Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Administrativo Nro. 286 – 30.06.2020


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

La ilegitimidad de las medidas adoptadas en el caso VICENTIN S.A.I.C

Por Leandro Aringoli

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A la fecha poco podría decirse del caso “Vicentin” sin incurrir en redundancias de todo tipo: legales, políticas, sociales y económicas. Por ello, doy por entendido íntegramente los siguientes elementos que forman parte de este análisis: I) La sustanciación del concurso preventivo de Vicentin S.A.I.C.; II) El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 522/2020 del Poder Ejecutivo Nacional que dispuso la intervención transitoria de la sociedad y su ocupación temporaria anormal; III) La resolución emitida el 19 de junio de 2020 por el Juez de 1ra Instancia Civil y Comercial 2da Nominación de la ciudad de Reconquista, Santa Fe; IV) La presentación efectuada por la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe; y V) Las manifestaciones y protestas públicas del día 20 de junio de 2020.

Corriendo el riesgo de caer en clasificaciones tradicionales que coloquen a este texto en cualquiera de los “falsos extremismos ideológicos” que hoy se manifiestan en los medios de comunicación y parte de la doctrina – como la teoría de la estatización absoluta frente al irrestricto carácter de la propiedad privada y el libre mercado sin intervención del Estado- abordaré el caso desde la perspectiva de legalidad y la legitimidad de los actos. Si bien ambos criterios (o conceptos) son explicados por prestigiosos autores, a los fines del presente los entiendo cómo: un análisis estricto de derecho positivo y como un análisis entre la vinculación (el dialogo) entre derechos fundamentales con lo político y la participación popular.

El caso “Vicentin” es importante porque que nos muestra cabalmente el mayor problema que tenemos como país: la imposibilidad de dialogar mediante mecanismos formales y efectivos sobre un determinado conflicto. En este sentido vale preguntarse ¿Por qué es Vicentin y no cualquier otra de las miles de empresas hoy concursadas la que está sujeta a semejante disputa? Por intereses particulares y política partidaria sin fundamentos claros de interés general.

El fallo del Juez de Reconquista dictado recientemente ha cerrado un círculo que combina a la perfección los intereses particulares (opuestos) de cada uno de los intervinientes en el caso y que lejos están del interés general: I) La llamativa negligencia de una empresa que termina en un proceso concursal: ¿Cómo puede ser esto posible siendo parte del tal vez único mercado eficiente y realmente productivo del país: la agro industria? II) La comprobación de ciertos elementos autoritarios por parte del Poder Ejecutivo a través del dictado de un DNU insuficiente e irrazonable (e inconstitucional) III) La actividad parsimoniosa, casi inexistente, del Poder Legislativo, IV) Las manifestaciones políticas, no podrían entenderse de otra manera, del Poder Judicial a través de fallos inexplicables y argumentativamente irrazonables e incoherentes, V) la manifestación popular y las consecuencias que ello produce en las esferas de poder, canalizadas a través de los medios de comunicación y a la vez influidas por estos.

El problema más grave que puede dilucidarse es que desde las esferas del poder público se intentan justificar las medidas tomadas en razón de la legalidad de dichos actos sin tener en cuenta la legitimidad de los mismos. No basta con atribuirse interpretaciones de la Constitución Nacional sobre los derechos allí consagrados sin dar argumentos y razones sobre ellos. Resulta imperioso explicar las ideas que contienen las medidas adoptadas, explicitar los objetivos, planificar, estructurar y contraponer argumentos a los fines de dotar de legitimidad a la toma de decisiones. En definitiva me refiero a la idea de que no es posible pensar en procesos legales desvinculados de la cuestión política y la participación popular. La realidad demuestra lo contrario.

Hoy la controversia por “Vicentin” se ha convertido en una cuestión de importancia publica (distinto a un interés general) que resulta necesaria encausar dentro de procesos democráticos. No basta con las discusiones en torno a la legalidad de las medidas porque se incurrirá indefectiblemente en una contienda de poderes, en la cual, el derecho será un mero instrumento al servicio del “más fuerte”. Creo que en un caso como el presente, cualquier decisión argumentada en dicho sentido terminará en discusiones de corte autoritarios que cerrarán el dialogo e impedirán un verdadero control de legitimidad de dichos actos.  ¿De qué le sirve al poder ejecutivo erigirse en el intérprete máximo de la Constitución Nacional y repasar las posturas planteadas en torno a la división de poderes, la prevalencia del proceso concursal, el resguardo de la propiedad privada, la técnica expropiatoria, la competencia de los poderes públicos? ¿No sería conveniente que se expliquen con razones fundadas la utilidad pública y la soberanía alimentaria? ¿De qué vale un Estado de Derecho cuya base constitucional y legal se interpreta conforme a los designios del mejor postor?

Si aceptamos que está en juego el interés general se debe aceptar una discusión en torno a lo político, que no debe confundirse con la política partidaria, y que debe incluir a trabajadores, sindicatos, empresarios, magistrados, funcionarios, científicos, técnicos y la sociedad en su conjunto. De lo contrario, seguiremos fomentando disposiciones de excepción que se convierten en regla general sin claros contornos de una política empresarial y económica a seguir. Sin los suficientes argumentos sobre la cuestión de fondo, mantendremos eternamente un país dividido en opiniones contrarias en las que unos no consideran la creación de la riqueza privada como bastión fundamental del desarrollo y progreso económico y otros no creen en la capacidad del Estado para ejercer su rol y sus fines, es inviable.

Hasta lo aquí visto, resulta posible pensar que el mecanismo de disputa seguido en “Vicentin” volverá a repetirse con otras empresas si no pensamos críticamente lo que nos está sucediendo. Una solución posible sería incorporar la participación social y la transparencia (publicidad de todos los actos de gobierno) tanto en los procedimientos administrativos como en los procesos judiciales. Por ejemplo: ¿Por qué el público no puede oír las audiencias que mantiene el Presidente con los directivos de la empresa Vicentin? ¿En qué medida se han vulnerado las garantías del debido proceso para los acreedores de Vicentin? ¿Cuál es el rol de posibles compradores y productores agropecuarios en relación al proceso concursal? Por ello creo que en todo proceso de dialogo debe necesariamente existir espacio para el debate y la intervención pública: tanto en la administración empresarial, en el procedimiento administrativo, en el proceso judicial, en el debate legislativo, en la protesta pública y en los medios de comunicación. De lo contrario, seguiremos encontrando decisiones unilaterales no dialogadas con los intervinientes y con la sociedad en general que a la postre terminarán sin legitimidad y socavando el Estado Constitucional de Derecho.

[1] Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, Master en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad de Málaga.

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