Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Civil y Obligaciones Nro. 225 – 29.06.2020


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Daños y perjuicios derivados de la violencia de género (Parte I)

Por María Soledad Tagliani

I. Introducción. II. Acción indemnizatoria y presupuestos de la responsabilidad. III. Partidas indemnizatorias. IV. Prescripción. V. Breves palabras de cierre.

I.- Introducción

La violencia contra las mujeres es un fenómeno mundial que, lamentablemente, se ha incrementado en los últimos tiempos, a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) decretado como consecuencia de la pandemia mundial generada por el COVID-19[1]. En nuestro país, el ASPO fue dispuesto el 19/03/2020 a través del DNU 297/2020, que impide la circulación de las personas en razón de la emergencia sanitaria, medida que fue prorrogándose a lo largo del tiempo en virtud de la gravedad de la situación epidemiológica[2].

La violencia contra la mujer es definida por la Convención de Belem Do Pará[3] como “…cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (art. 1). En la misma línea se expresa la ley 26.485 de Protección integral a las mujeres (art. 4)[4], donde además en el art. 5 define los distintos tipos de violencia: física, psíquica, sexual, económica y simbólica.

En estas breves líneas, nos interesa analizar la responsabilidad civil del agresor, así como las partidas indemnizatorias que podrá solicitar la víctima.

II.- Acción indemnizatoria y presupuestos de la responsabilidad

Es importante destacar que la acción indemnizatoria procede contra todo tipo de agresor ya sea, cónyuge[5], conviviente, pareja, novio, amigo, familiar, etc. y puede ser interpuesta por la víctima siempre que se configuren los presupuestos de la responsabilidad.

En este sentido, el art. 35 de la ley 26.485 dispone: “La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios, según las normas comunes que rigen la materia”. Por otra parte, la Convención de Belem Do Pará dispone que los Estados Partes convienen en establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a un resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (art. 7, inc. g)[6].

En lo que hace a los presupuestos de la responsabilidad, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1737, 1738 y 1739 del CCyC, el daño está constituido por las consecuencias patrimoniales y no patrimoniales ocasionadas por la violencia ejercida contra la persona.

La antijuridicidad (art. 1717 del CCyC) está dada no sólo por la violación del principio constitucional de no dañar a otro (“alterum non laedere”), regulado en el art. 1716 del CCyC[7], sino por la infracción a los derechos de las mujeres protegidos por la Convención de Belem Do Pará (capítulo II), así como por la consecuente violación de sus derechos humanos a la salud, a la libertad, a la dignidad.

En lo que hace a la relación de causalidad adecuada receptada en el art. 1726 del CCyC, se configura cuando la violencia —en cualquiera de sus formas— ejercida por el agresor sobre la mujer, constituye la condición apta o idónea que desencadena las consecuencias patrimoniales y no patrimoniales que deberán ser indemnizadas en cada caso concreto.

El último presupuesto referido al factor de atribución, es subjetivo, y está constituido por el dolo (arts. 1721 y 1724 del CCyC)[8].

 

[1] Cabe recordar que el 11/3/2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus (COVID-19) como pandemia.

[2] Ver DNU 325/2020, 355/2020, 408/2020 y 459/202.

[3] Aprobada por nuestro país a través de la Ley 24.632 promulgada el 1/4/1996.

[4] Ley promulgada en 2009, de orden público y aplicable en todo el territorio del país, con excepción de las disposiciones de carácter procesal (art. 1). En el art. 4 dispone: “Se entiende por violencia contra las mujeres a toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes…”.

[5] A tal efecto conviene recordar lo dispuesto por los fundamentos del CCyC en el “Libro segundo. Relaciones de familia”, Título I, Matrimonio, en el sentido que: “Los daños que pueden ser indemnizados a través del sistema general de la responsabilidad civil son aquellos que no tienen su causa en el vínculo matrimonial en sí mismo, ni en los deberes que de él emanan, sino en la condición de persona”. En este orden de ideas, ver Suprema Corte de Justicia de Mendoza, sala I, “P., M. A. del R. c. A., J.A. s/ divorcio vincular contencioso”, 11/03/2016; CNCiv., sala H, “S., J. J. c. G., M. M. s/ divorcio y daños y perjuicios, 21/04/2016.

[6] En esa misma línea, se expidió la recomendación N° 19 del Comité de la CEDAW, donde en el art. 24, inc. t) apartado i), recomendó concretamente que “…Los Estados adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para prestar protección eficaz a las mujeres contra la violencia dirigida a ellas, incluidas entre otras:… i) medidas jurídicas eficaces, incluidas sanciones penales, recursos civiles y disposiciones de indemnización para proteger a la mujer contra todo tipo de violencia, incluida la violencia y los malos tratos en la familia…”.

[7] Recuérdese que se trata de un principio constitucional que encuentra su fundamento en el art. 19 de la CN, tal como lo señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el resonado caso “Santa Coloma” dictado el 5/8/1986, posición confirmada en el caso “Gunther” dictado en la misma fecha y reafirmada en el caso “Ontiveros” dictado el 10/8/2017.

[8] Resulta difícil, por no decir imposible, pensar en un supuesto de violencia de género donde el factor de atribución sea la culpa.

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