Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario DPI Suplemento Salta Nro 32 – 13.03.2020


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Procesos colectivos y garantías constitucionales

Por Flavia Kabbas

La Corte de Justicia de Salta declaró de oficio la nulidad de un amparo colectivo. Incumplimiento de los recaudos exigidos por el Registro Público de Procesos Colectivos.

Antecedentes

Han transcurrido más de 10 años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciara en la causa “Halabi”[1], la cual constituyó un punto de inflexión en materia de derechos de incidencia colectiva.

En dicho precedente, el Alto Tribunal entendió que el art. 43 de la Constitución Nacional resulta operativo y que los jueces deben dotarlo de eficacia incluso frente a la inexistencia de reglamentación y fue en dicha sentencia en la que plasmó los lineamientos de procedencia de la acción colectiva en tutela de derechos individuales homogéneos.

Posteriormente en al año 2014, en el fallo “Municipalidad de Berazategui” c/ Cablevisión S.A. sobre amparo”[2] la Corte advirtió sobre un incremento de causas colectivas con idénticos o similares objetos provenientes de diferentes tribunales del país.

Sostuvo en tal sentido que frente a las graves consecuencias de la reproducción de actuaciones, principalmente la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias y, asimismo, con el objetivo de propender a asegurar eficazmente los procesos expansivos que producen en estos procesos la sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada y de perseguir la apropiada tutela de los derechos de todas las personas que no tomaron intervención en el proceso, resultaba necesaria la creación de un registro de procesos colectivos.

Así, mediante la Acordada 32/2014 creó el Registro Público de Acciones Colectivas con carácter público, gratuito y de libre acceso en el ámbito de la Secretaría General y de Gestión de la Corte, limitando su competencia a los procesos que tramiten ante los tribunales nacionales y federales del país, en virtud de las atribuciones que mantienen las provincias en materia procesal y de administración de justicia.

En el art. 3º de dicha Acordada invitó a los superiores tribunales de justicia de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires a celebrar convenios con esa Corte para compartir la información almacenada y facilitar el acceso a los registros respectivos.

En ese marco, en enero del 2017 la Provincia de Salta promulgó la Ley 7968 mediante la cual creó el Registro Público de Procesos Colectivos, como órgano dependiente de la Corte de Justicia, con el propósito de inscribir ordenadamente la información que remitan los tribunales de la Provincia vinculada al inicio y desarrollo del proceso colectivo, brindar informes y mantener actualizada la información sobre los procesos registrados. (arts. 1º y 2º).

Estableció en tal sentido la obligatoriedad del tribunales de radicación de un proceso al que se le asigne el trámite de proceso colectivo, de efectuar la comunicación pertinente al registro luego de individualizar la composición de la clase, con indicación de las características y circunstancias que hacen a su configuración como tal, debiendo reconocer la idoneidad del representante y establecer el procedimiento para la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el litigio (arts. 5º y 6º).

Posteriormente el 9 de febrero de 2017 la Corte de Justicia dictó la Acordada 12324 reglamentando el funcionamiento del Registro de manera de garantizar el cumplimiento de los fines que se tuvieron en miras para su creación.

La sentencia de la Corte de Justicia de Salta

En la causa “Álvarez”[3] con sentencia el 16 de diciembre de 2019, la Corte de Justicia de Salta declaró de oficio la nulidad de la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a un amparo colectivo contra el Ministerio de Salud Pública y el Hospital San Vicente de Paul de la Ciudad de Orán, en el cual los accionantes  -junto con 643 personas que firmaron para adherirse al reclamo- solicitaban una mejor atención en la guardia del mencionado hospital.

Para así decidir, sostuvo en primer lugar que si bien las nulidades procesales deben interpretarse restrictivamente, en el caso correspondía declarar de oficio la nulidad de todos los actos procesales posteriores al traslado de la demanda, frente a la existencia de un vicio grave y manifiesto, con afectación del derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal, al haber omitido el juez de grado establecer el procedimiento para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener interés en el resultado del litigio, habiendo incumplido, además, con la comunicación del art. 5º de la Ley 7968, a fin de evitar que se dicten sentencias contradictoras.

De esta manera, el Tribunal advierte sobre la importancia del estricto cumplimiento de las previsiones de la ley mencionada.

Es que, si se admitiera el incumplimiento por parte de los tribunales de la debida inscripción de los procesos colectivos en los registros creados a tal fin, a nivel provincial y nacional, su finalidad misma se vería frustrada, pues no se lograría el propósito de evitar la existencia de varios procesos con igual o similar objeto con sentencias contradictorias, con grave afectación de la seguridad jurídica, pudiendo asimismo menoscabar el debido proceso legal y los derechos de defensa e igualdad, todos ellos protegidos por nuestra Constitución Nacional y Provincial.

Lo expuesto pone en evidencia la necesidad de sancionar una ley moderna para este tipo de procesos, que contemple las diferentes aristas problemáticas que plantea el instituto. Constituye una de las tantas deudas legislativas que perduran en materia judicial y que, en definitiva, impide la realización del principio cardinal de la tutela judicial efectiva en relación a los intereses individuales homogéneos.

 

 

 

[1] CSJN, Fallos, 332:111

[2] CSJN, Fallos, 337:1024

[3] CJS, Tomo 231:11

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