Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Administrativo Nro 100 – 01.03.2016


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

La tribuna popular como mecanismo de participación

Por Juan Pablo Falcón

I.- La importancia de participar

            La participación ciudadana, es la génesis de la democracia, aquello que nos conecta con lo público y que nos permite manifestar nuestras opiniones e inquietudes frente a una decisión que afectará nuestros derechos y obligaciones. Lamentablemente, nuestro país no ha sido un ejemplo de democracia abierta, plural, participativa y dialoguista sino que por el contrario, el proceso de toma de decisiones siempre se ha instrumentado a espaldas de la sociedad, en despachos cerrados o cesiones parlamentarias en donde el voto de cada uno de los legisladores ha sido definido con anterioridad, lejos de la mirada ciudadana.

            Por otra parte, los instrumentos que garantizan la participación no han sido vistos como factores que sirvan para enriquecer el debate, para mejorar la decisión, pensarla y madurarla, sino como molestos pasos necesarios para legitimar o no, una decisión tomada con anterioridad. Las audiencias publicas celebradas en días hábiles y horarios laborables a fin de cercenar la convocatoria, o la omisión legislativa permanente en dictar una norma nacional que garantice el acceso a la información publica, los ejemplos que ven a la participación y rendición de cuentas como “molestias” son numerosos y elocuentes.

            El fallo bajo comentario,  nos ofrece una interesante arista dentro del abanico de posibilidades que se abren en el esquema de la participación ciudadana, la “tribuna popular” entendida como un puente de participación entre los órganos legislativos y el ciudadano constituye una herramienta interesante para fortalecer el debate en tiempo en donde los órganos legislativos se han transformado en escribanías del partido político mayoritario.

II.- La ciudad como democracia participativa

            La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye la piedra basal de un sistema que ve en participación ciudadana un elemento fundamental en la vida institucional. Así lo dispone su artículo 1, cuando organiza “sus instituciones autónomas como democracia participativa”. Claro que ese es el principio introductorio de algo mucho mas amplio; la participación no es tan solo un atractivo postulado dentro del mundo normativo sino que por el contrario, se orienta a ser un derecho efectivo y plenamente operativo que, lamentablemente, no ha tenido el impulso político que merecía, por lo que una buena parte de los reclamos destinados a hacer efectiva la participación ciudadana se ha judicializado buscando que los magistrados obliguen a la autoridad administrativa a hacerla efectiva.[1]

            El caso aquí comentado no es mas que uno de aquellos coletazos que se han venido dando dentro de esta tensa disyuntiva; por un lado los órganos políticos reticentes a instrumentar las medidas legalmente previstas para hacer efectiva la participación y por el otro lado los ciudadanos que reclaman la apertura de canales de diálogo, ahora bien la dicho nos obliga a formularnos la siguiente pregunta ¿que es la tribuna popular? ¿cuales son los elementos medulares de este precedente?

            Más allá de una necesaria conexión con el folclore futbolero, la tribunal popular es un instituto que se encuentra previsto en los artículos 76 y 77 del reglamento interno de la legislatura de la ciudad y que permite a los ciudadanos y organizaciones presentes en la sesiones parlamentarias plenarias hacer uso de la palabra antes los legisladores.

            El problema aquí planteado, estaba dado en que el instituto no se encontraba reglamentado y, según las razones desarrolladas por las autoridades pública, su aplicación en las sesiones legislativas no podía ser llevado a cabo por tal motivo.

            Los argumentos brindados por la Cámara son concretos, elocuentes y se erigen a fin de desarticular la postura asumida por la autoridad estatal en la gran mayoría de los casos en los últimos tiempos. De esta manera los magistrados desarrollan sus argumentos planteando la efectiva existencia de un caso, una visión amplia de la legitimación activa, el rechazo a los postulados desarrollados en cuanto a que el control constituye una violación a la división de poderes, y finalmente la importancia de la operatividad de las normas. En este último punto el tribunal es preciso en cuento destaca que su cumplimiento (en este caso provenientes de un reglamento interno) no resulta ser una cuestión privativa de la autoridad administrativa de aplicación y la misma no puede excusarse usando como motivo su falta de reglamentación.

            Los decisión comentada resulta interesante no solo porque sigue una línea jurisprudencial que se ha venido dando en los últimos años, consistente en ampliar la legitimación,  sino también en resaltar que la falta de reglamentación de una norma nunca puede redundar en la justificación de su incumplimiento por parte de la autoridad, toda vez que aceptar dicho argumento implicaría  colocar la voluntad de la administración por sobre la  la norma y por sobre el Estado de Derecho.

            Ahora bien, mas allá de esto, el precedente aquí comentado nos deja otra interesante arista, tal vez solapada entre las anteriores, y que consiste en revalorizar la participación como derecho efectivo y no solo como un formalismo prescindible en la toma de la decisión.

             La construcción de una verdadera “democracia participativa” tal cual consagra el artículo inaugural de la Constitución local, se edifica a través de un Estado comprometido con el cumplimiento de las leyes, que vea en la participación ciudadana un factor elemental en la toma de la decisión pública y no como un simple paso burocrático.

            En los últimas décadas, hemos sido testigos de numerosos precedentes judiciales que canalizaron reclamos destinados a lograr la apertura de canales de dialogo, participación e información[2] entre la autoridad pública y la ciudadanía. El fenómeno social que subyace a esta judicialización es claro, y constituye un mensaje directo hacia el sector político que ha manejado el poder decisor signado por intereses espurios y sospechas de corrupción.

III.- Conclusión

            El fallo aquí comentado nos deja dos claros mensajes sobre los cuales es necesario pensar el Estado que queremos, el primero lo constituye la importancia del Estado de Derecho, nada esta por encima de la ley y la falta de reglamentación de una norma nunca puede entenderse como un justificativo para su incumplimiento y segundo, es necesario reivindicar la participación como un elemento medular en la toma de la decisión pública, pues la participación ciudadana es el corazón de la democracia, sin ella todo es una puesta en escena.

[1] Tal ha sido el caso del Presupuesto Participativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “García Elorrio, Javier María C/GCBA y Otros  s/Amparo” EXP Nº 35.421/0

[2] Basta recordar los precedentes emanados por la Corte Suprema de Justicia de la Nacional en materia de acceso a la información pública “Asociación Derechos Civiles C/ EN-PAMI -(Dcto. 1172/03) s/ amparo ley 16.986” y “CIPPEC C/ EN – Mº Desarrollo social- dcto. 1172/03 s/amparo ley 16.986”

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