DOCTRINA EN DOS PÁGINA

La persona y el derecho

Claudio Martín Viale

A lo largo de la historia es fácil constatar la existencia de regímenes sustentados en la muerte, no obstante, perduran en el corazón de la humanidad, junto al nombre de sus líderes (Mahatma Gandhi, Teresa de Calcuta, Mandela, Brochero, etc.), los movimientos inspirados en la vida.

La civilización que se identifica culturalmente como Occidente Cristiano, tiene su origen en los valores éticos que se remontan al pensamiento de la Grecia clásica y a la cosmovisión judío cristiana.

Su solidez ha hecho posible que el desarrollo de la humanidad haya sido ascendente, y, a pesar de los acontecimientos oscuros y crueles ocurridos, se expande impregnando e impregnándose de otras culturas, generando lo que algunos autores denominan la latinuniverasalización cultural.

El principio, centro y fin de esta civilización es el ser humano, y a raíz de las atrocidades de la guerra de la 2ª. guerra, las naciones reunidas en distintos foros, pero en especial en el de las Naciones Unidas, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamaron que aquel debe ser considerado, no como un mero individuo de la especie animal sino como persona, es decir como un ser que es capaz de trascenderse a sí mismo, no en soledad, sino a partir del otro, libre de sometimiento y en igualdad.

Al Estado de Derecho, que es la organización política originada hace más de cuatro siglos, sobre la base cultural occidental y cristiana, le fue impuesto el orden jurídico público internacional de los derechos fundamentales, siendo el responsable de asegurar su vigencia efectiva. Estos derechos se caracterizan por ser universales, eternos, imprescriptibles y no negociables, ni política ni económicamente. Ellos son los que determinan quién y qué puede ser regulado, y tienen como supuesto a la vida, porque es impensable abordar el fenómeno jurídico antes o más allá de ella.

Para que la totalidad de las personas, desde la concepción hasta la muerte, puedan gozar igualmente de la libertad, es necesario un orden que disponga cómo cada cual puede desarrollar su plan existencial. Este orden, para que no se diluya en una enunciación de anhelos, requiere de instituciones que verifiquen su cumplimiento, entre las que se encuentra el Ministerio Público, constituido como el defensor de la legalidad dentro del Estado de Derecho, representando y defendiendo el interés general, entendido éste, no como la suma y resta de intereses heterogéneos individuales o sectoriales, sino como el bien que hace posible la buena vida en común de todas las personas, sin exclusiones.

En aquellos casos en los que se encuentran en juego distintos aspectos de la libertad, como son la vida, la sexualidad, la religiosidad, el trabajo, etc., por tratarse de derechos fundamentales, el Ministerio Fiscal debe verificar la legalidad en cada caso analizando si la regulación en conflicto fue elaborada y sancionada por el órgano correspondiente (el Congreso de la Nación, la Legislatura Provincial, el Concejo Deliberante, respectivamente), es decir el quién; y después comprobar si la regulación se adecua al orden constitucional y convencional de los derechos humanos, es decir el qué.

El caso en el que se trata la constitucionalidad de la ley 27.610 que legaliza el aborto, el Ministerio Publico, a través de la Fiscalía General de la Provincia, ha emitido un dictamen en el que, manifiesta a través de un léxico de fácil comprensión, que confrontados, según el ordenamiento de los derechos fundamentales, el derecho a vivir y la libertad sexual, la prioridad esta en favor de la vida por ser el supuesto mismo del orden jurídico, aclarando que se trata de un trámite que no invade el ámbito de acción del Tribunal que debe decidir en definitiva si el orden público internacional de los derechos humanos autoriza que determinados sectores de la sociedad, en este caso las personas que viven en el seno materno, pueden ser objeto de extinción.

La vida es el supuesto de la política y a ésta le es indispensable  aquella. En esa vinculación recíproca, cuando la política, el arte de encontrar las reglas de la mejor armonía social, cuyo titular es el pueblo, es confiscada por determinados grupos, elites o voceros mesiánicos, generalmente se trastoca la relación, dejando de ser la vida el supuesto del fenómeno social, para erigirse el poder en dueño de aquella, a veces haciendo vivir y dejando morir, otras dejando vivir y haciendo morir.

Cuando la política, y los políticos, impiden que la luz de la vida ilumine el horizonte de la civilización, la oscuridad de la muerte se cierne sobre ella.

No es el estertor de la muerte, sino el silencio elocuente de la vida el que debe guiar los procesos en los que se delibera sobre ella, la persona y el derecho.