Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Civil y Obligaciones Nro. 273 – 28.03.2022


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Acceso al consumo y geopolítica

Por Emiliano Estevarena

Nos gustaría reflexionar acerca de las recientes medidas de BDS (boicot, desinversión, sanción) contra Rusia efectuadas desde el sector privado, producto de la invasión de este país a Ucrania[1]. Este hecho resulta bastante novedoso – ya que la mayoría de los bloqueos comerciales históricamente han sido efectuados desde Estados soberanos, y supondría un cambio de paradigma en el sistema vigente de gobernanza mundial conocido como multilateralismo.

Por otro lado, también nos gustaría indicar que estamos en épocas de cambio. Estamos pasando de un sistema de confianza institucional, a un sistema híbrido de confianza institucional y distribuida. Hemos notado con anterioridad que este tipo de sistemas presenta desafíos de acceso al consumo y dignidad, ya que la “nota” que tengamos en una determinada marca, determina si uno consume y en qué condiciones[2]. La forma en que esa “nota” se determina puede indicar la existencia de un trato discriminatorio (art. 8 bis Ley 24.240t.o.; art. 1 inc. 9) Res. MERCOSUR 36/2019).

Pero ahora, se le suma el componente político. El modelo más extremo de esto es el Sistema de Crédito Social Chino[3], en oriente, y este peculiar bloqueo de las multinacionales a la población rusa, en occidente. El punto de debate aquí no es si esto resulta ético, sino si resultaría legítimo dentro de la República Argentina o cualquier otro país que otorgue rango constitucional a los derechos del consumidor.

Este análisis resulta importante tanto de una perspectiva macroeconómica – si las empresas tienen derecho a desabastecer a un Estado soberano – como de una de derechos humanos – si las personas humanas tienen derecho a acceder al consumo y a participar en el mercado.

A la primera cuestión, nuestro derecho prohíbe prácticas cartelizadas y o monopolizadas que tiendan a negar injustificadamente la compra o venta de servicios en condiciones normales de mercado, la suspensión de un servicio monopólico dominante en el mercado a prestatarios de servicios públicos o de interés públicos, como las que desvían o descontinúan el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada (art. 3 inc. i) y j) Ley 27442; art. 4 incs. e), f) y g) Ley 20680). Esto da un indicio que el desabastecimiento puede ser un límite al derecho a que las empresas hagan bloqueos comerciales, al menos, en el derecho argentino.

A la segunda cuestión, hemos descrito con anterioridad que se trata de un principio del derecho del consumidor con dos fases: a) la de acceso a bienes y servicios de calidad como piso mínimo indispensable para tener una vida digna; y b) que el acceso a esos bienes sea sostenible. Dentro de la sostenibilidad, solemos indicar que debe ser sostenible para el consumidor desde un aspecto económico, por ejemplo, que no lo induzca al sobreendeudamiento, y que su impacto ambiental sea mitigable (arts. 5, 10 y 23 Directrices ONU para la Defensa del Consumidor; art. 1 incs. 3) y 5) Resolución Mercosur 36/2019).

En materia de Derecho Argentino, existe un consenso de que lo “mínimo indispensable” incluye la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento (art. 1 Ley 20680), así como los servicios de las TICs y las telecomunicaciones (art. 15 Ley 27078). Estas actividades cuentan con regulaciones respecto a su desabastecimiento dentro de la República Argentina. Esta limitación no se limita solo a los aspectos de defensa del consumidor, sino que también se extienden al derecho laboral – en particular a lo referente a huelgas, que puede ser extensible a los paros de las patronales (Decreto 843/2000).

Esto implica que al menos, dentro del derecho argentino, el Estado cuenta con herramientas para sancionar el desabastecimiento injustificado por parte de empresas. Quedan dos cuestiones: a) si la guerra justifica el desabastecimiento y en qué supuestos; y b) qué tanto se pueden ejecutar las sanciones a empresas extranjeras que realicen bloqueos comerciales.

Respecto a la primera cuestión, la guerra por sí sola no puede justificar el desabastecimiento. Al contrario, el Derecho Argentino le otorga a la autoridad de aplicación la facultad de obligar a las empresas a abastecer el bien o servicio escaso en función del orden público (arts. 27 y 29 Ley 20680). En este sentido, resulta difícil que un asunto estratégico de la Nación sea considerado una cuestión política no judiciable o un caso fortuito.

Respecto a la segunda cuestión, el desafío yace dentro de la diferencia entre jurisdicción primaria y secundaria. Si el lugar en el cual debe ejecutarse la sentencia o acto administrativo ordenando el abastecimiento forzoso es dentro de la República Argentina, no debería haber problemas de imperio. Ahora bien, si la sentencia o acto administrativo debe ejecutarse en el exterior y la Nación extranjera tiene una posición favorable al desabastecimiento de Argentina, el conflicto entra en la escala del Derecho Internacional Público.

La pregunta que corresponde hacer entonces es si el Derecho del Consumidor tiene fuentes que dialoguen con el Derecho Internacional Público. Primero, corresponde tener en cuenta la existencia de un Orden Público Internacional. Segundo, corresponde revisar los remedios disponibles a nivel internacional. Tercero, corresponde ver la extensión del derecho a ejercer BDS (boicot, desinversión y sanciones).

Respecto de estos remedios, primero, corresponde indicar que existen dos organismos multilaterales con competencia para entender estos asuntos. El primero, es la Organización Mundial del Comercio, que tiene una gran desventaja: las políticas de Trump le quitaron el peso necesario para que pueda establecer remedios de peso[4]. El segundo, es la Corte Internacional de Justicia que posee un peso mayor en este aspecto, como en el caso de EE.UU. contra Irán[5].

En lo que refiere a los BDS (boicot, desinversión y sanciones), la FIDH reconoce su derecho por parte de los privados, en particular, las personas humanas[6]; mientras que, la Observación General N°8 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas las reconoce como medidas legítimas, dictadas incluso por el Consejo de Seguridad, aunque también las desaconseja en función de su baja eficacia, efectos colaterales, y de los efectos perjudiciales que genera en poblaciones vulnerables. En ese sentido, toda medida de BDS para mantener su legitimidad debe venir acompañada de medidas de minimización a los colectivos vulnerables.

Entonces, hasta ahora hemos indicado dos cosas: a) las empresas podrían imponer BDS ante violaciones sistemáticas de DD.HH.; pero, b) las medidas de BDS no pueden provocar desabastecimiento, en función del orden público y la protección de los más vulnerables. A nivel nacional, corresponde la aplicación de sanciones administrativas en función de las leyes vigentes; mientras que, a nivel internacional en todo caso, la Nación Argentina podrá solicitar una reparación ante dicho desabastecimiento por cuanto fuera desmedido.

Esta reflexión es meramente inicial; pero, da cuenta de que a futuro, el sistema de gobernanza multilateral deberá prestar atención a la proporcionalidad de las BDS en defensa de los consumidores y poblaciones vulnerables. Ahora bien, el paso a seguir para obtener una mayor protección de los consumidores contra las medidas de BDS desde la República Argentina sería apostar a la integración regional en el marco del MERCOSUR, que ya está rindiendo sus frutos[7]. Desde allí, un mecanismo de compensación frente al desabastecimiento contribuirá a

[1] La Sexta, “¿Qué empresas han dejado de operar en Rusia?”, 09/03/2022, en: https://www.lasexta.com/tecnologia-tecnoxplora/ciencia/que-empresas-han-dejado-operar-rusia_202203096228a40ce2af800001e5b02f.html  [Accedido 10/03/2022].

[2] Barocelli, Sergio Sebastián; Estevarena, Emiliano; “La protección de los consumidores en plataformas de comercio electrónico”; La Ley 30/05/2018, 6; AR/DOC/870/2018 · 30 may. 2018.

[3] Mistreanu, Simina; «Life Inside China’s Social Credit Laboratory. The party’s massive experiment in ranking and monitoring Chinese citizens has already started»; Foreign Policy – 03/04/2018. Consulta el 11/12/2018 en:

<https://foreignpolicy.com/2018/04/03/life-inside-chinas-social-credit-laboratory/>

[4] Expansión “Trump deja bloqueada la OMC al paralizar su tribunal de arbitraje”, 10/12/2019 en: https://www.expansion.com/economia/2019/12/10/5deeb95d468aebb50b8b46be.html [Acceso: 10/03/2022].

[5] ICJ, “Press Release 2018/50”, 03/10/2018, en: https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20181003-PRE-01-00-EN.pdf [Acceso:10/03/2022].

[6] FIDH, “Declaración de la FIDH en apoyo del derecho a participar y convocar medidas de Boicot, Desinversión y Sanciones”, 20/07/2016, en: https://www.fidh.org/es/region/magreb-y-medio-oriente/israel-y-palestina/declaracion-de-la-fidh-en-apoyo-del-derecho-a-participar-y-convocar#nb5 [Acceso: 10/03/2022].

[7] Mercosur, “Logro 22: Sistema regional de defensa del consumidor”, 07/01/2022, en: https://www.mercosur.int/logro-22-sistema-regional-de-defensa-del-consumidor/ [Acceso: 10/03/2022].

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