Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS1 Diario Laboral Nro 110 – 30.03.2017


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

El Régimen de Sinceramiento Fiscal de la ley 27260 y su relación con la LNE 24013

Por Consuelo Ferreyra

Con fecha 29 de junio del 2016 fue sancionada la ley  27260[1] a la que se dio el carácter de  “programa de reparación del régimen previsional” en el que se trataron dos grandes temas: en el  Libro I el “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” y en el Libro II el  “Régimen de Sinceramiento Fiscal”.

Teniendo en cuenta específicamente sus consecuencias en el plano de la seguridad social, esta ley constituye el primer paso de un abultado programa de “impulso al mercado de trabajo” que tiene previsto el oficialismo para el 2017, en el que se incluyen entre otras medidas: rebaja al impuesto al trabajo; reducción de cargas sociales; modificación al régimen de ART dictada en un primer momento por el DNU 54/2017, que luego obtuvo la debida aprobación por la Cámara de Diputados el 15/02/2017, y finalmente se publicó la ley 27348 en el Boletín Oficial el 24/02/2017; y un programa de blanqueo laboral más amplio que el regulado mediante la ley 27260[2].

Específicamente, el Régimen de Sinceramiento Fiscal que se pretende comentar, comúnmente llamado “Blanqueo de Capitales” (con vigencia hasta el 31/03/2017),  se reglamentó mediante el D.R. 895/2016 y  AFIP lo hizo a través de la R.G. 3919/2016, y su  modificatoria R.G. 3934/2016. A través del mismo se crean dos sistemas excepcionales: (i) Un sistema voluntario para la declaración de bienes en el país y en el exterior (no exteriorizados), comúnmente denominado “blanqueo” y (ii) un régimen excepcional para la regularización de pago y/o presentación de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, comúnmente llamado “moratoria”.

Sobre el segundo punto, el  Título II  art. 52 de la ley 27260  establece el ámbito de aplicación para la regulación de obligaciones tributarias de la seguridad social y aduaneras a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos a la que  podrán acogerse “por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones con excepción de los aportes y contribuciones con destino al sistema de obras sociales y las cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones que se establece por el presente Título”.

Asimismo, se establece que “La cancelación total de la deuda (…) producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación”.

Es decir, que el beneficio de la moratoria es la liberación de multas, sanciones y embargos, condonación de intereses en distintos porcentajes conforme a la antigüedad de la deuda (quedando excluidas las deudas a obra social y ART) y la suspensión o extinción de la acción penal, y se aplica sobre el capital consolidado una tasa de interés equivalente a la tasa pasiva promedio del Banco de la Nación Argentina, sujeto a un piso del uno coma cinco por ciento (1,5%) mensual con opción de pago en hasta 90 cuotas mensuales.

La ley 27260 y su Decreto Reglamentario Nº 3920 dejan sin reglamentar algunas cuestiones que deberán ser resueltas en cada caso particular. Una de ellas es que no se prevé (como sí se ha hecho en moratorias anteriores) un plazo dentro del cual el empleador, una vez que haya optado por el régimen, no podrá  desvincular al personal “blanqueado”.

Por otra parte, tampoco se prevé el supuesto que el trabajador llegara a intimar a su empleador a que se regularice su situación durante el proceso de sinceramiento. Sobre este último punto cabe resaltar que un trámite de rectificativas ante AFIP, puede demorar entre tres y cuatro meses dependiendo la cantidad y antigüedad del personal que se trate. Hechas las rectificativas, es que cada empleado podrá verificar con su Nº de CUIT los aportes y contribuciones debidamente ingresados por la empresa. Por lo que queda un lapso de tiempo en el que la empresa, ante el control del empleado, no tiene cómo demostrar que ha cumplimentado con la regularización.

La LNE 24013 sancionada el 11 de Noviembre de 1991 y publicada en el Boletín Oficial el 17 de diciembre de ese mismo año,  comienza a vislumbrar, en nuestro sistema Jurídico Laboral, la denominada “Flexibilización Laboral” que ahora vuelve a ser el eje sobre el que el Gobierno diseña sus proyectos legislativos a fin de dar un “impulso al mercado de trabajo”.

Si bien la misma fue dictada hace más de 25 años, sigue siendo una herramienta útil para encontrar una respuesta a estos interrogantes. Sobre el primer punto, esto es el plazo durante el cual el empleado no podrá ser despedido, si bien no está establecido expresamente, teniendo en cuenta la finalidad protectoria del trabajador que rige el orden público laboral, se podría tomar de modo analógico lo dispuesto por el art. 12 de la Ley Nacional de Empleo 24013  en donde al momento de su sanción se estableció que “el empleador que registrare espontáneamente y comunicare de modo fehaciente al trabajador dentro de los 90 días de la vigencia de esta ley las relaciones laborales establecidas con anterioridad a dicha vigencia y no registradas, quedará eximido del pago de los aportes, contribuciones, multas y recargos adeudados, incluyendo obras sociales, emergentes de esa falta de registro”.

Sobre el segundo punto, es decir, en caso de intimación fehaciente del trabajador a que se regularice su situación habrá que distinguir: (i) si el empleador no ha iniciado el proceso de regularización, y (ii) si ya se ha comenzado con el trámite de rectificativas.

En el primer supuesto, será plenamente efectiva la multa dispuesta en el art. 8 LNE y en su caso del art. 15 de la misma ley, es decir que si ante la intimación no se registrara la relación se abonará al trabajador una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente.

Cabe recordar que si por el contrario la empresa lo regulariza, no podrá despedirlo sin causa justificada dentro de los dos años desde que se hubiese cursado la intimación prevista en el art 11. de la LNE, y si así lo hiciera se duplican las indemnizaciones que le hubiesen correspondido (cfr. art. 15 LNE).

Ahora bien en el segundo supuesto, esto es si ya se ha comenzado con el trámite de rectificativas, si bien la empresa como advertimos no tiene forma de acreditar que se están realizando las rectificativas y efectuando correctamente los aportes y contribuciones, deberá estar el principio de la primacía de la realidad en el que el juez, ante un eventual reclamo, deberá valorar todas las circunstancias del caso para estarse a la verdadera situación.

De todas formas la situación quedará supeditada a la comprobación efectiva del trabajador una vez que el mismo pueda acreditar que ha sido regularizado con su correcta fecha de ingreso, remuneración y categoría pudiendo de acuerdo a esto realizar los reclamos que le pudieran corresponder conforme el perjuicio causado.

En todos los casos la situación quedará librada a los ojos del operador jurídico, quien deberá utilizar las herramientas que proporciona la generalidad del sistema a fin de alcanzar su superación o modificación, pues en última instancia, lo que importa es que iniciada la carrera, el derecho no le pierda el rastro a la realidad.

[1] Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/263691/norma.htm

[2] Disponible en:

http://www.iprofesional.com/notas/244118-La-agenda-oficial-completa-blanqueo-laboral-flexibilizacin-nueva-ART-y-fuerte-rebaja-de-impuestos

 

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