Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Civil y Obligaciones Nro. 233 – 03.08.2020


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Alcances de la protección de los honorarios profesionales en el art. 10 de la Ley 27.423 y sus diferencias con el régimen anterior del art. 55 de la Ley 21.839

Por Francisco Díaz

La Ley N° 27.423 -B.O. 22/12/17- establece un nuevo régimen para la regulación de honorarios de abogados y procuradores por su actividad administrativa, judicial y extrajudicial, y de los auxiliares de justicia en cuestiones que conciernen al ámbito nacional o federal.

En lo que aquí concierne, me limitaré a describir brevemente el aspecto relacionado a la protección que se daba a los honorarios profesionales en la normativa anterior y el cuadro de situación actual, a los efectos de determinar si se produjo algún cambio en el alcance otorgado en cada uno de los sistemas.

Me permito adelantar que la nueva legislación importa una modificación sustancial con relación al sistema imperante hasta su sanción. Veamos.

El artículo 55 de la Ley N° 21.839 -“Aranceles y Honorarios de Abogados”, B.O. 20-07-1978- contemplaba  como recaudos para dar por terminado el proceso  que los tribunales, antes de los dos  años de la última intervención profesional, al dar por terminado un juicio o expediente, disponer su archivo, aprobar transacción, admitir desistimiento, subrogación o cesión, ordenar el levantamiento de medidas cautelares y entrega de fondos, debían hacerlo con citación de los profesionales cuyos honorarios no resultaba del expediente haber sido pagados y siempre que aquellos hubieren constituido domicilio legal a tal efecto. Asimismo, que tal citación no correspondía en los casos que existía regulación de honorarios de los profesionales intervinientes.

Como se desprende de lo expuesto, a los efectos de dar por concluido un  proceso judicial bajo la órbita del sistema anterior, previamente debía citarse a los profesionales cuya última intervención haya tenido lugar dentro de los dos últimos años. Superado dicho lapso, es decir, si un profesional había tenido su última intervención hacía más de dos años, no existía obligación legal de disponer su citación previa.

Por su parte, la normativa aclaraba expresamente que la citación debía hacerse siempre y cuando el profesional hubiere constituido domicilio legal en forma expresa  a dichos fines, y establecía que no correspondía realizarla en los casos en que existiera regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes en el juicio.

Es decir que el límite temporal del recaudo de citación estaba dado por la actuación profesional en  los dos años previos, mientras que se eximia de ella en caso de que el profesional no hubiese constituido domicilio expreso para su cumplimiento y cuando sus honorarios ya estaban regulados judicialmente.

En lo concerniente a la actual normativa aplicable, la Ley N° 27.423 establece en su  artículo 10  que “Los honorarios son la retribución del trabajo profesional del abogado o procurador matriculado y de los auxiliares de la Justicia. Ningún asunto que haya demandado actividad profesional judicial, extrajudicial, administrativa o en trámites de mediación, podrá considerarse concluido sin el previo pago de los honorarios, y no se ordenarán levantamiento de embargos, inhibiciones o cualquier otra medida cautelar, entrega de fondos o valores depositados, inscripciones, o cualquier otra gestión que fuere el objeto del pleito, hasta tanto no se hubieren cancelado los mismos o se contare con la conformidad expresa o el silencio del profesional interesado notificado fehacientemente al efecto en el domicilio constituido o denunciado en la institución de matriculación pertinente. Se deberá también dar cumplimiento a las normativas previsionales y de seguridad social para abogados y procuradores, vigentes en cada provincia, inclusive en el caso de los profesionales exceptuados en el artículo 2° de esta ley.  Si de lo actuado surge la gestión profesional, los tribunales o reparticiones administrativas donde se realizó el trámite deberán exigir la constancia de pago de los honorarios o la conformidad expresa o el silencio del profesional, dentro de los cinco (5) días de notificado de conformidad con el párrafo precedente. En caso de urgencia, bastará acreditar que se ha afianzado su pago y notificado en forma fehaciente al profesional interesado. Es obligación del magistrado interviniente velar por el fiel cumplimiento de la presente norma. En ningún caso, el convenio celebrado con posterioridad será oponible a los profesionales que hubieren intervenido en el proceso y no hubieren participado del acuerdo. Tampoco podrá ser homologado judicialmente. Respecto a los auxiliares de la Justicia, los jueces no podrán devolver exhortos u oficios entre jueces o tribunales de distinta jurisdicción, sin previa citación de los mismos, si el pago de sus honorarios no ha sido acreditado en autos, a menos que el interesado expresase su conformidad, o que se afianzara su pago con garantía real suficiente”.

Como se echa de ver, la nueva norma ha dejado de lado el límite temporal para la virtualidad de la citación previa, dispone expresamente que la notificación al profesional debe efectuarse por medio fehacientemente en el domicilio constituido o denunciado en la institución de matriculación pertinente, y abandonó la exclusión para el caso de que los honorarios profesionales se encuentren ya regulados.

Así, no habiéndose establecido límite temporal alguno, en principio, el juez interviniente deberá contar con la conformidad expresa o el silencio frente a la citación de cualquier profesional interviniente, sin perjuicio del tiempo que haya transcurrido desde su última intervención.

Por otra parte, ya no se pone en cabeza del beneficiario titular del crédito por  honorarios la obligación de constituir domicilio expreso a los fines de la citación, sino que debe notificársele por medio fehaciente ya sea en el domicilio procesal o electrónico constituido en el juicio o, en su defecto, en el denunciado en la institución de matriculación -Colegio o Consejo profesional respectivo-.

Por último, aún cuando exista regulación de honorarios en el proceso, deberá contarse con la conformidad expresa del profesional o su silencio ante del trámite de citación respectivo.

Como se concluye de lo brevemente expuesto, la nueva ley importa una ampliación del ámbito de protección del cobro de los honorarios por parte de los distintos profesionales  intervinientes.  Han sido dejados de lado la carga de constituir domicilio impuesta al beneficiario en la ley anterior, el supuesto de exclusión expresa en caso de encontrarse determinados en el juicio los emolumentos y el marco temporal que determinaba la exigencia o no de cumplir la citación.

Más aún, se prevé expresamente que frente a un caso de urgencia, deberá afianzarse el pago de los honorarios y notificar de modo fehaciente tal circunstancia al profesional interesado.

Si bien muchos profesionales exponen serios argumentos para sostener que aún hoy la protección resulta insuficiente, lo cierto es que la ley 27.423 reforzó sin dudas  la dada por la  normativa anterior, previendo un trámite que brinda mayores posibilidades de que el beneficiario pueda acudir en tiempo útil a peticionar en resguardo de sus derechos. Es que sin importar el tiempo transcurrido desde su última intervención, previo a disponer cualquiera de las medidas de mayor trascendencia en el procedimiento -por ejemplo entrega de fondos, levantamiento de medidas cautelares, inscripciones, etc.- o darlo por finalizado, deberá contarse con su conformidad o cursarse citación por medio fehaciente al profesional, aún cuando éste no hubiese realizado presentación alguna constituyendo domicilio especial o efectuando reserva por sus honorarios.

No resulta ocioso señalar que la letra de la ley le impone al magistrado interviniente la obligación de velar por el fiel cumplimiento del recaudo dispuesto en el artículo 10, lo que importa una ratificación de la importancia que pretende darse a la protección del honorario.

Como era de esperar, aún no existe en la práctica procesal cotidiana uniformidad de criterios a la hora de aplicar en juicio los distintos supuestos que se desprenden de la normativa en estudio. A modo de ejemplo puedo señalar, entre muchos otros, que existe disparidad a la hora de ponderar el lapso transcurrido desde la última actuación profesional, de determinar el domicilio al  que cursar la notificación de la citación, e incluso al decidir de qué modo influye -o no- la ausencia de constitución de domicilio electrónico por parte del profesional.

Será una vez más la jurisprudencia de los distintos tribunales la que irá forjando el marco de interpretación respectivo, permitiendo que a partir de los antecedentes se realice una aplicación práctica mayormente uniforme.

 

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