Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Constitucional y Derechos Humanos Nro. 273 – 19.10.2020


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Pliegos judiciales – género y mérit

Por Andrea Di Gregorio

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El planteo de la defensora tucumana Vanessa Lucero es una buena oportunidad para hacer visible las denominadas barreras de cristal que aseguran en definitiva una composición masculina del poder judicial.

El proceso de selección de los altos cargos de la magistratura en el Ministerio Público de la Defensoría Nacional (MPD), se inicia con una competencia abierta de valoración de méritos profesionales, académicos y una prueba de oposición que mide el desempeño del candidato, en un examen oral y escrito.

Esta primera parte del Concurso termina con la formación de una terna integrada por los mejores postulantes, la que se envía al Poder Ejecutivo de la Nación. Oportunidad en que el Presidente propone discrecionalmente a uno de los tres finalistas al Senado de la Nación, que acuerda o rechaza la propuesta.

Ahora bien, en la actualidad existe un avance significativo en la consagración normativa del derecho de la mujer y a la igualdad en la participación política, con una agenda pública importante del Gobierno a favor de la mujer. La anhelada representación igual de mujeres, en puestos de liderazgo judicial, es un derecho contenido en leyes e instrumentos internacionales de derechos humanos firmados por nuestro país. La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos han sido reconocidas como derechos fundamentales tanto en el sistema interamericano de derechos humanos, como en el sistema universal de protección de estos derechos. Sin embargo existe una brecha importante entre las normas y su no implementación; concretamente el denominado “techo de cristal” o de cemento para la participación femenina en los espacios de toma de decisiones en el Poder Judicial.

En cuanto a la composición del poder judicial es de gran utilidad  el mapa de género de la justicia argentina que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la información que aporta cada una de las jurisdicciones.

Allí se observa una segregación vertical con subrepresentación femenina, que aumenta a medida que se asciende en la pirámide jerárquica de los cargos en el Poder Judicial. También se observa una segregación horizontal por género, en algunas materias (penal, previsional, familia, entre otras).

De dichos mapas, surge que si bien es significativo el número de mujeres en la carrera judicial, ese número se invierte en los cargos más altos. En cuanto a los cargos de la Defensoría, según los datos del año 2019, los de magistrados están ocupados por hombres en el  63,3% de los cargos y mujeres en el 36,7% y es directamente inverso en los cargos administrativos y más bajos del escalafón. Los porcentajes en la participación de las mujeres también las desfavorecen en el Ministerio Público Fiscal como en las justicias federales, nacionales y provinciales.

En concreto respecto al Concurso nro. 156 del MPD motivo del amparo judicial por discriminación interpuesto en Tucumán, surge que la terna que elevó al Poder Ejecutivo Nacional el orden de méritos fijó en primer lugar a la abogada tucumana Vanessa Lucero, en el segundo lugar a la abogada Natalia Castro y en tercer lugar al abogado Mariano Galletta. En mayo de 2019 el Presidente de la Nación elevó al Senado el pliego de la primera candidata. Con el cambio de gobierno, en febrero de 2020 dicho pliego fue retirado del Senado y el 30/9/2020 el Presidente de la Nación elevó el pliego de quien había resultado tercero en la terna.

De la convocatoria a participar en el mencionado concurso, surge que se inscribieron para participar, 14 postulantes mujeres y 27 hombres, es decir si medimos las chances por género de llegar a la terna, los hombres tuvieron casi el doble de chances.

De lo que surge que pese a que la proporción de aspirantes mujeres resultó significativamente más baja –la mitad- que la de los aspirantes hombres, las mujeres en proporción, han llegado al tramo final de la prueba de antecedentes y oposición con mejores calificaciones al de los colegas varón. De esas 14 mujeres, dos llegaron a la terna y en los dos primeros lugares.

Es decir, que en este Concurso y con respecto al género se podría deducir que “….a menos mujeres que se postulan, éstas obtienen mejores calificaciones que sus pares varones, y  menores posibilidad de ser elegidas…”.

La profesión judicial desde sus comienzos ha sido un campo masculino mayormente. Un paso importante para producir un cambio, aunque incomode, es hablar de temas de género y méritos en la carrera judicial y nombrar algo de lo que sucede, que nada tiene nada que ver con lo que algunos llaman  “mujerismo”, “victimismo” o “feminismo guerrero”. Nuestro país tiene responsabilidad en garantizar en los hechos la igualdad de género, sin cuyo compromiso los progresos de las mujeres persistirán lentos, heterogéneos y diversos.

El derecho da la posibilidad en la situación que plantea Vanessa Lucero, de revertir asimetrías históricas y reducir la desigualdad de género en puestos de liderazgo judicial, que no debe favorecer a la mujer, sólo por eso, pero sí cuando se combina con la toma de conciencia de la discriminación estructural que existe.

La Comisión I.D.H.[2] avanza en reconocer el concepto de “igualdad material o real” para reconocer que ciertos sectores de la población requieren la adopción de medidas afirmativas, que implica la necesidad de un trato diferenciado cuando, debido a las circunstancias, la igualdad de trato suponga suspender o limitar el acceso a un servicio, bien o el ejercicio de un derecho.

El concepto de discriminación estructural ha sido destacado por la C.I.D.H. con un particular énfasis en la necesidad de realizar una valoración amplia del contexto histórico, temporal y geográfico en casos donde se presenten patrones de discriminación. En este sentido, al verificar la existencia de una situación de discriminación estructural e histórica, la Comisión ha entendido que el Estado debe tomar medidas acordes para disminuir y eliminar la situación de inferioridad o exclusión contra determinada persona o grupo de personas. Asimismo considera necesaria la creación de mecanismos adecuados para asegurar la nominación de las mujeres en los tribunales para superar los prejuicios de género aún arraigados en las estructuras judiciales.

También debe citarse la nota de AMJA[3] enviada al Ministerio de Justicia de la Nación en febrero de este año con motivo del retiro de pliegos del Senado que habían sido enviados por la anterior administración, con fundamento en la igualdad real para las mujeres en la justicia como mandato constitucional, como también el llamado de ONU, por un planeta 50-50 en 2030. Asimismo vale resaltar entre otros, el trabajo de Kohen, Maffía y Ruiz[4] (2016) sobre el género en la Justicia porteña, que hace referencia a situaciones de autoexclusión de las mujeres para presentarse a Concursos, como también del fenómeno del “piso pegajoso”, otros estudios de los que surge que las mujeres tienen mayores obstáculos para presentarse a concursos en otras jurisdicciones, entre otras circunstancias, que ubican a las mujeres en situación de desventaja estructural en el Poder Judicial.

 

[1] Abogada y psicóloga, MDA U.Austral, relatora Cámara Federal de Córdoba.

[2] En sus informes temáticos: El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las Américas (2011, abril) y Compendio sobre la Igualdad y no discriminación, Estándares interamericanos (2019)

[3] Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, nota enviada a la Sra. Ministra de Justicia de la Nación, a favor de la igualdad real para las mujeres en la justicia, con motivo del retiro de pliegos para su revisión, febrero 2020

[4] Cohen, Beatriz, Maffia, Diana y Ruiz, Roberta, El género en la Justicia porteña. Percepciones sobre la desigualdad, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2016.

 

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