Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Constitucional y Derechos Humanos Nro. 237 – 12.08.2019


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

La dimensión constitucional del deber de prevención

Por María Florencia Ramos Martínez

A la luz de las prescripciones del Código Civil y Comercial que consagra un deber específico de prevención de daños, cabe cuestionarse la proyección de tal mandato y su posible anclaje en nuestra Ley Fundamental. En este sentido, nos preguntamos si a partir de la consagración jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del principio de no dañar a otro como parámetro rector del Derecho con jerarquía constitucional[1], puede establecerse, como desprendimiento lógico de aquel, una máxima de carácter preventiva.

Con el objeto de verificar la posible conexidad, entendemos pertinente recordar la riqueza de la prescripción de Ulpiano de “no dañar a otro” y su proyección en nuestro sistema normativo. La Suprema Corte reelabora aquel mandato emplazándolo en el marco de la responsabilidad civil como patrón rector en la apreciación de lo ilícito. De conformidad con tal perspectiva, el principio alterum non laedere se identifica con un deber de abstención en función de la directiva constitucional que emana del art. 19 C.N., en cuanto son reprochables aquellas conductas que perjudiquen a terceros.

La lógica de tal razonamiento, implica considerar como eje de la dimensión de lo antijurídico en el ámbito del derecho civil, la causación de daños, de lo que se deduce que, si tal conducta es esencialmente reprochable para el ordenamiento jurídico, y ello conduce a su reparación, con más razón aún debe pregonarse la necesidad de evitar acciones u omisiones que conduzcan a un quebrantamiento del régimen normativo.

Siguiendo con tal lineamiento, el deber de no dañar a otro traspasa la frontera estrictamente delineada por la letra del art. 19 de la C.N., desbordando la función primaria expresada por nuestro Eximio Tribunal, cual es la determinación de la antijuridicidad y la necesidad de una reparación plena. En este sentido entendemos que su propia esencia expone crudamente la necesidad de prevención.

Con acierto se señala que “si nos atenemos a la letra del principio alterum non laedere, lo que este ordena primero es precisamente no dañar a otro, lo que puede perfectamente entenderse como actuar antes de que se dañe”[2].

No obstante, la articulación normativa de la dinámica preventiva en el nuevo régimen de derecho privado (arts. 1710 y sgts. Código Civil y Comercial de la Nación), estimamos que, la vinculación entre el principio constitucional alterum non laedere y la prevención como estándar de conducta exigible, amerita la consideración de esta figura desde un prisma superior: el del orden constitucional.

Como lo pone de resalto la doctrina, el “alterum non laedere, de raigambre constitucional en nuestro derecho, debe ser interpretado primero en forma literal, no tanto en sentido de indemnizar el daño causado (intervención ex post), sino de evitación del daño (actuación ex ante)”[3].

Desde esta orientación, entendemos que el principio de prevención es de carácter general, y no sólo limitado a supuestos particulares de daños al medio ambiente o a la salud, sino que opera y debe servir para fundar decisiones protectoras en ámbitos diferentes a los señalados.

Por el contrario, su carácter tuitivo, connatural a la idea misma de alteridad y justicia, invade con su fuerza expansiva todo el ámbito del Derecho de Daños, sin que puedan establecerse a priori limitaciones en función de la naturaleza de los bienes afectados, el carácter del agente responsable (persona física o jurídica, pública o privada), o el campo de aplicación.

Más aún, debido a su vinculación con la máxima de no dañar a otro, participa de la jerarquía constitucional de ésta asentada sobre la disposición contenida en el art. 19 de nuestra Ley Fundamental, lo que justifica ampliamente su implementación en otras disciplinas jurídicas diferentes al ámbito de su gestación. De tal modo, no hay motivos para excluir o negar la incidencia del deber de prevención en el campo del derecho administrativo, laboral o penal.

 

[1]Como es sabido, la Corte Suprema declaró en el caso “Santa Coloma, Luis F. y otros c/ Ferrocarriles Argentinos”, (fallos: 808;1160),  la jerarquía constitucional de dicho principio.

[2] López Herrera, Edgardo, Teoría general de la responsabilidad civil, Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 44

[3] López Herrera, E., ob. cit., p. 61.

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