Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Constitucional y Derechos Humanos Nro 190 – 28.05.2018


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Acción Popular, Actio popularis (Parte I)

Por Fernando Monge*

Introducción.

La Constitución de la Provincia de Entre Ríos, por medio del poder constituyente derivado en el año 2008, estableció en su art. 61 este instituto del derecho procesal constitucional el cual reza que “Todo habitante de la Provincia, en el solo interés de la legalidad, tiene acción directa para demandar ante el Superior Tribunal de Justicia la inconstitucionalidad de una norma general contraria a la presente Constitución. El firmante de una demanda temeraria será sancionado de acuerdo con la ley.” Al igual que la provincia de Salta en su art.92 del código político provincial.

Pese a dicha incorporación – expresa al texto magno provincial –  no ha tenido aplicación real entendido que esta disposición es programática y no operativa, a contrario sensu de lo manifestado por la CSJN en el reconocido –no el primero- caso “Siri” –tutela frente al estado- y luego en “Kot” –contra particulares- entendiendo que la aplicación de la CN es operativa y directa sin necesaria reglamentación alguna. Recientemente la cámara baja de la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos dio media sanción a su incorporación en la Ley Local (N° 8.369) de Procedimientos Constitucionales la actio popularis; dicha iniciativa dice “a) La demanda de inconstitucionalidad se interpondrá ante el Superior Tribunal de Justicia, quien ejerce jurisdicción originaria y exclusiva. En el escrito inicial se mencionará la Ley, decreto, reglamento, ordenanza o resolución de carácter general, señalando con toda precisión cual es la cláusula de la Constitución Provincial que estima violada y en que consista tal violación.

Cuando la demanda fuere en el mero interés de la legalidad en los términos del artículo 61º de la Constitución Provincial, el Superior Tribunal de Justicia ejercerá jurisdicción originaria y exclusiva. La demanda deberá invocar únicamente cuál es la norma general que se considerada contraria a la Constitución Provincial y quien promoviere esta Acción deberá acreditar su condición de habitante domiciliado en la provincia.

A quien dedujere esta demanda de inconstitucionalidad provincial en forma temeraria se le aplicará la sanción prevista en el artículo 42º del CPCC, que se graduará fundadamente de acuerdo a la gravedad del caso. Se considerará temeraria aquella acción directa de inconstitucionalidad que omita toda mención de norma constitucional provincial o esté basada en meras cuestiones difusas.

Si la inconstitucionalidad se interpusiera como excepción o defensa ejercerá jurisdicción el Superior Tribunal de Justicia, en grado de apelación, como tribunal de última instancia si se desafiara la validez de una norma por conculcar la Constitución de la Provincia y la resolución de la instancia inferior se circunscribiere a expedirse en relación a tal cuestión y consecuencias que emergen de la misma.

No se entenderá que la constitucionalidad e inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, resoluciones o reglamentos se refiere a materia estatuida por la Constitución Provincial si no fuese exclusiva de la misma, sino que se tratare de atribuir conculcación al sistema representativo y republicano de gobierno o a los principios, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, que la Constitución Provincial se limita a tener por reproducidos implícita o explícitamente en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 5º y 123º y concs. de la Carta Magna.

La declaración de inconstitucionalidad por tres veces y, por sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia de una norma general provincial, produce su derogación en la parte afectada por el vicio, debiendo disponerse, con la última declaración, su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.”

De lo jurídico. 

La incorporación de esta acción con amplísima legitimación activa, con el solo requisito de ser domiciliado en la provincia con el mero interés de legalidad –léase interés de constitucionalidad-, no solamente el directamente agraviado, sino toda persona puede ejercer la acción (pretensión), como dijo el español Balbontín “ [u]na ley inconstitucional agravia a todos los ciudadanos no sólo a las persona individuales a quienes vulnera en sus intereses materiales… así como en lo criminal existe y debe existir la acción pública … ¿Por qué no se ha de dar contra una ley inconstitucional, que es más dañina, que vulnera más a fondo el orden jurídico establecido?”[2], es decir, el interés es la vigencia plena del Estado Constitucional de Derecho del cual es parte. Se ataca a toda norma de alcen general (Ley, decreto, reglamento, ordenanza o resolución) que resulte violatoria a una determinada -o determinadas- cláusula de la  constitucional provincial, precisando en que consiste tal violación. En cuanto a la competencia encuadra dentro de los supuestos de las causas que son de conocimiento originario y exclusivo del cimero tribunal entrerriano, resaltando su carácter de máximo “guardián” de la carta magna local, convalidando la coexistencia de dos sistemas de control constitucional o mejor dicho teniendo uno propio con carácter de mixto –difuso y concentrado-.

Cabe resaltar la incorporación del supuesto de demanda temeraria con remisión al art. 42 del C.P.C y C. de Entre Ríos que sanciona con multa dicha conducta, este supuesto encuadraría en el de  pretensión cuyo objeto no es susceptible de apreciación pecuniaria, requiere previa petición de parte –quien sancionó la norma general objeto de tacha- con traslado a la contraria. Establece que la sanción que debe ser proporcional según la gravedad del caso y con el límite máximo previsto en el código de rito de mil ochocientos juristas. Se considerara –entiéndase presumirá- por maliciosa aquella pretensión de inconstitucionalidad en dos supuestos, el primero, en caso que omita mencionar la norma constitucional provincial y el restante supuesto cuando se encuentre basada en mera cuestiones difusas, este último consideramos extremadamente ambiguo librando a su próxima determinación judicial. Lo que se pretende es desalentar su utilización arbitraria e infundada de su empleo.  

[*] Abogado, egresado por Universidad Nacional del Litoral. Especializando en Derecho Procesal Civil (Universidad Nacional del Litoral). Actualización en Derecho del Trabajo (Universidad Nacional del Litoral).

[1] Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República española, viernes 27 de noviembre de 1931, pág. 18.

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