Home / Area / COMENTARIO A FALLO Diario Penal Nro 211– 19.10.2018


COMENTARIO A FALLO

Análisis del precedente “R., M. J.” De la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Parte III)

Por Pablo Ordóñez

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas también se ha dedicado al tema y en 1982 señaló en el principio n° 1 de los principios de ética médica que el personal de salud, especialmente los médicos, encargados de la atención de personas presas o detenidas tienen el deber de brindar la protección a la salud física y mental de dichas personas y de tratar sus enfermedades y padecimientos del mismo modo y con la misma calidad de prestación que brindan a las personas que no están presas.[2]

Asimismo, en su resolución n° 46/119 del 17 de noviembre de 1991[3] adoptó los Principios para la Protección de los enfermos mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental[4].

Dichos principios ponen especial énfasis en el carácter excepcional de las Medidas de Seguridad, al manifestar que se impondrán “sólo cuando sea el único medio disponible para impedir un daño inmediato o inminente al paciente o a terceros. Esas prácticas no se prolongarán más allá del período estrictamente necesario para alcanzar ese propósito…”.[5]

Por su parte, el antiguo Código Civil establecía en el art. n° 482, 1° párrafo, que “el demente no será privado de su libertad personal sino en los casos en que sea de temer que, usando de ella, se dañe a sí mismo o dañe a otros. No podrá ser trasladado a una casa de dementes sin autorización judicial” y en el art. n° 484 se señalaba que la medida de privación de la libertad del paciente debe ser revisada judicialmente mediante procedimientos simples, expeditivos, dotados de la mayor celeridad, y si corrrespondiera prolongarla por razones terapéuticas, ello debe ser objeto de un minucioso control periódico jurisdiccional obligatorio de los motivos de la internación a los efectos de estudiar si las condiciones que determinaron su reclusión se mantienen o se modificaron en el tiempo.

Mientras que el Código Civil aprobado por la ley n° 26.994 y promulgado según el decreto n° 1795/2014 establece en su artículo n° 41 que la internación sin consentimiento debe estar fundada en una evaluación de un equipo interdisciplinario que señale los motivos que la justifican y la ausencia de una alternativa eficaz menos restrictiva de la libertad; sólo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño para sí o para terceros; es un recurso terapéutico de carácter restrictivo que debe ser revisado periódicamente; debe garantizase el debido proceso, el control judicial inmediato y el derecho de defensa mediante asistencia jurídica; y la sentencia que aprueba la internación debe especificar su finalidad, duración y la periodicidad de la revisión.

Asimismo, el mencionado art. n° 41 dispone que toda persona con padecimientos mentales, se encuentre o no internada, goza de los derechos fundamentales y sus extensiones.

Por su parte, la Ley de Salud Mental, ley n° 26.657, promulgada el 2 de diciembre de 2010 y publicada en el boletín Oficial el 3 de diciembre de 2010, promueve una política de salud mental respetuosa de los derechos de las personas y orientada a la inclusión social de aquellas con algún padecimiento mental.

Expresa en su art. n° 1 que su objeto es asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas sus personas. A su vez, en su art. 3 define a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos.

Por otro lado, en su art. n° 4 expresa que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Asimismo, en su art. n° 7 le reconoce a las personas con padecimientos mentales el derecho a la atención sanitaria gratuita, a preservar sus grupos de identidad, a recibir el tratamiento que menos restrinja sus derechos, a ser acompañado por sus familiares, a acceder a su historia clínica, a que en el caso de internaciones involuntarias las condiciones sean supervisadas periódicamente, a no ser discriminado, a ser informado, a poder tomar decisiones, a no ser objeto de experimentos, a que su padecimiento no sea considerado inmodificable, a no ser sometido a trabajos forzosos.

En cuanto a la internación, en el art. n° 14 se señala que es de carácter restrictivo y que sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios. El art. n° 15 dispone que debe ser lo más breve posible. Y en cuanto a la internación involuntaria, el art. n° 20 dispone que sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud exista una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Dicha situación de riesgo debe ser declarada con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas (uno de los cuales debe ser psicólogo o médico psiquiatra).

A su vez, el anteproyecto del Código Penal desestima “los juicios de peligrosidad u otras circunstancias incompatibles con la dignidad y la autonomía de la persona”. El actual sistema realiza únicamente la indicación de que esa internación sólo puede concluir si un examen de peritos determina que desapareció el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. Explicando el Licenciado en Psicología Leonardo Gorbacz[6] que suele suceder, en particular cuando los involucrados son personas de bajos recursos, que ese momento nunca llegue. Señalando el autor del proyecto de ley que la condición de “ausencia de peligrosidad” es de cumplimiento imposible, ya que nadie sabe pronosticar a ciencia cierta la conducta de una persona.

Una cuestión a resaltar es que el anteproyecto parte de un principio desde su artículo n° 1 consistente en que “para la determinación del delito y de la pena no se tomarán en cuenta el reproche de personalidad, juicios de peligrosidad, ni otras circunstancias incompatibles con la dignidad y autonomía de la persona”. Así, el abandono de la noción de peligrosidad, en línea con la ley de salud mental y la reforma del Código Civil trae como consecuencia una serie de cambios:

  1. Si bien la causa para determinar la inimputabilidad sigue siendo la misma que la actual, esto es: la imposibilidad al momento de comprender su criminalidad o dirigir sus acciones, ya no se la asocia a una insuficiencia de sus facultades o alteraciones morbosas de las mismas como define el actual código, sino que es a causa de cualquier anomalía, trastorno o alteración psíquica o transitoria;
  2. Se establece la posibilidad de una imputabilidad atenuada, es decir: un punto intermedio entre la imputabilidad y la inimputabilidad plenas, para quienes al momento del hecho delictivo tuvieran considerablemente disminuida la capacidad para comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones conforme a esa comprensión, correspondiendo entonces una disminución de la pena entre la mitad del mínimo y del máximo previsto;
  3. La medida de internación sólo se podrá aplicar a las personas que hayan cometido delitos cuya pena máxima fuere superior a diez años;
  4. Esa medida de internación será sólo en aquellos casos en los que un examen de peritos acredite la presencia de agresividad contra la vida, la integridad física o la libertad sexual;
  5. Si se dispone una medida de internación, ésta tendrá un plazo establecido en la resolución, que no podrá exceder la mitad del máximo de la pena conminada y si al finalizarlo la persona continúa con un padecimiento mental, se dará intervención al juez civil;
  6. La internación puede cesar antes de ese plazo en caso de desaparición del riesgo creado por la agresividad;
  7. El juez puede, en cualquier momento, cambiar el establecimiento por uno más adecuado o sustituir la medida de internación por otro tipo de tratamiento o control, pero está obligado a revisar anualmente la medida oyendo directamente a la persona;
  8. En los casos en que se declare la inimputabilidad de una persona que hubiere cometido un delito de menor, para el que corresponda una pena máxima inferior a los diez años, o en cuyo examen pericial no se determinara la presencia de agresividad, se dará intervención a un juez civil para que aplique la ley de salud mental. La cual establece que la internación es el último recurso y debe ser por períodos breves.

Según lo expresaron sus propios autores en los fundamentos, el anteproyecto del código penal plantea un camino intermedio: mantiene en manos del juez la internación, incluso en establecimientos psiquiátricos, pero sólo para los delitos más graves, por tiempo determinado y sujeto a revisiones permanentes.[7]

 

[1] Prosecretario Letrado Efectivo en Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Orales Criminales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 6 –titular Dr. Gustavo Ferrari.

[2] “Amnistía Internacional. Médicos, el Personal de Salud ante la tortura”, 1990, Montevideo, Editorial “EDAI”.

[3] Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo sexto período de sesiones, Suplemento n° 49, p. 189, ONU, Doc, a/46/49 – 1991.

[4] Este documento fue tomado por la Comisión y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como fundamento para decidir en los casos “Víctor Rosario Congo c. Ecuador” (Informe n° 63/99 de la Comisión IDH, caso 11.427, Ecuador, del 13 de abril de 1999, párr.. 54) y “Ximenes Lopes c. Brasil” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 4 de julio de 2006, párrs. 128/32).

[5]  Apartado nº 11.

[6] Ex diputado Nacional, autor del proyecto que dio lugar a la Ley Nacional de Salud Mental n° 26.657.

[7] Nota del diario Página 12 elaborada por el Licenciado en Psicología, ex Diputado Nacional y autor del proyecto que dio lugar a la Ley Nacional de Salud Mental n° 26.657, Leonardo Gorbacz, titulada “Inimputabilidad y Salud Mental”, publicada el jueves 20 de febrero de 2014.

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