Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Constitucional y Derechos Humanos Nro. 244 – 07.10.2019


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Entrevista constitucional a la ley de inteligencia nacional (Parte II)

Por Andrés Gil Domínguez

 

 ¿Cuál es el marco regulatorio en torno a los datos al cual se deben someter inexorablemente los servicios de inteligencia?

Las prescripciones establecidas por la ley de protección de datos personales 25.326 (art. 16 quáter). Esta limitación legal produce un impacto poco analizado en torno a los límites de la actividad de inteligencia. La ley de protección de datos personales establece que el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias (art. 5.1), por ende, ninguna persona puede ser obligada a proporcionar datos sensibles (art. 7.1) los cuales abarcan a todos los datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual (art. 2), y solamente, los datos sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley (art. 7.2). En la relación existente entre ambas leyes surgen varios interrogantes: ¿Pueden los servicios de inteligencia desarrollar sus tareas recolectando datos sensibles sin el consentimiento del titular? ¿Son las atribuciones previstas por la ley de inteligencia nacional las “razones de interés general autorizadas por ley” que permitirían la recolección de datos sensibles? ¿Si los servicios de inteligencia están legalmente habilitados para esto los datos sensibles deben tener un tratamiento especial? Como se puede observar múltiples interrogantes con respuestas abiertas.

¿Cuándo los servicios de inteligencia pueden revelar o divulgar la información de personas humanas o personas jurídicas adquirida mediante el ejercicio legal de sus funciones?

Solamente y sin excepción alguna cuando un juez competente lo autorice (art. 16 quáter).

¿Quiénes son los sujetos alcanzados por la obligación de secreto y confidencialidad?

Los integrantes de los organismos de inteligencia, los legisladores miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y el personal afectado a la misma, las autoridades judiciales, funcionarios y personas que por su función o en forma circunstancial accedan al conocimiento de la información. Esta obligación subsistirá, aunque cesen en sus funciones (art. 17).

¿Cómo se realizan las intercepciones o captaciones de comunicaciones privadas de cualquier tipo?

Mediante la pertinente autorización judicial solicitada por escrito de manera fundada e indicando con precisión los números telefónicos o direcciones electrónicas o de cualquier otro medio cuyas comunicaciones se pretendan interceptar o captar cuyo plazo no podrá ser mayor a 60 días el cual caducará de inmediato, salvo que el juez, ordene una única prórroga por 60 días cuando ello fuera imprescindible para completar la investigación en curso (arts. 18 y 19). Una vez transcurrido dichos plazos el juez ordenará la iniciación de la causa o la destrucción o borrado de la totalidad del material colectado (art. 20).

¿Quién puede realizar la intercepción de las comunicaciones telefónicas?

La Dirección de Observaciones Judiciales mediante oficio firmado por un juez competente que contenga instrucciones precisas y detalladas para orientar dicha tarea (art. 22). Dicha Dirección pasó de la órbita de la AFI a la Procuración General de la Nación y actualmente está ubicada en la esfera de la Corte Suprema de Justicia bajo el nombre de Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) como órgano con autonomía de gestión (considerado XII de la Acordada Nº 17/2009 de la Corte Suprema de Justicia). La ubicación orgánica de esta oficina es motivo de un arduo debate por cuanto ninguna respuesta parece del todo satisfactoria. El Poder Ejecutivo por su alta politización. La Corte Suprema de Justicia porque puede empañar el funcionamiento del máximo y último intérprete de la Constitución. El Ministerio Público solamente si no existe un sistema acusatorio puro a cargo de los fiscales puesto que existiría una objetiva “desigualdad de armas” en un proceso penal. Es sin lugar a dudas un tema central de muy difícil resolución.

¿Cómo se clasifica la información?

En secreta, confidencial y pública. Toda persona u organización que acredite interés legítimo, podrá iniciar una petición de desclasificación ante el Poder Ejecutivo nacional, destinada a acceder a cualquier clase de información, documentos, o material, que se encuentre en poder de uno de los organismos que componen el Sistema de Inteligencia Nacional. La forma, plazos y vías administrativas no fueron reglamentados por el Poder Ejecutivo a pesar que dicha exigencia está prevista en la ley. Sin perjuicio de esto, el Poder Ejecutivo podrá ordenar la desclasificación de cualquier tipo de información y determinar el acceso total o parcial a la misma por acto fundado si lo estimare conveniente para los intereses y seguridad de la Nación y sus habitantes (art. 16 ter). El procedimiento de petición nunca fue reglamentado.

Sobre los aspectos estructurales

¿Quién fija los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional?

El Presidente de la Nación (art. 12).

¿Dónde se ubica la AFI en el organigrama federal?

En el ámbito del Poder Ejecutivo (art. 15).

¿Quién designa y remueve al Director General de la AFI?

Lo designa el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado con mayoría simple y lo remueve el Presidente de la Nación sin expresión de causa (art. 15). La ley estableció un sistema consensual “débil” al requerir una mayoría no agravada en vez de imponer una mayoría que obligase a mayores consensos políticos como podría ser una mayoría de dos tercios de los miembros presentes. A la vez que la remoción sin fundamento ubica al Director General de la AFI en una situación de un mero apéndice del Poder Ejecutivo de turno.

¿Cuál es la relación de los servicios de inteligencia con la ética pública?

Todo el personal de los organismos de inteligencia, sin distinción de grados, cualquiera sea su situación de revista permanente o transitoria estará obligado a presentar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales establecidas por la ley 25.188 (Ley de Ética Pública) y su modificatoria ley 26.857 (art. 15 ter).

¿Cuál es el órgano encargado de controlar al sistema de inteligencia nacional?

La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación la cual realiza un control parlamentario que tiene entre sus funciones fiscalizar la utilización de los fondos asignados (art. 32), la recepción de denuncias formuladas por personas humanas y jurídicas sobre abusos o ilícitos cometidos en el accionar de los organismos de inteligencia y la investigación de las mismas (art. 33.6) y el control de los gastos reservados (art. 37).

¿Cuál es la naturaleza de los fondos de la AFI?

Las partidas presupuestarias asignadas a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional mediante la ley de presupuesto, serán públicas y deberán cumplir con las previsiones establecidas en la ley de administración financiera (ley 24.156). Sólo podrán mantener carácter reservado los fondos que sean necesarios para labores de inteligencia y que su publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas. Los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional deberán velar por la mayor transparencia en la administración de los fondos de carácter reservado. A tal fin se debe establecer los procedimientos necesarios para la adecuada rendición de fondos reservados y la preservación de la documentación respaldatoria que sea posible, siempre y cuando, no afecte la seguridad de las actividades propias de la función de inteligencia y quienes participen de las mismas (art. 38 bis). Mediante el art. 7 del decreto 1311/2015 a través del Anexo VII se reglamentó el régimen de fondos de la AFI distinguiendo entre fondos de carácter público definidos como “aquellos destinados a solventar erogaciones ordinarias que realiza el Sistema de Inteligencia Nacional para cumplir sus actividades, cuyo objeto no debe mantenerse en secreto” y fondos de carácter reservado conceptualizados como aquellos “que sean necesarios para solventar las labores de inteligencia y que su publicidad pueda afectar el normal desarrollo de las mismas, poniendo en riesgo la defensa nacional o la seguridad interior”. Los fondos de carácter reservado son controlados por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y las erogaciones que se realicen deben contar con un acta especial de respaldo. Con el dictado del decreto 656/2016 se derogó dicho régimen y la totalidad de los fondos asignados a la AFI volvieron a ser reservados lo cual configuró un inexplicable retroceso de una política pública orientada a fortalecer la transparencia del manejo de los recursos por parte de los servicios de inteligencia.

III. A modo de conclusión

La entrevista realizada permite comenzar a visibilizar algunas cuestiones constitucionales en el marco de la actividad desarrollada por los servicios de inteligencia lo cual supone un importante paso a efectos poder debatir una cuestión que a pesar de mantenerse en los márgenes igual incide profundamente sobre el sistema de derecho y la biografía de las personas

Bibliografía  

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Hauser, Irina, Rebelión en la Corte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019.

Revenga Sánchez, Miguel, “Servicios de inteligencia y derecho a la intimidad”, Revista española de derecho constitucional, Año Nº 21, Número 61, Madrid, 2001.

Richarte, Darío, “Sistema de inteligencia argentino: marco jurídico de actuación”, La Ley 2012-D-1142.

Young, Gerardo, Código Stiuso, Planeta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015.

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