Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Civil y Obligaciones Nro. 194 – 12.08.2019


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

“Propuesta de reforma legislativa” sobre la excepción a la suspensión del dictado de la sentencia civil en función del artículo 1775 inc. c), y la posterior revisión señalada en el art. 1780 inc. b) del CCyCN (Parte II)

Por Juan Francisco González Freire

Si bien se sostuvo que el artículo 1780 puede readecuar la situación jurídica en función de “que exista el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias, por ejemplo, si el juez penal, en una decisión posterior, considera que el hecho no ocurrió, o que la cosa de la cual es dueño o guardián el condenado en sede civil no participó en el hecho el art. 1780 prevé, entre los supuestos de revisión de la acción civil, aquel en el cual ocurre dicha circunstancia, a fin de readecuar la decisión a la nueva situación planteada”[1], lo cierto es que ello no se condice con que el sujeto (persona física o ideal) que se posiciona como tercero civilmente responsable recupere lo abonado en concepto de indemnización.

Atendiendo las razones por la que se ha señalado que “la acción de revisión constituye un mecanismo excepcional con el fin de evitar que la cosa juzgada mantenga una situación de evidente injusticia debido al descubrimiento de un hecho que de haberse conocido al momento de dictarse la sentencia hubiese modificado su resultado”[2], o cuando el motivo de la revisión está dado en un error del juicio, que conlleva un resultado disvalioso, y que esta causa es siempre anterior a la sentencia, aunque se detecte después que la misma haya quedado firme”[3]; la cosa juzgada significa en general la irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia, cuando contra ella no procede ningún recurso que permita modificarla, o permitiéndolo, aquella no ha sido impugnada a tiempo. “Se entiende que existe cosa juzgada en sentido material, cuando a lo expuesto precedentemente se agrega la imposibilidad de que en cualquier otro proceso se juzgue lo decidido en la sentencia”[4], por cuanto esta solo cedería “en el marco de una inexorable restricción y ante la producción de acontecimientos de irregularidad manifiesta que verdaderamente desnaturalicen la función jurisdiccional (tales como: fraude, violencia, cohecho y/o cualquier otra circunstancia”)[5]; pues no puede hablarse de justicia cuando “no ha habido un auténtico y verdadero proceso judicial, ni puede aceptarse que, habiendo sido establecida la institución de la cosa juzgada para asegurar derechos legítimamente adquiridos, cubra también aquellos supuestos en que los que se reconoce que ha mediado solo un remedo de juicio”[6].

De conformidad con lo expuesto surge el cuestionamiento de que no todo proceso pueda ser revisado, como tampoco la persona se vea obligada a reparar el daño cuando todavía no se probó su responsabilidad. Sin perjuicio de ello, en cambio coincido con los supuestos en los que sea el propio imputado quien asuma las consecuencias dañosas de sus actos, de conformidad con los incisos a) y b) del artículo 1775 (la extinción de la acción o la dilación en el procedimiento), habida cuenta que “la existencia de una dilación indefinida en el trámite y decisión de este juicio ocasiona agravios a la garantía constitucional de derecho de defensa, produciendo una efectiva privación de justicia”[7]; siempre y cuando se tenga certeza de que “la necesidad del dictado de la sentencia civil no implica futuros dispendios jurisdiccionales”[8].

Es por ello entonces, que no comparto la idea de que la aplicación del inc. c) del art. 1775 “encuentra su fundamento en el hecho de que, dejándose al margen la posibilidad de que la condena civil recaiga con relación a la culpa o no del demandado”, este entonces “aleja el riesgo del dictado de sentencias contradictorias en ambas jurisdicciones, y se adecua a la regla de la independencia de las acciones consagrada en el art. 1774 del Código. En este sentido, cabe tener en cuenta que si bien la existencia de culpa del condenado no podrá ser reputada en sede civil cuando haya sido considerada inexistente en la sede punitiva, ello no obsta a la procedencia de la condena en el juicio de daños si la responsabilidad que se le imputa al demandado se sustenta en un factor objetivo de atribución, como ocurriría, por ejemplo, si se lo pretende responsabilizar como dueño o guardián de una cosa viciosa o riesgosa (art. 1757, Código).[9]En efecto, no puede admitirse esto último, cuando el argumento reposa en que la persona que afronta la acción penal es distinta de quién debe resarcir el daño, pues así todo sea el dueño o el guardián de la cosa, todavía no se ha demostrado la responsabilidad del imputado; pudiendo no haber sido el autor del hecho, o no haber tenido participación.

No es lo mismo una dilación indefinida, o injustificada, que el endilgue de una responsabilidad por cómo está fundada; pues como se señaló en los párrafos anteriores, quién responde civilmente corre el riesgo de no recuperar lo abonado en concepto de reparación -por más que exista una revisión posterior-. No debe, en consecuencia, sólo tutelarse el interés de quién se posicione como una víctima de un reproche criminal, sino previendo que la imposición legal sustentada en el art. 1775 inc. c) no provocará un nuevo damnificado, llegado el caso de que la revisión de sentencia consagrada en el art. 1780, inc. b), juzgue que éste (el tercero civilmente demandado) “no debió afrontar el deber de reparación del daño”.

 

[1] LORENZETTI, Ricardo, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, t. VIII, pág. 661.

[2] CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, caso “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, de fecha 13-09-1997.

[3] HITTERS, Juan C., Revisión de la cosa juzgada, Platense, 2001, pág. 146 (citado por De Carlo, Iván, Seguridad Jurídica vs. Cosa Juzgada Írrita, Id SAIJ: DACF150260 del 20-3-15).

[4] OSSORIO, Manuel, Diccionario de ciencia jurídicas, políticas y sociales, Heliasta, 2005, pág. 240 (cfr. De Carlo, Iván, Seguridad Jurídica…, cit.).

[5] Cfr. CSJN, Fallos: 238:18, 254:320, 279:54, 294:434, 309:1689.

[6] CSJN, Fallos: 279:54, 13-7-07, “Mazzeo, Julio L. y otros”, LL, 2007-D-401 y CS, Fallos: 315:2680.

[7] CSJN, caso “Ataka c. González”, 20-11-73, LL, 154-85.

[8] CSJN, 20-11-73, LL, 154-85, caso en el que la demora fue de cinco años. También CCiv. y Com. Morón, sala II, 20-2-03, JA, 2003-IV-262; CNCiv., sala A, 19-9-02, LL, 2003-A-549; CNCiv., sala C, 18-6-98, LL, 1997-F-939; CNCiv., sala C, 28-9-90, LL, 1991-B-421; CNCiv., sala H, 2-7-96, LL, 1998-B-898.

[9] Cfr. SÁENZ, Luis, citado en LORENZETTI, Ricardo, Código Civil y Comercial…, ob., cit.

 

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