Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Constitucional y Derechos Humanos Nro 174 – 11.12.2017


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

El voto joven en Argentina. Desafíos y reflexiones (Parte II)

Por Magalid Lujan Cutina y Adrián González

En nuestro país, en el año 2012 se sancionó la Ley 26.774 de Ciudadanía Argentina, por la que, entre otras cosas, se dispone que los argentinos que hubieran cumplido la edad de dieciséis (16) años gozan de todos los derechos políticos conforme a la Constitución y a las Leyes de la República estableciendo, de forma tácita, que el ejercicio de esos derechos es optativo entre los 16 y los 18 años de edad.

En cuanto a los fundamentos esgrimidos, en términos generales los mismos tienen sus raíces en la Doctrina de Protección Integral de los Derechos de los Niños y el nuevo paradigma desde el cual se percibe a la niñez, la adolescencia y la juventud. Desde esta perspectiva, se reconoce en los jóvenes  responsabilidades y su función activa en la sociedad. Ya no se los considera como meros objetos de socialización y control.  Así, se entiende que los jóvenes van internalizando el ejercicio de la política y de la democracia de manera progresiva, en función de su compromiso, de su práctica y su militancia.

Habiendo retomado algunas de las voces que analizan las diversas modalidades y grados de participación electoral de la ciudadana, en particular de los jóvenes, ubicando al sufragio como aquella expresión más difundida y estudiada, entendemos que para estudiar y analizar los beneficios e inconvenientes del voto a los 16 años, debemos pensar la cuestión desde múltiples perspectivas y dimensiones. El debate nos invita a revisar los aspectos y procesos de maduración física y psicológica de los jóvenes; nos obliga a considerar las condiciones en las que viven los adolescentes de 16 y 17 años, como así también nos exige retomar la concepción que entiende que el fortalecimiento democrático no es la suma sin sentido de derechos, sino el pleno ejercicio de derechos y de obligaciones. Obligaciones constitucionales, éticas y morales, hacia uno mismo y hacia la comunidad.

Recorriendo los fundamentos a favor de la puesta en marcha del voto a partir de los 16 años[1] es posible identificar un primer y fuerte conjunto de razones que argumenta que fortalece el principio de autonomía, fundamento propio de todos los derechos electorales. La justificación más ampliamente aceptada en las democracias modernas indica que las personas garantizan su dignidad si se someten a mandatos que podrían aceptar libremente o dictarse a sí mismo y desde esta perspectiva votar es ejercer dicha autonomía. El voto es la mayor expresión de la autodeterminación política de los individuos que están sujetos a un determinado sistema jurídico.[2]

Ahora bien, la cuestión a pensar es qué capacidades, con qué madurez cognitiva debe contar una persona para poder pronunciarse sobre las diferentes opciones políticas. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que se puede fijar una edad mínima para asegurar que las personas que participen en el proceso electoral sean suficientemente maduras.[3] Desde un enfoque social y retomando algunos estudios psicológicos[4], se entiende que hoy en día los jóvenes viven en sociedades evolucionadas, con las herramientas informáticas que manejan y poseen acceso a un enorme caudal de información fácilmente disponible. Los adolescentes de 16 años hoy han avanzado en la formación de criterio propio. Muchos de nuestros jóvenes deben afrontar, apremiados por necesidades económicas, responsabilidades laborales. Soportan, también, riesgos urbanos y niveles de violencia impensados años atrás. A su vez, algunos modelos educativos brindan prácticas de convivencia institucional y el sistema educativo tiende a una enseñanza participativa, no magistral, donde el debate pasa a ser un dato cotidiano. Si se consideran todos estos factores, podría inferirse que se estaría incorporando al cuerpo electoral a personas que ya alcanzaron los atributos relevantes de la adultez necesaria para votar.[5]

Resulta natural argumentar que hoy en día el acceso a la información es más masivo y globalizado y que en este contexto los jóvenes probablemente tengan un alto conocimiento de los partidos, los candidatos, sus propuestas y los principales problemas públicos que se debaten. Desde ya que no existen mayores dudas respecto de que contar con esa información coadyuva a formar una decisión electoral. Sin embargo, retomando las reflexiones de Pomares y Leiras[6] cabe preguntarse si contar con información “políticamente relevante” resulta suficiente para otorgar o restringir derechos políticos y si ese acceso a la información conlleva implícito la presunción de que los jóvenes votantes están comprometidos con el destino colectivo de una comunidad.

Retomando la reflexión de Urtubey[7] la normativa puede tener el sano propósito de incluir a la juventud en la elección de sus representantes, pero su aplicación podría inexorablemente incluir excepcionalmente a quienes no se encuentren plenamente en condiciones de asumir tales responsabilidades.

Es por ello que entendemos que los conocimientos, habilidades cognitivas y emocionales que paulatinamente se adquieren y que al articularse entre sí permiten que un ciudadano actúe progresivamente de manera constructiva en la sociedad democrática, requieren de establecimientos educativos que practiquen una gestión institucional horizontal, con instancias de participación y con un fuerte sentido de pertenencia. Es a partir de este anclaje y en este sentido que el voto joven puede concebirse y fundarse como una práctica educativa, como una oportunidad que se ofrece a los adolescentes de profundizar su formación ciudadana, de vivir en primera persona una experiencia relevante para ser un miembro pleno de la comunidad política a través del ejercicio del voto, como lo hacen los otros miembros plenos. La adquisición de este derecho y su ejercicio permitiría a los adolescentes aprender a merituar las responsabilidades y consecuencias de sus actos.

Así nos permitimos concluir que es deseable que la incorporación del voto joven a los sistemas electorales de la región sea analizada desde todas las dimensiones que la atraviesan, promoviendo el fortalecimiento de su implementación y garantizando su evaluación de manera sistemática y permanente.

 

 

[1] Cabe recordar que la opción de votar a partir de los 16 años es una posición minoritaria en el mundo. La mayoría de los países el derecho al voto se ejerce a partir de los 18 años. Más allá de los países de nuestra región (Cuba, Nicaragua, Brasil y Argentina) en Timor Oriental, Indonesia, Corea del Norte, Sudán y Seychelles la edad mínima para votar es de 17 años. Mientras que en Eslovenia (quienes tengan empleo) y en Hungría (quienes hubieran contraído matrimonio) es posible votar antes de los 18 años. Fuente: sitio web del ACE Electoral Project.

[2] Presno Linera, M.A. (2011), “El derecho de voto: un derecho político fundamental”. En https://presnolinera.files.wordpress.com/2011/10/el-derecho-de-voto-un-derecho-polc3adtico-fundamental-libro.pdf. Consultado el 18 de noviembre de 2015.

[3] Asunto Hirst c. Reino Unido (no 2), de 6 de octubre de 2005, disponible en http://cmiskp.echr.coe.int/

[4] Hart, D. y Atkins R (2011), “American sixteen and seventeen yar olds are ready to vote”. The Annals of the American Academy of Political and Social Science.Vol 633. 201-222. En Pomares J. y Leiras M. (2012), “¿Una decisión prematura? Fundamentos para el debate legislativo sobre el voto joven. Buenos Aires. www.cippec.org. Consultado el 18 de noviembre de 2015.

[5] Urtubey, J.M (2013) “El voto joven y los desafíos electorales en Argentina. Buenos Aires. Disponible en http://www.acep.org.ar/images/stories/2013/voto/el%20voto%20joven.pdf. Consultado el 17 de noviembre de 2015.

[6] Pomares J. y Leiras M. (2012), “¿Una decisión prematura? Fundamentos para el debate legislativo sobre el voto joven. Buenos Aires. www.cippec.org. Consultado el 18 de noviembre de 2015

[7]Urtubey, J.M. Op. Cit.

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