Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Constitucional y Derechos Humanos Nro. 245 – 21.10.2019


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

El poder de policía en materia de profesiones liberales

Por Alfonso Buteler

El presente trabajo tiene por objeto analizar, someramente, cuál es el alcance del poder de policía de las provincias en materia de profesiones liberales.

Como se sabe, la regulación de las profesiones liberales constituye una materia reservada a las provincias en tanto no fue objeto de delegación. De hecho las constituciones locales suelen contener una regulación sobre esta cuestión. A partir de ello se autoriza la posibilidad de disponer la creación de colegios o consejos profesionales para agrupar a las personas que poseen el mismo título[1] y de regular su ejercicio en el territorio provincial.

Ahora bien, es importante destacar que el límite de esa potestad local está dado por el título profesional en tanto las provincias al dictar leyes que regulen las profesiones liberales no pueden enervar el valor del título universitario que, a partir del reconocimiento oficial que hace el Ministerio de Educación de la Nación, certifica la formación recibida y posee validez en todo el país, tal como lo prescribe el art. 7 y 75 inc. 18 de la Constitución Nacional y los arts. 41 y 42 de la Ley 24.521 que regula el sistema de educación superior.

Es que las exigencias previstas por la ley provincial de colegiación no pueden entorpecer las facultades del gobierno federal, tal como lo dispone la jurisprudencia casi centenaria de la Corte Suprema. [2]

Pues, es facultad del gobierno nacional determinar los requisitos con sujeción a los cuales deben expedirse los título habilitantes para la práctica de las profesiones liberales por parte de las universidades, cuyos planes de estudio puede dictar el Congreso Nacional (art. 75 inc. 18) y las provincias no pueden enervar el valor de ese título.[3]

Así, lo ha sostenido la Corte Suprema al señalar es facultad del Gobierno Nacional determinar los recaudos con sujeción a los cuales han de expedirse títulos habilitantes para la práctica de las profesiones liberales por parte de las universidades cuyos planes de estudio puede dictar el Congreso Nacional (ex artículo 67 inciso 17 de la Constitución Nacional, hoy artículo 75 inciso 18), siendo atribución de las Provincias reglamentarla en tanto y en cuanto no enerve el valor del título respectivo.[4] Con el mismo criterio se ha pronunciado en sentencias posteriores.[5]

Pues, ha dicho la Corte que en materia de profesiones liberales la regulación federal debe prevaler sobre la reglamentación local.[6]

Por ello, importante doctrina ha señalado que “si bien las provincias pueden reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales, dicha reglamentación no puede alterar o menoscabar el derecho reconocido en el diploma otorgado por la autoridad nacional”.[7]

Sobre el punto se ha pronunciado Marienhoff sosteniendo que “el poder de policía de las provincias sobre las profesiones liberales, no incluye la atribución de determinar, en sus jurisdicciones, los alcances de los títulos al efecto expedidos por la Universidades Nacionales; tal alcance lo establecen las propias Universidades emisoras de los títulos, por ser esto ínsito a la atribución de expedir los diplomas pertinentes”.[8]

En definitiva, queda claro que el límite provincial a la reglamentación del límite del ejercicio del poder de policía está dado por el título universitario, que no puede ser enervado por la autoridad local, conservando sus poseedores todas competencias o incumbencias que se derivan del mismo. Ello, sin perjuicio de la potestad del Ministerio de Educación de la Nación de determinar la exclusividad de ciertas actividades, con carácter restrictivo, cuando se trate de carretas de interés público, conforme lo establece el art. 43 de la Ley 24.521.

[1] SESIN, Domingo y CHIACCHIERA, Paulina, Los colegios profesionales, Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2012, p. 9.

[2] Fallos, 283:386, 304:462 Fallos, 288:20 y 273:147.

[3] Fallos, 117:432, 203:100.

[4] Fallos, 117:432.

[5] Fallos 203:100, “Constantino Sogga y otros”; Fallos 207:159 “Carlos A. F. Molina”; 325:1663.

[6] Fallos, 305:1094.

[7] SESIN, D. y CHIACCHIERA, P., Los colegios profesionales, op. cit., p. 47.

[8] MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de derecho administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 6ª ed. act. t. IV, p. 581.

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