Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Civil y Obligaciones Nro. 208 – 02.12.2019


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

El marco normativo aplicable a un procedimiento de exequatur

Por Jonathan M. Brodsky

En la asidua lectura de sentencias y resoluciones que supone la labor académica y la judicial he notado que en materia de solicitudes de exequatur se advierte, con cierta frecuencia, un erróneo encuadramiento normativo del tema. Por ese motivo, decidí aprovechar la gentil invitación que me cursara el Dr. Federico Carestia para publicar un breve artículo en este medio, a fin de referirme al razonamiento atinente a la fuente que corresponde aplicar en un procedimiento de esa índole.

El tema me parece importante, por su actualidad y por la frecuencia con la que se manifiesta en la práctica jurídica cotidiana. Si bien en otros tiempos el Derecho Internacional Privado podía ser considerado un campo casi “de laboratorio” (abstracto, lejano, infrecuente, árido y confuso), lo cierto es que en nuestros días, lejos de presentarse aisladamente, los casos de DIPr son una realidad habitual, y lo serán tanto más conforme siga avanzando de modo exponencial el desarrollo de la tecnología y, con él, la mayor velocidad y el menor costo de las comunicaciones y del transporte de personas, de bienes y de capitales a través de las fronteras nacionales.[1]

En ese contexto, el reconocimiento y, en su caso, la ejecución[2] de una sentencia extranjera[3] se inscribe en la gran temática de la cooperación jurídica internacional —como el supuesto de máxima intensidad de esa cooperación—, el que hoy se acepta de modo pacífico como uno de los tres “sectores” del Derecho Internacional Privado, junto con la jurisdicción internacional y el derecho aplicable en casos con elementos o contactos multinacionales. Concretamente, cuando un litigante inicia un procedimiento de exequatur (cuya traducción literal del latín es “ejecútese”), en lo que aquí nos interesa, ante un tribunal argentino, la pretensión consiste en que una sentencia dictada por un magistrado extranjero despliegue efectos extraterritoriales dentro de nuestras fronteras nacionales.

Pues bien: la idea que me interesa destacar es que en tales casos no procede la aplicación automática de lo establecido en el art. 517 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (en el ámbito la Justicia Nacional y en la Federal) o sus equivalentes en los ordenamientos adjetivos provinciales.[4] Y ello es así porque con anterioridad a tal operación, es menester corroborar que no resulta aplicable al caso ningún tratado internacional (más allá de que se denomine “tratado”, “protocolo”, “convención”, etc.; me refiero a la naturaleza jurídica del instrumento).

Dos precisiones liminares. En primer lugar, ese encuadre normativo es insoslayable porque en la Argentina los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes (conf. art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, arts. 1, 2594, 2601 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación), de suerte que no invocarlos o aplicarlos cuando correspondería hacerlo constituye un error muy grave en la praxis jurídica. En segundo término, cabe aclarar que el análisis pertinente a la aplicación de una convención internacional comprende tres aspectos: el material, relativo a la temática regulada (frecuentemente, los instrumentos más modernos contemplan una o más categorías jurídicas y luego detallan aspectos específicos a ser excluidos); el espacial, conectado a la ubicación geográfica de los elementos de internacionalidad del caso y, por lo general, a la vigencia del tratado en cada uno de los países donde la situación o la relación jurídica está localizada; y finalmente, el ámbito de aplicación temporal supone que el instrumento se halle en vigor según las normas —de Derecho Internacional Público— que rigen esa cuestión (recuérdese, a modo de ejemplo, que si una convención está prevista para aplicarse únicamente a partir de cierto número de adhesiones o ratificaciones, hasta que ello ocurra no estará vigente en nuestro país aunque la Argentina hubiera plasmado —con todos los pasos que el proceso implica— su voluntad de obligarse por ese instrumento).

Así las cosas, en definitiva, conviene recordar la vigencia de los Tratados de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889 (con Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay) y de 1940 (con Paraguay y Uruguay), que se refieren al exequatur principalmente en los arts. 5 y 6; la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (“CIDIP II” celebrada en Montevideo en 1979), que nos vincula con Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; y en la esfera del MERCOSUR, el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa (“Protocolo de Las Leñas”, suscripto en 1992 en dicha localidad mendocina), que se aplica con Brasil, Paraguay y Uruguay (interesan en particular los arts. 18 y 20).

Existen también convenios bilaterales, como por ejemplo la Convención de Asistencia Judicial y de Reconocimiento y Ejecución de Sentencias en Materia Civil entre la República Argentina y la República Italiana (1987); la Convención de Cooperación Judicial entre la República Argentina y la República Francesa (1991); el Tratado de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa entre la República Argentina y la Federación de Rusia (2000); y el Tratado entre la República Argentina y la República Popular China sobre Asistencia Judicial en Materia Civil y Comercial (2001), para mencionar los más relevantes.

Por cierto, cuando a un caso resulta aplicable más de un instrumento internacional en función de los criterios mencionados precedentemente, debe elegirse la fuente apropiada de acuerdo a las reglas que rigen esa problemática, ya sea a través de las “cláusulas de compatibilidad” previstas en aquéllos, en la hipótesis de que existan, y de lo contrario generalmente prevaldrán los criterios de especialidad y de posterioridad en el tiempo (que reflejan, en definitiva, un principio general del derecho en cuanto a la resolución del conflicto que presenta la colisión de normas jurídicas).

Sólo en defecto de la aplicación de los instrumentos internacionales con vocación para regir el exequatur debe recurrirse a las disposiciones de fuente interna, como las previstas en un Código Procesal que no deja de tener jerarquía meramente legal.

A modo de cierre, vale recordar las palabras de María Elsa Uzal con las que da comienzo a su libro Derecho Internacional Privado: “desde los orígenes de la juridicidad y hasta nuestros días, el caso iusprivatista, con elementos o contactos multinacionales objetivamente relevantes ha aparecido a los ojos del hombre de derecho como un supuesto atípico en el que se avizoran, desde el primer intento de aproximación, posibles aristas conflictivas…”[5]. Pues bien: tal complejidad no debe obnubilar al intérprete ni puede justificar la elección de un marco normativo incorrecto para su aplicación al caso (error que podría, incluso, comprometer la responsabilidad internacional de la República Argentina). Sirvan entonces estas dos páginas como recordatorio de ello, al menos, en una materia específica pero frecuente e importante, tal como el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras.

 

 

 

[1] Brodsky, Jonathan M., “La competencia judicial internacional en casos con elementos extranjeros: breve guía para operadores jurídicos”, en Temas de Derecho Procesal, Buenos Aires, Erreius, año II, noviembre de 2018, p. 1107.

[2] La diferencia reside en que tratándose de sentencias declarativas y constitutivas de derechos, al justiciable le basta con el reconocimiento de la decisión; en cambio, ante una sentencia de condena, el interés de aquél difícilmente se verá satisfecho si, además de obtener ese reconocimiento, no logra además ejecutarla.

[3] Escapa al objeto de este breve artículo, aunque también constituyen temas relevantes, el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros y de decisiones de autoridades foráneas de carácter no jurisdiccional (por ejemplo, administrativas).

[4] En rigor, sería deseable que los requisitos del exequatur estuvieran previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación, tal como era el propósito de los cuatro profesores que trabajaron en la “subcomisión” de Derecho Internacional Privado y prepararon la primera versión —anterior aun al Anteproyecto de Reforma— del Título IV del Libro Sexto. No obstante, es sabido que esa idea no pasó el “filtro” de la Comisión propiamente creada por el Decreto 191/2011, y no quedó plasmada, por ende, en el Anteproyecto de Código elevado al Poder Ejecutivo de la Nación.

[5] Uzal, María E., Derecho Internacional Privado, Buenos Aires, La Ley, 2016, p. 1.

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