Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Comercial, Económico y Empresarial Nro. 220 – 11.09.2019


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Las autorizaciones de pagos urgentes en el régimen del pronto pago. El necesario diálogo de fuentes en un Estado Constitucional y Convencional de Derecho.

Por Germán E. Gerbaudo

[1]

 1. Introducción.

El pronto pago se presenta como un mecanismo excepcional de tutela del crédito laboral privilegiado[2]. Constituye una excepción a la prohibición de alterar la situación de un acreedor de causa o título anterior al concurso (conf. art. 16, primera parte, L.C.). El concursado no puede pagar créditos de causa anterior al concurso preventivo. Por el contrario, si lo hace dicho pago es inoponible (conf. art. 17 de la L.C.). Se trata de un acto prohibido; sin embargo, la prohibición no es absoluta dado que seguidamente el art. 16 de la L.C. establece la excepción: se puede pagar por el régimen del pronto pago a los acreedores laborales privilegiados. Es decir, la prohibición no es absoluta[3]. En consecuencia, el pronto pago se presenta como una excepción a la regla que prohíbe alterar la situación de un acreedor pre-concursal. Es decir, el concursado no puede pagar a un acreedor pre-concursal porque dicho pago sería inoponible. Sin perjuicio de ello, el legislador luego de sentar la regla establece la excepción que está dada a favor de los créditos laborales privilegiados que pueden satisfacerse por vía del pronto pago. Así el pronto pago se presenta como una “autorización extraordinaria de pagos”[4]

El pronto pago en el concurso preventivo se encuentra regulado en el art. 16 de la L.C., el mismo ha sido profundamente modificado por las leyes 26.086 del año 2006 y por la 26.684 del año 2011. Con estas reformas se procuran hacer al pronto pago un mecanismo más eficaz en la tutela de los créditos laborales privilegiados[5].

En esta colaboración, analizamos una reforma que fue incorporada al texto concursal por la reforma de la ley 26.684 donde se autorizan pagos urgentes –aun cuando no se haya resuelto el pronto pago- cuando el acreedor laboral requiera esos fondos para atender a necesidades de salud, alimentarias o cualquier otra continencia que no admita más demora. Así, la norma que analizamos se presenta como una figura excepcional dentro de un instituto excepcional.

2. Autorizaciones de pagos urgentes. Dialogo de fuentes.

La ley 26.684 incorpora la facultad conferida al magistrado para autorizar dentro del régimen del art. 16 el pago de los acreedores cuyos créditos “deben ser afectados a cubrir contingencias de salud, alimentarias u otras que no admitieran demoras”.

Dentro del régimen del pronto pago “el juez puede establecer un orden de preferencia especial y de modo excepcional”[6]. Se trata de “proteger otro tipo de acreencias cuya atención resulta urgente e ineludible”[7]. También se sostiene que “la ley aquí no hace otra cosa más que codificar el principio de realidad y equidad, habilitando al juez a atender, caso por caso, la situación en la que se encuentran los trabajadores necesitados de ver satisfechos el cobro de sus créditos antes que los demás créditos laborales también así garantizados”[8]. Asimismo, se señala que “se reconoce una realidad evidente en orden a la tutela de los más vulnerables, aun entre los trabajadores”[9]. Sin dudas que se trata de una “excepción relevante”[10].

Algunos autores sostienen que lo que esta norma consagra es un “súper pronto pago”[11].

Creemos loable la incorporación de esta facultad que es un reflejo de las modernas tendencias del derecho privado de nuestro tiempo, en el que ya no se posa la atención de manera exclusiva en la protección de propiedad sino de la persona humana. En definitiva, la solución es consecuencia de un proceso actual de “constitucionalización del derecho privado”[12], donde el centro de atención del derecho privado se ha desplazado hacia la protección del ser humano, principalmente a partir de mediados del siglo XX con la superación en Europa de los regímenes totalitarios que implicaron una degradación de la persona[13].

Ahora bien, más allá del importante avance de esta incorporación, pensamos que puede generar muchas controversias su determinación. En los hechos la decisión de cuándo un crédito encuadre en las situaciones excepcionales que habiliten el pago sin demora alguna generará inconvenientes. Entendemos que sin un agregado como el efectuado el magistrado atendiendo a las circunstancias excepcionales del caso podía conceder igualmente el beneficio sin demora.

En este sentido, Darío Graziabile y Juan Marcelo Villoldo señalan que “la contemplación de los créditos que no admitan demoras provocará controversias a la hora de determinar la urgencia en la percepción del crédito”[14]. Por su parte, Juan Anich es crítico a la solución propuesta en la norma sosteniendo que “en la realidad de los trabajadores, todas las remuneraciones tienen el mismo carácter; todas están imputadas a cubrir necesidades alimentarias, de salud, educación, de vivienda y demás”[15]. Agregando que la norma puede con ello generar conflictividad entre los trabajadores que se encuentran en una misma situación, repercutiendo esa tensión en los tribunales[16].

Claudio Casadío Martínez entiende que con este agregado se observa una mínima apertura a los denominados “acreedores involuntarios”[17]. Por nuestra parte, consideramos que la alternativa que analizamos no fue pensada para éste tipo de acreedores[18]. Claramente, surge de la ley que es una facultad de acelerar el pronto pago en aquellos casos en que el titular del beneficio fundado en razones de salud, alimentarias u otras similares necesita la urgente satisfacción del crédito, pero no para los acreedores involuntarios. La categoría de los acreedores involuntarios se integra por los extra-contractuales, los que han sufrido un daño en eventos personales o en eventos patrimoniales[19]. Consideramos que la idea de protección puede ser la misma que la de los acreedores involuntarios, pero aquí no estamos frente a este tipo de acreedores sino ante un acreedor vinculado por una relación laboral con el concursado.

En el mismo sentido, Juan Anich se ha expresado negando que aquí se trate de la consagración de los acreedores involuntarios. El autor dice que “no compartimos la idea de alguna doctrina relevante, que ve aparecer aquí el reconocimiento de lo que se ha dado en llamar “créditos involuntarios”; a nuestro modo de ver, la norma pretende crear dentro de la estructura de los créditos “prontopagables” un orden de preferencia que determinará el juez en situaciones que podríamos denominar “extremas”, pero ello no implica reconocer esta nueva categoría de crédito”[20]. También Miguel Raspall se manifiesta en contra de la ampliación de la solución del art. 16 a los acreedores involuntarios. En tal sentido expresa que “no compartimos tal ampliación por analogía, dado que el artículo ha cuidado muy especialmente de decir que este tratamiento excepcional es únicamente para el pronto pago laboral y respecto de acreedores incluidos como beneficiarios del pronto pago”[21].

3. Conclusiones. 

Creemos que la incorporación de esta facultad comporta una nueva forma de pensar el principio de igualdad y constituye un importante avance a la hora de tutelar a los más débiles. Claramente la norma recepta el fenómeno de constitucionalización del derecho privado, exigiendo poner en sintonía la regulación concursal con la Constitución nacional y los tratados de derechos humanos[22].

La norma exhibe el necesario dialogo de fuentes que debe darse en el marco de un Estado Constitucional y Convencional de Derecho[23]. Así, dentro de un instituto excepcional, destinado a tutelar a ciertos acreedores determinados en virtud del carácter alimentario de sus créditos                      –acreedores laborales privilegiados- se introduce un mecanismo más excepcional aun que va encaminado a tutelar a acreedores laborales privilegiados que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, requiriendo de manera urgente los fondos para atender a contingencias alimentarias, de salud o cualquier otra que no admita más demora.

 

[1] Abogado (UNR). Doctor en Derecho (UNR). Magister en Derecho Privado (UNR). Especialista en Derecho de Daños (UCA). Profesor Titular Ordinario –por concurso- de Derecho de la Insolvencia, Facultad de Derecho (UNR). Presidente del Instituto de Derecho Concursal (Colegio de Abogados de Rosario). Secretario Académico de Posgrado (Facultad de Derecho, UNR).

[2] Nos hemos ocupado del instituto del pronto pago en trabajos anteriores, véase: MARCHIONATTI, Fernando y GERBAUDO, Germán E., El pronto pago en el concurso preventivo, en D.J., 21/02/2007, p. 367; GERBAUDO, Germán E., El pronto pago de los créditos laborales en la quiebra, en Editorial Juris, DJuris 519, 8/03/2019, www.editorialjuris.com y en Microjuris MJ-DOC-14842-AR, MJD 14842, 20 de marzo de 2019.

[3] BARAVALLE, Roberto A. y GRANADOS, Ernesto I.J., Ley de concursos y quiebras. 24.522, Rosario, Liber, t. I, 1995, p. 79.

[4] DI TULLIO, José A. y CHIAVASSA, Eduardo N., Límite temporal del pronto pago en el concurso preventivo, en L.L. 2002-F, p. 889.

[5] Cabe señalar como bien dice la doctrina que el pronto pago fue presentado como la panacea solutoria de todos los problemas de los trabajadores de una empresa en cesación de pagos. Sin embargo, la experiencia indica que nadie cobra en el pronto pago, que no es pronto ni pago. Frente a este panorama sorprende la perdurable negación de la realidad que padece el argentino y que agobia a la Nación; porque desconocer que el pronto pago no ha servido es pretender tapar la luz del sol con un dedo (CHOMER, Héctor O., El futuro del derecho concursal, en L.L. 2012-D, p. 1299).

[6] ANICH, Juan, Cooperativas de trabajo en la legislación concursal, Buenos Aires, Astrea, 2012, p. 35.

[7] FRICK, Pablo y JAIME, Rodrigo, El pronto pago ante el concurso preventivo concluido y la quiebra sobreviniente, en L.L. 2018-B, p. 1203 y en J.A. 2018-II, p. 1164.

[8] PROIETTI, Diego M., Nueva reforma de la ley de concursos y quiebras, en D.J. 2/11/2011, p. 91.

[9] JUNYENT BAS, Francisco, Reflexiones en torno a los intereses tutelados en la ley 26.684. A propósito de las reformas a la ley concursal en materia laboral y en orden a la continuación de la empresa por la cooperativa de trabajo, en EDLA, Nº 14, 2011-B, p. 7.

[10] RAMOS, Santiago J., La reforma de la ley 26.684 al régimen de concursos y quiebras y su implicancia en materia laboral, en “Revista de Derecho Laboral y de la Seguridad Social”, 2012-11, p. 928.

[11] MICONI, Florencia y GARCÍA MONA, Susana, La reforma de la LCQ por la ley 26.684: cooperativismo y revolución tecnológica, en D.J. 15/02/2012, p. 93.

[12] Véase: GERBAUDO, Germán E., La constitucionalización del derecho privado y su incidencia en el derecho concursal, en Doctrina Societaria y Concursal, Buenos Aires, Errepar, Nº 348, Noviembre 2016, p. 1121; GERBAUDO, Germán E., La obligación de seguridad en el derecho privado argentino, en “Revista Jurídica”, Santiago de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, Nº 30, Junio-Diciembre 2011, p. 153; GERBAUDO, Germán E., La ejecución de títulos cambiarios contra consumidores. La colisión entre los atributos cambiarios y la protección del consumidor, en “Lex Fori”, Nº 259, enero de 2012, p. 1.

[13] Véase sobre la evolución de la noción de persona y la degradación de ella en los regímenes totalitarios: RIVERA, Julio César, Autodeterminación y tolerancia. Ejes del derecho de la persona, en www.rivera.com.ar , página visitada el 9 de agosto de 2006.

[14] GRAZÍABILE, Dario J. y VILLOLDO, Juan M., Ley 26.684. Nuevo parche a la legislación concursal –una irreal protección de los trabajadores-, en “Compendio Jurídico”, Errepar, mes 7, 2011, en www.erreius.com.ar.

[15] ANICH, Juan, op. cit., p. 35.

[16] Id., ps. 35 y 36.

[17] CASADÍO MARTÍNEZ, Claudio Alfredo, El nuevo escenario concursal, en D.J. 3/08/2011, p. 95.

[18] Respecto a los acreedores involuntarios véase: GRANADOS, Ernesto I.J., GERBAUDO, Germán E., FRANCAVILLA, Claudia y CHASCO, Martín, Los acreedores involuntarios. La necesidad de su regulación, en Microjuris MJ-DOC-6020-AR/MJD 6020, 1/11/2012; GERBAUDO, Germán E., Los acreedores involuntarios y la crisis del sistema de privilegios concursales. La necesidad de comprender el derecho concursal desde la Teoría General de Derecho: el dialogo entre el derecho constitucional y el derecho concursal, en el libro de ponencias del X Congreso Argentino de Derecho Concursal y VIII Iberoamericano de la Insolvencia, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral, octubre de 2018, t. III, p. 391.

[19] ROJO FERNÁNDEZ RÍO, Ángel, Los acreedores involuntarios, Conferencia en el VI Congreso Argentino de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, Rosario, 27, 28 y 29 de septiembre de 2006, t. IV, p. 201.

[20] ANICH, J., op. cit., p. 36.

[21] RASPALL, Miguel A., Acerca de las tutelas diferenciadas, los acreedores involuntarios y los nuevos privilegios concursales, en “Revista del Código Civil y Comercial”, 2019 (marzo), p. 74.

[22] GERBAUDO, Germán E., Introducción al derecho concursal, Buenos Aires, Astrea, 2018, p. 109.

[23] Sobre el Estado Constitucional y Convencional de derecho puede verse: GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, El Estado Constitucional y Convencional de derecho argentino y sus proyecciones, en DPI, Diario Constitucional y de Derechos Humanos, 19/05/2014; GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, El Estado Constitucional y Convencional de Derecho en el Código Civil y Comercial, Buenos Aires, Ediar, 2015; GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, Estado Constitucional y Convencional de derecho y control de convencionalidad, en L.L. 2017-B, p. 1; GIL DOMINGUEZ, Andrés, Convencionalidad, discapacidad y normatividad, en L.L. 11/02/2019, p. 6.

El Estado Constitucional y Convencional de Derecho es un modelo constitucional del siglo XX que tiene como centro la protección de todos los derechos que están tanto en la Constitución como en los Tratados de Derechos Humanos. En nuestro país este modelo es el paradigma desde la reforma constitucional de 1994.

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