Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Laboral Nro 110 – 30.03.2017


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

La titularidad del derecho a promover una huelga. Fallo Orellano

Por Agustín E. Mariano Zurdo

Sumario: I) El punto central del fallo; II) Las dos caras de la moneda. Individual y colectivo; III) El recurso legal. Los sindicatos; IV) Consideración final.

 I) El punto central del fallo

El 7 de junio de 2.016, en la causa Orellano, la CSJN interpretó y resolvió, exclusivamente, sobre la titularidad del derecho de promover una huelga. El análisis jurídico se centraba en determinar si los propietarios de accionar una huelga podían ser un grupo de trabajadores o, por lo contrario, una asociación jurídica privada “sindicatos”, estudio que viene dándose hace más de 60 años[2], a partir, principalmente, de la inclusión, en 1.957, del término gremio al texto constitucional (art. 14 bis).

En el fallo en cuestión el máximo tribunal puso fin a la discusión, al resolver que la titularidad del derecho a declarar una huelga pertenece a un colectivo de trabajadores organizados en función de intereses comunes (considerando N°8), explicando que debe efectuarse un examen integral del texto constitucional previsto en el art. 14 bis. De modo tal, que el término gremio mencionado en el segundo párrafo no es otra cosa que aquellas entidades profesionales a las cuales hace referencia el primer párrafo de la norma constitucional, “organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.

 II) Las dos caras de la moneda. Individual y colectivo

Establecido y entendido que la titularidad del derecho a promover una huelga le corresponde a la agrupación de trabajadores organizados, estamos en condiciones de comprender que el acto de proclamación de la medida de fuerza habilita el ejercicio del derecho de huelga, el cual comprende dos caras: una Individual: por la cual el trabajador puede optar por adherirse o no a la huelga; y la otra colectiva: donde se busca la reivindicación, declarar o poner fin a la huelga, o negociar la solución de un conflicto. Destaco, así lo interpreto de la lectura del fallo, que la Corte sólo hace referencia a los conflictos de derecho que pueden llevar adelante los sindicatos inscriptos, quedando reservada la pretensión de modificar o crear una nueva fuente de derecho (conflictos de intereses) en cabeza de los sindicatos con personería gremial.

La Corte Suprema explica que el ejercicio individual se encuentra condicionado al ejercicio colectivo por dos aspectos: material y formal. El primero, por la simple razón, que si no hay huelga no se habilita el ejercicio individual. El segundo, porque el ejercicio singular será legítimo si legítima fuera la convocatoria de la huelga (considerando N° 7).

III) El recurso legal. Los sindicatos

El derecho cuenta con las herramientas dirigidas a resguardar un bien superior que debe ser respetado por todos, el cual es el de la dignidad de la persona humana, siendo un medio, en su máxima expresión, la libertad sindical.

El titular primigenio de la libertad sindical es el individuo, o sea el trabajador por su condición de hombre que trabaja y que, por hacerlo en relación de dependencia ofrece mayores riesgos de que su dignidad se vea ofendida por parte del empleador, o de otros sujetos. Y entonces aparece lo que se ha explicado como un recurso o medio para obtener un mayor defensa de sus derechos e intereses[3], “la agrupación sindical”. Es decir, dentro de los recursos legales, con las que cuenta las organizaciones sindicales, a fin de reivindicar la dignidad de la persona, es promover la huelga.

 IV) Consideración final

A modo de cierre, creo, que la CSJN, en el fallo Orellano destacó, una vez más, la importancia de los sindicatos, dándoles jerarquía, de la misma forma que lo vino resaltando en fallos anteriores.

a) que no se puede impedir a un sindicato meramente inscripto que participe en una elección de delegados internos (11/11/08, caso “ATE” I, fallos: 331:2499);

b) que los activistas sindicales meramente inscriptos deben tener (o no pueden ser privados) de la tutela sindical (estabilidad temporaria), por lo cual es inconstitucional el art. 52 LAS, en cuanto limita esta tutela especial a los sindicatos de organización con personería gremial (10/12/09, caso “Rossi”, fallo: 332:2715);

c) que a los sindicatos meramente inscriptos no se les puede impedir que hagan reclamos o defiendan derechos colectivos en representación de los trabajadores, y que por lo tanto el art. 31-a LAS es inconstitucional (18/06/13, caso “ATE” II, A 598 XLIII)[4].

[*] Especialista en Derecho del Trabajo. Universidad Católica Argentina (UCA).

[2] Héctor Omar García, Tratado de Derecho Colectivo del Trabajo, Director: Julio César Simón, pág. 590, Ed. La Ley, Edición: 2012.”(…) con anterioridad a la consagración constitucional expresa de la huelga como un “derecho garantizado a los gremios”, los enfoques de la doctrina se dividían en dos grandes grupos. La opiniones de un lado afirmaban que el “sujeto activo” era el sindicato organizado (…) otras opiniones atribuían la potestad de hacer huelga a la pluralidad de trabajadores (…)”.

[3] Rodríguez Mancini, Derecho del Trabajo, análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial, Tomo III, pag. 14, ed. Astrea, año 2010.

[4] Luis Ramírez Bosco. Apunte al fallo “Orellano”, Revista Trabajo y Seguridad Social, pag. 539, ed. El Derecho.

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