero laboral, similar a la que cuenta el fuero civil con los juzgados especializados en familia. De esa manera, también se encontraría un remedio eficiente a juicios de despidos que revisten un carácter alimenticio y se encuentran demorados por la creciente litigiosidad de siniestros laborales. Asimismo, cada jurisdicción debería contar con un cuerpo médico forense que revise la contingencia y no tenga interés económico en el resultado del pleito.

Se trata de una solución de fondo a todo el sistema, ya que le permitiría tener previsibilidad a las aseguradoras y un trato justo a los trabajadores. Un juzgado dedicado solamente a accidentes y enfermedades laborales sería en los hechos una CM pero con la imparcialidad y constitucionalidad suficiente, ya que nos encontraríamos dentro del Poder Judicial. De todas maneras, se necesitaría un acuerdo político complejo y de difícil advenimiento para semejante tarea.

 

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