Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Administrativo Nro. 300 – 10.11.2020


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Administración Pública y derecho a la vida. El caso del Ibuprofeno Inhalado

Por Adriana Santagati

[1]

En los últimos tiempos, muchos ciudadanos han reclamado ante las autoridades sanitarias de Argentina la implementación del tratamiento con “Ibuprofeno Inhalado” en el marco de la situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus COVID-19.

Los posicionamientos de los expertos sobre el punto son diversos, así como la reacción de las administraciones sanitarias. Para ciertos sectores, la ausencia de una autorización formal por parte de los entes oficiales reguladores de la Salud de la Nación determina que los equipos médicos deban abstenerse de utilizar el ibuprofeno inhalado. Otros expertos, por el contrario, han solicitado y aconsejado el uso de esta terapia, contando a la fecha con autorización de los Ministerios de Salud de las Provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy y La Rioja.

Por su parte, el Principio 37 de la Declaración de Helsinski de la Asamblea Médica Mundial sobre Principios Éticos para las Investigaciones Médicas en Seres Humanos- establece que “Cuando en la atención de un enfermo las intervenciones probadas no existen u otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de pedir consejo de experto, con el consentimiento informado del paciente o de un representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Tales intervenciones deben ser investigadas posteriormente a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, puesta a disposición del público”.

La discusión sobre el ibuprofeno inhalado, más allá de sus alcances científicos, pone de resalto diferentes miradas sobre el comportamiento de la Administración Pública en escenarios extraordinarios. En efecto, la inédita situación de emergencia sanitaria que atraviesa el mundo demanda de las autoridades públicas una gran adaptabilidad e innovación, que les permita brindar en los vertiginosos tiempos que la situación reclama la mayor cantidad de respuestas posibles.

Como ha destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la vida comprende no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar su ejercicio (obligación positiva) (Corte IDH, “Instituto de Reeducación del Menor” v. Paraguay, 2004, párr. 156). De su salvaguarda depende la realización de los demás derechos, por lo que el tribunal le asigna un valor central y desecha la posibilidad de enfoques restrictivos (Corte IDH, Ximenes Lopes v. Brasil, 2006).

Paralelamente, “el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo éste el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional. El hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente – su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental” (CSJN, Fallos, 323:3229, 324:3569).

A la luz de tales coordenadas, resulta evidente que –en una situación inédita de incertidumbre científica- ese deber positivo se traduce en la obligación de agotar la evaluación de los tratamientos médicos disponibles para evitar la muerte de los pacientes de COVID-19, no pudiendo escudarse el Estado en la ausencia de evaluaciones científicas más exhaustivas que, naturalmente, no podrían existir, habida cuenta de lo novedoso del virus que se intenta combatir.

En este sentido, corresponde recordar que se produce responsabilidad estatal por la violación del derecho a la vida “cuando por actos u omisiones se niegue a un paciente el acceso a la salud en situaciones de urgencia médica o tratamientos médicos esenciales, a pesar de ser previsible el riesgo que implica dicha denegación para la vida del paciente” (Corte IDH, Poblete Vilches y otros v. Chile, 2018; Cuscul Pivaral y Otros v. Guatemala, 2018).

Ese riguroso mandato de una actuación positiva reclama una clara y conducente actitud de proactividad de las autoridades públicas, en la medida en que el derecho a la vida debe ser “interpretado y aplicado de manera que sus salvaguardas sean prácticas y efectivas (effet utile)” (Corte IDH, Hilaire v. Trinidad y Tobago, 2001).

Atendiendo a esas pautas, la Administraciones sanitarias deben realizar los estudios y agotar las posibilidades de utilización de tratamientos que presenten la posibilidad de evitar la muerte del paciente de un modo acorde al contexto de emergencia sanitaria producido por la pandemia.

 

[1] Defensora del Pueblo de la Provincia de Río Negro.

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