Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario DPI Suplemento Salta Nro 29 – 08.11.2019


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Actualidad en materia de Responsabilidad Extracontractual del Estado en la Jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta

Por Flavia Kabbas

I. Competencia.

La responsabilidad extracontractual del Estado por falta de servicio, es decir, producto del cumplimiento irregular o defectuoso de funciones que le son inherentes posee caracteres particulares que la tornan autónoma de la regulada por el derecho privado. El concepto de falta de servicio es radicalmente extraño al derecho civil, resultando de aplicación normas de derecho público provincial, cuya regulación corresponde al derecho administrativo de conformidad con lo establecido en el art. 1765 del C.C.C.N.

Doctrina de fallos “Nitratos Austin S.A.”, Tomo 227:235 del 16/05/2019; “Salvatierra”, Tomo 225:1027 del 8/04/2019; “Sajama” Tomo 223:313 del 31/10/2018, entre otros, voto de la mayoría.

II. Ley aplicable.

a. Marco Normativo.

“Si bien la Provincia de Salta no ha adherido a la Ley Nacional 26944 ni sancionado aún una ley sobre Responsabilidad Extracontractual del Estado y, en consecuencia, se deben aplicar analógicamente normas del Código Civil y Comercial de la Nación, ello no modifica la naturaleza administrativa del reclamo. Tampoco incide en su sustancia administrativa el contenido patrimonial de la pretensión.”

“Nitratos Austin S.A.”, Tomo 227:235 del 16/05/2019; “Salvatierra”, Tomo 225:1027 del 8/04/2019; “Sajama” Tomo 223:313 del 31/10/2018, entre otros, voto de la mayoría.

“En la medida que un particular haya sufrido un daño por la acción y omisión del Estado debe acudirse, para su justa reparación, a las normas del derecho administrativo y, ante la ausencia de éstas, a los parámetros establecidos por la jurisprudencia con aplicación analógica, en su caso, de las disposiciones del Código Civil o del Código Civil y Comercial, según sea el caso.”

“Aranda”, Tomo 225:577 del 12/03/2019, voto de la mayoría.

b. Aplicación temporal de la ley.

“Ante el supuesto en el que se deba recurrir al auxilio del derecho privado, hay consenso doctrinario en que los casos que ponen en juego la responsabilidad civil se rigen por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso.”

“Aranda”, Tomo 225:577 del 12/03/2019, voto de la mayoría.

III. Falta de servicio.

“La configuración de dicha omisión antijurídica requiere que el Estado o sus entidades incumplan una obligación legal, que puede estar expresa o implícitamente impuesta por el ordenamiento jurídico, o por otras fuentes, como la costumbre y los principios generales del derecho y vinculadas con el ejercicio del poder de policía. “

“Alfaro”, Tomo 229:981 del 24/10/2019, voto de la mayoría.

a. Accidente de tránsito. Animal suelto en la vía pública.

“Para que se genere responsabilidad estatal por incumplimiento de los deberes propios del ejercicio del poder de policía administrativa de naturaleza preventiva o de fiscalización, resulta necesario que se trate de una obligación a cuyo cumplimiento pueda ser compelida la Administración, aun cuando para ello fuera menester cumplimentar determinadas cargas procesales.

No se configura la responsabilidad de la Municipalidad de San Lorenzo teniendo en cuenta que no se advierte una falta que le sea imputable por omisión del servicio, ni su cumplimiento irregular o defectuoso, por cuanto al ingreso al nosocomio la víctima presentaba alcoholemia positiva y, asimismo, del informe técnico se detalla que se desplazaba sin casco protector.”

“Alfaro”, Tomo 229:981 del 24/10/2019. 

b. Fallecimiento de persona privada de la libertad.

“Se encuentra acreditado que el personal policial recogió al Sr. Cruz de la vía pública en estado de inconciencia y coincidiendo todos los involucrados en considerar que se encontraba en estado alcohólico omitieron las lesiones corporales que daban signo de una caída y decidieron privarlo de su libertad, sin siquiera verificar su estado de salud, lo que derivó en el desenlace fatal. En consecuencia, la responsabilidad extracontractual del estado surge de la existencia de un nexo causal entre el daño producido y la conducta omisiva de los agentes intervinientes, consistente en no guardar un mayor celo ante la situación personal que presentaba la víctima, poniendo en evidencia, cuanto menos, un alto grado de negligencia.

Resulta comprometida la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de sus deberes primarios y debe responder por los daños causados por su inacción frente a su obligación concreta de preservar la vida y la integridad física de los detenidos, por constituir una irregular prestación del servicio a su cargo.”

“Vargas de Cruz”, Tomo 221:157 del 16/08/2018.

c. Persona privada de la libertad.  Lesión durante un partido de fútbol.

“Ha quedado demostrado la que la demanda actuó con arreglo a un estándar de previsibilidad de lo que normalmente acontece, lo cual no genera responsabilidad, concluyéndose entonces, en función de todo lo expuesto y habiendo determinado la extensión del servicio, que no se advierte una falta imputable capaz de comprometer la responsabilidad de la Provincia de Salta. Resulta decisivo el hecho de que al momento de obtener el interno su libertad, se habían realizado o procurado todos los tratamientos y prestaciones indicados por los facultativos, no habiéndose comprobado conforme las constancias de autos si las supuestas secuelas o agravamiento de la patología del actor tuvo nexo causal con el atribuido incumplimiento de los deberes propios de las autoridades penitenciarias. Es que las vicisitudes que sufrió el primer diagnóstico no pueden ser reprochadas al Servicio Penitenciario si éste no descuidó la atención médica que requería el paciente mientras el Estado provincial ejercitaba su obligación de custodia.”

“Alcaraz”, Tomo 223:1053 del 12 de diciembre de 2018.

d. Hospital Público. Fallecimiento por infección intrahospitalaria.

“La naturaleza de la actividad desarrollada por el hospital público demandado consiste en la atención de la salud de las personas, y corresponde a las funciones específicas que le han sido encomendadas. Por consiguiente, la asepsia de los espacios físicos y de los elementos destinados a la atención de la salud, es una exigencia de elemental profilaxis en la atención de los pacientes, y al respecto no puede predicarse la carencia de medios. El lazo que une a la víctima con el servicio está suficientemente probado en autos. En cuanto a la previsibilidad del resultado dañoso, es de público conocimiento que pueden desencadenarse procesos infecciosos graves, incluso irreversibles, si no se reúnen las adecuadas condiciones de asepsia, por lo que la contaminación durante la atención hospitalaria configura un anormal o irregular funcionamiento del servicio de salud en el caso analizado, lo que determina la responsabilidad objetiva del hospital público, con encuadre en la doctrina de la falta de servicio elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre la base del art. 1112 del Código Civil, vigente al momento del evento dañoso.”

“Puentes”, Tomo 213:259, voto de la mayoría.

IV. Extensión de la indemnización.

a. Lucro cesante.

“El art. 1084 del Código Civil crea una presunción ‘juris tantum’ de que la muerte, por sí sola ha provocado un perjuicio en el patrimonio de las personas enumeradas por la ley: viuda e hijos del muerto; y es en virtud de esa presunción que dichos componentes de la familia, aunque no prueben daño patrimonial alguno, obtienen lo mismo un resarcimiento, cuyo monto queda librado a la prudencia de los jueces.”

“En consecuencia probado el ingreso mensual del fallecido y teniendo en cuenta que de tal monto debe detraerse lo que éste hubiera utilizado para solventar sus necesidades, debe tomarse un 50% de aquél a los fines de calcular tal indemnización.”

“Vargas de Cruz”, Tomo 221:157 del 16/08/2018, voto de la mayoría.

b. Daño psíquico. 

“Para que tal indemnización resulte autónoma la incapacidad a resarcir debe ser permanente y no transitoria, así como también debe producir una alteración a nivel psíquico que guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso. Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, ésta incapacidad ha de ser reparada al margen de que desempeñe o no actividad productiva, pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable que comprende diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural o social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida”.

“Teniendo en cuenta que el daño ha sido ponderado por medio de los baremos usuales en el informe pericial psicológico y considerando el adecuado nexo causal con el hecho dañoso y la persistencia del cuadro luego de transcurridos más de 15 años, corresponde su resarcimiento de manera autónoma.”

“Vargas de Cruz”, Tomo 221:157 del 16/08/2018, voto de la mayoría.

V. Intereses. 

En cuanto a los intereses moratorios que corresponde aplicar sobre el capital de condena, deberán ser computados desde el momento de la mora, es decir, desde el acaecimiento del hecho dañoso hasta la fecha de la presente sentencia, calculados a la tasa del 8 % anual; y desde entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa activa, cartera general de préstamos, nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. La razón de esta determinación obedece a que, en la especie, se fija el valor de la indemnización al momento de esta sentencia; es por ello que la tasa activa debe regir recién a partir de allí, ya que, de imponérsela desde el origen de la mora, se provocaría una alteración del capital y se configuraría un enriquecimiento indebido.

“Puentes”, Tomo 213:259 del 31/07/2017, voto de la mayoría.

En cuanto a los intereses moratorios que corresponde aplicar sobre el capital de condena, deberán ser computados desde el momento de la mora, es decir, desde el acaecimiento del hecho dañoso hasta la fecha de la sentencia de primera instancia, calculados al 8% anual; y desde entonces y hasta el efectivo pago, deberá mantenerse la tasa del 24% anual allí dispuesta. (en este caso el actor no había impugnado la tasa establecida a partir de la sentencia de primera instancia).

“Liendro”, Tomo 227:163 del 15/05/2019, voto de la mayoría.

 

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