Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario DPI Suplemento Personas no humanas Nro 31 – 23.11.2021


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Tendencias, enfoques y factores de expansión de la protección jurídica de los más débiles y vulnerables (humanos y no humanos)

Por Eduardo R. Olivero

Sumario: I. Los avances fundamentales en debate que dinamizan la tutela jurídica de los más débiles (humanos y no humanos). II. Un enfoque protectorio a partir de los entrecruzamientos bio-socioculturales tutelables (ecologización de los derechos y derecho al ambiente sano). III. A modo de conclusión.

  1. Los avances fundamentales en debate que dinamizan la tutela jurídica de los más débiles (humanos y no humanos)

            En el contexto del debate sobre la cuestión ambiental y ecológica contemporánea (movimientos y demandas, avances científicos, debates académicos, legislación y jurisprudencia comparada) en otras entregas de este suplemento abordamos diversas discusiones, posturas, enfoques y conceptos subyacentes de interés y también hemos aludido a ciertos precedentes locales y comparados. De este breve examen, emerge con claridad un innegable dato saliente de estos tiempos: la afirmación, el reconocimiento y la tutela jurídica de la naturaleza (del sistema en sí y de sus bienes, especies, seres vivos, ecosistemas, elementos, fauna, etc.). Se debate y postula su calidad de “sujeto de derechos” o se afirman nuevos derechos y obligaciones correlativas de interés.

            Las propuestas[1] integran (con matices y diferenciaciones) un complejo debate científico e inter/transdisciplinario que incide claramente -entre otros- en la consecuente discusión sobre el rol de los Estados, del Derecho (internacional y local), en la conformación (contenidos, alcances, relaciones) de los constructos jurídicos relevantes, en las concepciones de justicia, en los diseños institucionales y lo mismo sobre la institucionalidad garantista y la propia cultura jurídica relacionada[2].

            Estos avances jurídicos son propios de contextos que apuntan a una transición ecológica (y a la vez social, energética, económica, etc.), donde se enfatizan los enfoques vitales (proteger las matrices donde se desenvuelve y realiza la vida) y el cuidado de los bienes comunes fundamentales, todo lo cual se presenta y afirma como un paso necesario, superador y evolutivo. Entre otros efectos, todo ello ha aparejado la postulación de nuevas subjetividades jurídicas[3] (con diversos alcances y efectos en componentes naturales, en torno a los animales, etc.). Se visualiza a la naturaleza como merecedora de un reconocimiento o trato jurídico como un igual, o pasible de otras relaciones, por ejemplo, de tipo respetuosas, armónicas y equilibradas. Se descartan ciertos paradigmas o criterios acarreados desde la modernidad, como asimismo toda mirada fragmentaria y dicotómica en cuanto a la relación del “mundo humano” y del “mundo no humano”[4].

            Esta importante dinámica tuteladora va progresivamente dando forma a nuevos despliegues protectorios y garantistas. Así ocurre, cada vez que se exige -desde un enfoque jurídico- tener que respetar la integridad de la Naturaleza, de sus eco-sistemas y sus bienes vitales como intereses en sí mismos valiosos y protegibles, o al tutelarse su no alteración sustancial o significativa, su existencia, la continuidad de sus propios procesos vitales. También, al desarrollar lógicas protectorias basadas en nuevas interdependencias, “ecologizaciones” de derechos o diversas asociaciones relevantes de elementos naturales y culturales que se entienden jurídicamente consustanciados y merecedores de una tutela inescindible e interdependiente.

            Los vínculos entre derechos y factores ambientales, incluyendo también el propio derecho al ambiente sano, se vienen valorando como aspectos cruciales para sobrellevar una vida digna y/o para la tutela y realización de los derechos fundamentales relacionados. La evolución del Derecho en curso, se apertura (como lo anunciamos en anteriores entregas del suplemento) al resguardo de las condiciones que se valoran como relevantes para la trama y la continuidad de las relaciones “Vida/ambiente/habitabilidad”. Por ejemplo: al sostener el cuidado, el respeto y la garantía de la reproducción de la Naturaleza, de sus ciclos vitales, de la biodiversidad, entre otros aspectos similares, lo que puede tener lugar (a idénticos fines protectorios y garantistas) sea de modo autónomo o interrelacionado –por ej. al delimitar los contenidos y alcances ambientales de ciertos derechos-, sin descartar la concurrencia de ambas modalidades de garantías.

            Cuando se requiere poner énfasis -ante tanta devastación, abuso, impunidad, etc. – en una especial técnica jurídica (más) protectoria y garantista, es que se discute al efecto ampliar los significados de los constructos “persona” o “sujeto de derechos”. Como bien se ha dicho: “(…) frente a la destrucción de la naturaleza como un todo y de cada uno de los ecosistemas que la componen, otorgarle subjetividad como protección jurídica puede ser una solución para frenar los avances devastadores de la humanidad[5].

            Los avances, propuestas y debates ciertamente se enriquecen desde diferentes aproximaciones y enfoques (de carácter político, científico, ético o meta-ético, jurídico, etc.), que como bien se afirma por la doctrina confluyen (con matices) en ciertos puntos de partida. De este modo, se resalta -lo cual compartimos plenamente- “la vida misma, la naturaleza y el valor inherente de toda vida no humana”, contrariando de tal forma la “cosmovisión antropocéntrica actualmente predominante” (al menos cabe decir, frente a las crisis actuales, que no resulta racional sostener la exclusividad de este enfoque en el Derecho, debiendo compatibilizarse con notas bio o eco céntricas). La premisa básica a seguir parece ser la siguiente: “(…) la humanidad no está sola en el planeta que lo comparte con otros seres vivos, a los cuales les debe respeto y reconocimiento en, por lo menos, sus derechos básicos a existir, a crecer, a desarrollarse y a fluir[6].

            Este presupuesto basal de respeto, reconocimiento y valorización de la vida y la naturaleza, da pie al desarrollo de diversas modalidades de tutela jurídica (directa o no) de los bienes vitales naturales y potencia la discusión (por ej. mediante eventuales reformas constitucionales o en el desarrollo de la legislación ambiental) sobre el reconocimiento de nuevas subjetividades (reitero: según la técnica protectoria y garantista que desee enfatizarse). El mismo presupuesto basal se manifiesta ya en ciertos conceptos propios del art. 41 de la Constitución Federal Argentina, como el caso de: “medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”, “deber de preservación”, “obligación de protección”, obligación de recomponer el daño ambiental”, “utilización racional de los recursos naturales”, “preservación del patrimonio natural y cultural”, “preservación de la biodiversidad” y sus similares.

  1. Un enfoque protectorio a partir de los entrecruzamientos bio-socioculturales tutelables (ecologización de los derechos y derecho al ambiente sano)

            En el devenir de estos procesos críticos y protectorios, se ha venido tutelando la inserción -y asociación- de bienes y sistemas naturales en los esquemas de garantías de los derechos fundamentales involucrados según los casos (por ej. diversos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales -DESCA-, que integran o se relacionan sustancialmente con componentes de tipo naturales o ambientales).

            Ello nos permite resaltar algunas cuestiones propias de esta relevante valoración jurídica contemporánea que incluye y plantea la apertura a ciertos “entrecruzamientos bio-socioculturales” tutelables.

            Planteo aquí esta concepción (que también puede usarse en otros sentidos) simplemente como una expresión que alude a la emergencia con relevancia jurídica de la tutela de relaciones de interdependencia, no dicotómicas y de límites difusos, asociados e integrados entre naturaleza y cultura/s o de sus componentes de interés – aspectos que además son pasibles de variadas resignificaciones y disputas políticas-[7].

            Entre otros efectos destacables, podemos decir que la opción de tutelar, reconocer, proteger y garantizar un renovado plexo de importantes relaciones e interdependencias entre tales componentes, obra como un factor que potencia las garantías jurídicas interesadas en el respeto y la realización de los derechos ya consagrados (con sus notas también de tipo inescindibles e interdependientes) y asimismo es clave para el sostenimiento de la propia vigencia y continuidad de las normas y sistemas estatales fundamentales y del sistema internacional de los derechos humanos, involucrando una serie de cuestiones jurídicas de gran actualidad e importancia intergeneracional.

            Este esquema recepta diversas manifestaciones jurídicas contemporáneas en construcción[8], que expresan una comunión inescindible (no dicotómica o jerárquica) entre fundamentos naturales y culturales con mutuos sentidos vitales (es decir que protegen la reproducción y continuidad de la vida) y que son claves para lograr la tutela actual de todos los derechos fundamentales.

            La creciente ecologización de derechos humanos que ya se encuentran hace tiempo reconocidos y tutelados (como los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, la cultura, el desarrollo, la propiedad y la vida privada y familiar) se reconoce como un factor que ha contribuido a mejorar la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo y a la vez en comunión con la salud de la naturaleza misma. En ello se asume la necesidad de proteger las bases fundamentales naturales de la existencia humana (“los sistemas ecológicos, la diversidad biológica, las condiciones del planeta”). Se despliegan al efecto importantes obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Asimismo, se aboga cada vez más por el reconocimiento jurídico del derecho a un medio ambiente saludable a nivel mundial (sobre el cual nos hemos explayado en entregas anteriores del suplemento). La relevancia de estas cuestiones es innegable. En el mismo informe antes citado (nota 8), se expresa: “El reconocimiento por las Naciones Unidas de un derecho universal a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible sería muy oportuno en vista de los múltiples problemas ecológicos a los que se enfrenta el mundo. La Organización Mundial de la Salud informa de que casi una cuarta parte de la carga mundial de morbilidad está causada por la exposición a los peligros ambientales que se encuentran en el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos y los edificios y las comunidades en que vivimos. A pesar de la aprobación del Acuerdo de París, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero continúan aumentando y, por lo tanto, están agravando los efectos presentes y futuros del cambio climático en el bienestar humano. A pesar de la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, está creciendo el número de especies amenazadas y extintas, y este aumento tendrá graves consecuencias para los derechos humanos y el bienestar(….)” (párr. 52).

            Estos reclamos y avances actúan como factores que potencian el desarrollo protectorio y el despliegue de nuevas garantías de los derechos de diversos colectivos vulnerables (mediante la aplicación de enfoques ambientales, sociales o socio-ambientales; con asociaciones de componentes humanos, no humanos interrelacionados, etc.). A partir de estos avances y sus ecos en cuanto a la recepción o el desarrollo de los derechos y las garantías pertinentes (de base constitucional o convencional), es claro que todo ello importa la exigencia de lograr articular y asegurar una común y ampliada tutela garantista de entes, sujetos, colectivos y/o bienes humanos y no humanos, a partir de tener que considerar numerosas interdependencias cruciales y relevantes que, en rigor, se localizan y despliegan en todos los contextos sociales (con matices y diferenciaciones). Ello, al entrecruzarse con diversos grados y complejidades la artificialidad humana con lo propiamente natural (lo que implica no otra cosa que la idea de ambiente misma).

            Al respecto, como punto crítico y disparador seguramente juega -según los casos- la localización de toda afectación (juzgada como) sustancial de condiciones ambientales, sociales y/o de conexiones e identidades vivenciadas al respecto (comprendiendo ello todo lo que sea valorado como relevante a título de conexiones de sentido vital entre componentes humanos y no humanos en juego).

            Esta lógica se advierte con claridad -por ejemplo- al amparo de concepciones, prácticas, estilos de vida o cosmovisiones que entienden mutua y recíprocamente compenetrados -y materia de cuidado común- a tales componentes. De este modo se incrementa el perímetro de los sujetos y bienes pasibles -de conjunto- de ser considerados como colectivos (más) débiles y vulnerables, razón por la cual requieren una tutela jurídica común, reforzada y diferenciada en esos términos, debiendo además resguardarse la debida participación y otros derechos derivados al efecto. Es más que claro que esta tutela jurídica no puede articularse debidamente desde concepciones que fragmentan u observan de modo dicotómico, de modo instrumental-explotador o bajo jerarquías a la relación “Naturaleza-Cultura/s” o a sus componentes relacionados. Estos avances se evidencian hoy día con mayor visibilidad en cuanto a los derechos y obligaciones que se invocan y defienden ante ciertos contextos y graves prácticas lesivas sufridas por diversos colectivos (más) vulnerables (por ej. aquellas situaciones normalmente asociadas al extractivismo[9]).

            Los múltiples derechos, dimensiones e intereses básicos que así pueden verse entrecruzados y comprometidos según cada contexto y ámbito fáctico en consideración y a partir de la relevancia de lógicas no fragmentarias y dicotómicas sino de tipo interdependientes (por ej. derechos a existir, a crecer, a desenvolverse y desarrollarse, en base al respeto de las propias capacidades y de las relaciones vitales existenciales que sean materia de consideración en los casos), poseen pues contenidos y alcances que pueden ser explicados y tutelados en base a notas y asociaciones “bio/naturales-socioculturales” relevantes (destacando y uniendo aspectos y fundamentos naturales, culturales o lo mismo a través del hecho de resaltar su simbiosis, sus mutuos sentidos o su funcionamiento en común). En última instancia, todo ello se fundamenta en una comunidad vital y de destino (que se comparte en la “casa común” de nuestro planeta).

            Este presupuesto, en rigor, alcanza con matices y diferenciaciones a todos los colectivos humanos y sociales. Ello, en tanto y al fin de cuentas cabe resaltar las propias condiciones y notas “bio-socioculturales” inherentes a todo ser y grupo humano, aunque ciertamente debemos prestar especial atención a las particularidades manifiestas en torno a la lucha por los DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales). Este presupuesto, además, es la razón principal del reconocimiento generalizado del derecho a un ambiente sano.

            Claro que ciertos colectivos -por ej. pueblos indígenas, tribales, campesinos, grupos marginados urbanos, etc.- subsisten estructuralmente en condiciones de mayor desigualdad, discriminación, debilidad y vulnerabilidad que otros, también en función de la (mayor) intensidad y relevancia que presentan las afectaciones medio-ambientales o socio-ambientales en los casos en examen. Estas conexiones y cuestiones relevantes se presentan hoy día como afirmadas, protegidas, vinculadas y garantizadas mediante un creciente lenguaje y enfoque de derechos de base convencional y constitucional, con múltiples aristas y dimensiones[10].

            Como ya lo hemos reseñado en otras entregas del suplemento, para la Corte IDH (OC-23/17) es claro que ciertos derechos aparecen más susceptibles de ser afectados ante determinados tipos de daño ambiental, a la par de destacar que el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende de contar con un medio propicio. Asimismo, allí se sostuvo que algunos derechos humanos son más susceptibles que otros a determinados tipos de daño ambiental (por ej. los derechos a la vida, integridad personal, vida privada, salud, agua, alimentación, vivienda, participación en la vida cultural, derecho a la propiedad y el derecho a no ser desplazado forzadamente).

            La cuestión crucial a destacar es que la tutela de estas múltiples y diversas asociaciones entre componentes naturales y culturales (consustanciales a la historia y la evolución de la humanidad en general), está en última instancia lógicamente conectada con el antedicho presupuesto de respeto y reconocimiento de la vida y la naturaleza (a modo de base y fundamento natural de la vida y de todos los DESCA y su realización). Ello también conlleva pues la necesaria protección de los intereses de los sistemas naturales en sí mismos”[11].

III. A modo de conclusión

            El enfoque protectorio en examen puede desarrollar y aplicar una importante lógica común tuteladora (que no se condice con la primacía de otras miradas que fragmentan, establecen jerarquías o dicotomías entre las partes y componentes involucrados), que como tal atiende y resguarda tanto las condiciones de existencia y desarrollo de cada extremo de estas “fórmulas” asociativas en cuestión[12], como asimismo -y sobre todo- sus mutuos solapamientos, intersecciones y requerimientos funcionales en común.

            Las interrelaciones iusfundamentales así involucradas se inscriben en una tendencia que ciertamente amplía los campos semánticos y las potencialidades e interrelaciones prescriptivas y garantistas del propio sistema constitucional (por ej. en el marco de los arts. 41, 75 inc. 17, 22 y cctes de la Constitución Federal Argentina[13]). Así como ya es innegable y se encuentra consagrada la tutela de derechos interdependientes e indivisibles (por ej. en el campo de los DESCA y de los derechos fundamentales en general), también avanzan tales conceptos (y sus significados y notas jurídicamente tutelables) en torno a las relaciones y a los mutuos refuerzos y sentidos vitales que (también de modo interdependiente) puedan trazarse entre componentes y asociaciones de tipo “bio/naturales y socio-culturales” en el marco de la protección y garantía de los derechos fundamentales.

            En anteriores números y debates plasmados en este suplemento, vimos que la jurisprudencia ambiental -local (CSJN) y comparada- viene llevando a cabo reconstrucciones o interpretaciones correctivas que permiten la apertura hacia enfoques de tipo ecocéntricos, sistemáticos y holistas, que también permiten la protección de los intereses “del sistema en sí”[14] y despliegan un conjunto de derechos, deberes y obligaciones correlativas y relacionadas.

            Asimismo, como ya lo hemos adelantado, ciertos informes y pronunciamientos de interés enfatizan que estos intereses sistemáticos (ecosistemas, la biodiversidad, bienes vitales, etc.) son la base y el fundamento natural donde anidan derechos, contenidos y relaciones de relevancia y entidad constitucional o convencional. Más allá de la relevancia de su tutela autónoma, la localización de componentes relevantes y asociaciones de tipo “bio/naturales-socioculturales” valoradas como inescindibles e interdependientes, impone pues su obligada tutela común (según los casos), lo cual presenta manifestaciones jurídicas que vienen siendo protegidas en el campo de múltiples derechos (por ej. en cuanto a los derechos a la vida, la salud, el agua, la alimentación, la vivienda y un nivel de vida adecuado, el derecho a un medio ambiente saludable y sostenible, etc.).

            En similar sentido, la doctrina (nota 13) se interroga sobre la configuración de “una suerte de híbrido jurídico que fusione la cuestión ambiental e indígena guardando coherencia con sus promesas políticas más emancipatorias, asumiendo quizás uno de los aspectos más desafiantes para la teoría jurídica contemporánea, en cuanto a imaginar un derecho intercultural en armonía con la naturaleza[15].

            A todo evento, es ya innegable[16] que el aseguramiento de la matriz donde se reproduce y realiza la vida es clave para la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, el desarrollo humano, la protección y mejoramiento de la biodiversidad y del medio ambiente en general y lo mismo para la tutela igualitaria de todos los derechos y garantías asociados e interdependientes en juego.

            El desafío en curso, entonces, consiste en incrementar el umbral de protección y garantía de no afectación sustancial a los componentes, bienes y sistemas vitales-naturales, sea considerados en sí mismos como a través de relaciones jurídicamente relevantes de tipo interdependientes (a partir de la localización -en los casos- de componentes de tipo bio/naturales-socio culturales inescindibles según cada derecho o grupos de derechos requeridos de adecuado respeto y garantía). Estas son claras cuestiones de orden público y de relevancia y obligada tutela jurídica integral de base constitucional o convencional.

            En todo este importante derrotero protectorio, cobra cada vez mayor incidencia la dimensión de protección y garantía (autónoma) otorgada a los sistemas, componentes o bienes naturales considerados valiosos en sí mismos, como un asunto que incluso cae dentro de la órbita de protección de las dimensiones propias del derecho al ambiente sano. Asimismo, el propio bienestar humano no puede disociarse de la tutela de aquellos intereses ni de sus variadas manifestaciones interdependientes, so pena de reposar -de modo acrítico y autorreferencial- en un vacío existencial y vital, traducible en un “no ambiente”, o lo mismo un ambiente poco o nada sano, ni apto, ni equilibrado, ni productivo en los términos del art. 41 de la Constitución Argentina (aspecto cada vez más evidente, asimismo, cuando reconocemos que la naturaleza no puede ser más considerada o propuesta como una canasta de recursos inagotables o libremente disponibles, explotables o apropiables a discreción).

 

[1] Por ej. Alberto Acosta, “Hacia la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Reflexiones para la acción”, en Revista Afese, 54.

[2] Ávila Santamaría, Ramiro, Los derechos y sus garantías: ensayos críticos, 1a reimp. Quito: Corte Constitucional para el Período de Transición, 2012. (Pensamiento jurídico contemporáneo, 1).

[3] Eduardo Gudynas dice: “Estoy convencido que el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza no es una moda pasajera, o producto de una casualidad política. Será un atributo que terminará estando en casi todas las constituciones latinoamericanas. Por ello, también creo que Ecuador ha marcado el rumbo con ese paso innovador. Es posible que los vaivenes políticos partidarios desemboquen en avances y retrocesos, pero finalmente se implantarán como una necesidad indiscutible” en “Los derechos de la Naturaleza en serio. Respuestas y aportes desde la ecología política”, obrante en Alberto Acosta y Esperanza Martínez, compiladores La Naturaleza con Derechos. De la filosofía a la política, Quito, Ecuador, 2011, AbyaYala y Universidad Politécnica Salesiana, pág. 282. Por su parte, Adriana Norma Martínez y Adriana Margarita Porcelli, en “Una nueva visión del mundo: la ecología profunda y su incipiente recepción en el derecho nacional e internacional (primera parte)”, en LEX N° 20 – AÑO XV – 2017 – II (la segunda parte puede consultarse en LEX N° 21 – AÑO XVI – 2018 – I y la tercera en: LEX N° 24 – AÑO XVII – 2019 – II. Existe también una cuarta parte de la investigación), afirman la existencia de: “(…) diferentes teorías científicas, ecológicas, biológicas, éticas, filosóficas y los saberes y tradiciones ancestrales que parten de una cosmovisión contraria al antropocentrismo, ya que toman como punto de partida la vida misma, la naturaleza y el valor inherente de toda vida no humana, por lo que proponen una nueva forma de relación hombre-naturaleza, no ya de uso sino de respeto y reconocimiento a todos los seres vivientes. A su vez, se han formulado nuevas categorías jurídicas, originando nuevas perspectivas y subjetividades jurídicas, desde las más radicales que consideran a la naturaleza y a toda vida sujeto de derechos hasta las más moderadas que ponen en cabeza de los hombres un deber de cuidado, responsabilidad y respeto a toda forma de vida” (pág. 435).

[4] Premisas y puntos de partida que se afirman de modo creciente, desde los aportes de nuevos textos constitucionales – Ecuador-, considerando otras fuentes jurídicas de interés y asimismo atendiendo a ciertos programas e iniciativas de alcances más globales, como el caso del programa “harmony with nature” (ONU) (ver Baldin, S. “Los derechos de la naturaleza: de las construcciones doctrinales al reconocimiento jurídico”, Revista General de Derecho Público Comparado 22, 2017; Haidar, V. & Berros, M. V.: “Entre el sumak kawsay y la ‘vida en armonía con la naturaleza’: disputas en la circulación y traducción de perspectivas respecto de la regulación de la cuestión ecológica en el espacio global” en Revista Theomai Estudios Críticos sobre Sociedad y Desarrollo, Año 15, Nº 32, Buenos Aires, 2015 y también Berros Valeria – Rafael Colombo,  “Miradas emergentes sobre el estatuto jurídico de los ríos, cuencas y glaciares”, en  Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente – saggi – anno 2017 / numero 1), quienes con muy buen tino indican: “(…) La apelación de las autoridades estatales en los casos tratados da cuenta precisamente de la necesidad de revisar los marcos regulatorios vigentes para imaginar regulaciones que no solo reconozcan la naturaleza como un ‘fin en sí mismo’ o asignen nuevas prerrogativas a todo lo vivo ‘no humano’, sino que también consagren toda una serie de derechos, deberes y obligaciones planteando una nueva forma de relación, más respetuosa, armónica y equilibrada con la naturaleza”.

[5] Adriana Norma Martínez- Adriana Margarita Porcelli, en “Una nueva visión del mundo: la ecología profunda y su incipiente recepción en el derecho nacional e internacional (tercera parte), cit., pág. 232.

[6] Adriana Norma Martínez – Adriana Margarita Porcelli, “La subjetividad jurídica de los animales según la jurisprudencia argentina”, en REVISTA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN JURÍDICA, AÑO 4 , NÚMERO 6 , ENERO- JUNIO 2020, pág. 139. Las autores bien exponen que se debe “considerar que los tiempos de la vida y de la naturaleza generalmente no coinciden con los de las normas jurídicas; por tanto, se hace necesario la urgente adopción de actitudes valientes y jurídicamente innovadoras en pos de la protección de todos los seres humanos y no humanos” (p. 140).

[7] Milesi, Andrea “Naturaleza y cultura: una dicotomía de límites difusos”, en De Prácticas y Discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales Año 2 no. 2., 2013, Resistencia : Universidad Nacional del Nordeste – Centro de Estudios Sociales, 2013.

[8] En un importante y clarificador informe de interés, recordando entre otros a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, donde los Gobiernos aprobaron una declaración en la que se proclama que los dos “aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma”, bien se apunta que: “los derechos humanos y el medio ambiente son interdependientes. Es necesario un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible para el pleno disfrute de una amplia gama de derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua y el desarrollo. Al mismo tiempo, el ejercicio de los derechos humanos, incluidos los derechos a la información, la participación y la interposición de recursos, es fundamental para la protección del medio ambiente…los órganos de derechos humanos han desarrollado el entendimiento de que es fundamental un medio ambiente saludable para el pleno disfrute de una amplia gama de derechos humanos…han descrito cómo interfiere la degradación ambiental en derechos específicos, como los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, la cultura, el desarrollo, la propiedad y la vida privada y familiar. De hecho, han ‘ecologizado’ los derechos humanos existentes. Asimismo, han explicado que las obligaciones contraídas por los Estados de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos son tan aplicables en el contexto del medio ambiente como en cualquier otro… Además de la ecologización de los derechos humanos…ha habido un segundo acontecimiento decisivo en la esfera de los derechos humanos y el medio ambiente desde que la Asamblea General tomó nota por primera vez del vínculo existente entre esas cuestiones en 1968. Dicho acontecimiento implica la aparición de un nuevo derecho humano: el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible o, simplemente, el derecho a un medio ambiente saludable…hoy en día es indiscutible que los seres humanos dependen totalmente de un medio ambiente saludable para tener una vida digna, sana y satisfactoria. Los sistemas ecológicos, la diversidad biológica y las condiciones del planeta que son las bases fundamentales de la existencia humana se encuentran bajo una tensión sin precedentes. Si se redactara la Declaración Universal de Derechos Humanos hoy, no cabe duda de que no se omitiría el derecho a un medio ambiente saludable, puesto que es un derecho esencial para el bienestar humano y está ampliamente reconocido en las constituciones y las leyes nacionales y los acuerdos regionales.” (“Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible”, en UN, AG, A/73/188)

[9] Por ej.: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo” (OEA/Ser.L/V/II. Doc. 47/15, 31 diciembre 2015).

[10] Además de la nota 8, en prieta e ilustrada síntesis y en referencia a la OC n° 23/17 de la Corte IDH. en “Derechos humanos y medio ambiente. Comentarios sobre la Opinión Consultiva OC-23/17”, DGDH. UFIMA-, publicación de Junio 2018) se expone: “El derecho a un medio ambiente sano se vincula estrechamente a otros derechos humanos fundamentales. Al respecto, la protección del medio ambiente resulta ser una garantía de los derechos económicos, sociales y culturales —como el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho al agua y el derecho a la salud—, pero también de derechos civiles y políticos, pues sin un ambiente sano y saludable no se pueden ejercer plenamente otros derechos como los de expresión e información, de igualdad y no discriminación, el derecho a elegir y ser elegido, etcétera. Sobre este punto, el actual Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (…) sostuvo que…[l]os derechos humanos se basan en el respeto de atributos humanos fundamentales como la dignidad, la igualdad y la libertad. La realización de esos atributos depende de un medio ambiente que les permita florecer. Al mismo tiempo, la protección eficaz del medio ambiente depende con frecuencia del ejercicio de derechos humanos que son vitales para la formulación de políticas informadas, transparentes y adecuadas. Los derechos humanos y la protección del medio ambiente son inherentemente interdependientes (…) La Corte IDH sostuvo que el derecho a un medio ambiente sano posee dos dimensiones: una colectiva y otra individual. En cuanto a la primera, afirmó que ‘constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras’. Por su parte, respecto a la faz individual consideró que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas en virtud a su conexidad con otros derechos, como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. De este modo, la Corte enfatizó que ‘[l]a degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad (…) La Corte IDH aseveró (…) que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho autónomo. En este sentido, el Tribunal interamericano destacó que este derecho ‘protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas (…), sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos’…”.

[11] Para mayores discusiones, ver “Hacia una re-estructuración y efectiva aplicación de un enfoque de derechos y bienes fundamentales (humanos y no humanos), en Diario DPI Suplemento Personas no humanas Nro 24 – 18.03.2020.

[12] Por ej. los impactos de la contaminación atmosférica (en solapamiento con el cambio climático) recaen sobre la salud, la población humana (sobre todo la más vulnerable) pero también sobre los eco-sistemas, la biodiversidad y los bienes naturales. Al efecto existen diversas obligaciones de derechos humanos relacionadas con el derecho a respirar aire puro “que es uno de los elementos vitales del derecho a un medio ambiente saludable y sostenible, junto con el acceso a agua limpia y a un saneamiento adecuado, a una alimentación sana y sostenible, a un clima sin riesgos y a una biodiversidad y unos ecosistemas sanos”, ONU, Informe Relator Especial titulado “La cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible”, Consejo de Derechos Humanos 40º período de sesiones A/HRC/40/55.

[13] De modo similar puede señalarse el enfoque seguido por Berros – Colombo, op. cit., pág. 51 y ss.

[14] Ver: Diario DPI Suplemento Personas No Humanas Nro. 29 , edición del 31.03.2021, “ La tutela de los bienes vitales: fundamentos, dimensiones y aportes jurisprudenciales de interés (CSJN)”. Tiene dicho el más alto tribunal de la Argentina, por ejemplo, que: “(…) el escenario subyacente involucra ahora cuestiones de mayor alcance, comprende una amplia región y se vincula con derechos de incidencia colectiva de múltiples afectados, tutelados en la reforma de la Constitución Nacional producida en el año 1994. En efecto, la regulación jurídica del agua ha cambiado sustancialmente en los últimos años. La visión basada en un modelo antropocéntrico, puramente dominial que solo repara en la utilidad privada que una persona puede obtener de ella o bien en la utilidad pública que restringe a la actividad del Estado, ha mutado hacia un modelo eco-céntrico o sistémico. El paradigma jurídico actual que ordena la regulación del agua no tiene en cuenta solamente los intereses privados o estaduales, sino los del mismo sistema, como bien lo establece la Ley General del Ambiente. Para la Constitución Nacional el ambiente no es un objeto destinado al exclusivo servicio del hombre, apropiable en función de sus necesidades y de la tecnología disponible, tal como aquello que responde a la voluntad de un sujeto que es su propietario. Ello surge del art. 41 de la Norma Fundamental argentina, que al proteger al ambiente permite afirmar la existencia de deberes positivos en cabeza de los particulares y del Estado. En el derecho infraconstitucional se desarrollan estos deberes en la Ley General del Ambiente y en el Cód. Civ. y Comercial de la Nación de modo coherente, tanto en el ámbito público como privado (Fallos: 340:1695) (…)”, CSJN, autos “Provincia de La Pampa c/Provincia de Mendoza s/Uso de Aguas”, sentencia del 16 de Julio de 2020, consid. 7°.

[15] “(…) la Corte estima que un área protegida, consiste no solamente en la dimensión biológica, sino también en la sociocultural y que, por tanto, incorpora un enfoque interdisciplinario y participativo. En este sentido, los pueblos indígenas, por lo general, pueden desempeñar un rol relevante en la conservación de la naturaleza, dado que ciertos usos tradicionales conllevan prácticas de sustentabilidad y se consideran fundamentales para la eficacia de las estrategias de conservación. Por ello, el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, puede redundar positivamente en la conservación del medioambiente. Así, el derecho de los pueblos indígenas y las normas internacionales de medio ambiente deben comprenderse como derechos complementarios y no excluyentes” (Corte IDH, cuadernillo nro 22, pág. 139).

[16] Situación sobre la cual cada vez más se insiste en remarcar la evidencia científica, las consecuencias esperables y las necesidades imperiosas de actuar más eficazmente al respecto, así, por todos: “(…) La ciencia es clara. Sabemos lo que tenemos que hacer. En primer lugar, debemos mantener vivo el objetivo de 1,5 ºC. Para ello se necesita una mayor ambición en materia de mitigación y medidas inmediatas y concretas para reducir un 45 % las emisiones a nivel mundial para 2030. Los países del G20 tienen una responsabilidad especial, dado que representan alrededor del 80 % de las emisiones. Según el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y a la luz de las circunstancias nacionales, los países desarrollados deben encabezar los esfuerzos. Pero las economías emergentes también tienen que hacer un esfuerzo adicional, ya que su contribución es esencial para reducir de forma efectiva las emisiones. Necesitamos el nivel máximo de ambición de todos los países y en todos los frentes para que Glasgow sea un éxito. Insto a los países desarrollados y a las economías emergentes a formar coaliciones capaces de crear las condiciones financieras y tecnológicas necesarias para acelerar la descarbonización de la economía y el abandono del carbón. No nos hagamos ilusiones: si al finalizar esta COP los compromisos se quedan cortos, los países deben revisar sus planes y políticas nacionales sobre el clima. No deben hacerlo cada cinco años, sino cada año. Hasta lograr el objetivo de 1,5 ºC (…) En segundo lugar, debemos hacer más para proteger a las comunidades vulnerables de los peligros patentes y reales del cambio climático. En el último decenio, casi 4.000 millones de personas han sido víctimas de desastres relacionados con el clima. Esa destrucción no hará más que aumentar. La adaptación funciona. Los sistemas de alerta temprana salvan vidas. La agricultura y la infraestructura inteligentes desde el punto de vista del clima salvan empleos. Todos los donantes deben destinar a la adaptación la mitad de su financiación para el clima. Los bancos públicos y los bancos multilaterales de desarrollo deben empezar lo antes posible. En tercer lugar, esta COP debe ser un lugar para la solidaridad. La promesa de destinar 100.000 millones de dólares anuales a la financiación para el clima en apoyo de los países en desarrollo debe convertirse en una realidad. Es esencial para recuperar la confianza y la credibilidad (…)” (Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, apertura de la Conferencia sobre el Cambio Climático de la COP26 en Glasgow -Escocia-, https://www.un.org/es/cambio-clim%C3%A1tico/basta-de-tratar-la-naturaleza-como-un-retrete).

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