Home / Area / COMENTARIO A FALLO Diario Laboral Nro 183 – 08.11.2018


COMENTARIO A FALLO

La figura del abogado externo y la relación de dependencia

Por Eugenia Patricia Khedayán (1)

Por Eugenia Patricia Khedayán[1]

  1. Introducción

En artículos anteriores, he tratado el tema de la importancia de la prueba testimonial al momento de acreditar la existencia de una relación laboral[2]. En esa oportunidad, recordé que si bien la noción de dependencia incluye ese poder de dirección del empleador y la correlativa obediencia del trabajador sometiéndose a aquel, actualmente se independizó de la subordinación jurídica, para hacer énfasis en la ajenidad, es decir, a la incorporación a una organización ajena que provee los medios de producción, adquiere los frutos y corre con los riesgos[3].

En cuanto a los aspectos probatorios, el artículo 23 de la L.C.T. dispone que cuando se acredita la prestación de servicios a favor de otro se presume la relación de dependencia, siendo ésta una presunción legal, “iuris tantum”, que genera la inversión de la carga probatoria. En consecuencia, el presunto empleador tiene la carga de probar que esos servicios no tienen como causa un contrato de trabajo.

Además, la jurisprudencia argentina ha incorporado la técnica del haz de indicios[4], mediante la cual para caracterizar una relación como laboral, debe comprobarse si existen indicios de un posible estado de subordinación. Para ello no se exige que se verifique la presencia de todos los indicios sino que basta con inferir de la unión de varios de ellos la existencia de un vínculo de subordinación.

  1. El fallo comentado

En esta ocasión me referiré a un pronunciamiento[5] donde la actora reclamó por considerar que los servicios que prestaba en carácter de abogada externa eran parte de una relación de dependencia, en virtud de que actuaba como apoderada en las causas que tramitaban en los departamentos judiciales de Quilmes, La Plata y Lomas de Zamora a cambio de un abono o remuneración mensual que debía facturar como monotributista y que no le estaba permitido el cobro de los honorarios regulados en su favor donde el obligado fuera el banco Patagonia S.A.

La Sala IX entendió que no existió relación de dependencia laboral, a partir de lo siguiente: 1) la testigo más relevante de la actora “se limita a exponer meras hipótesis respecto a la forma en que llevaba a cabo su servicio la actora en las sucursales de la demandada de Quilmes y Lomas, arriesgando que lo hacía en lugares físicos que allí le asignaban”; 2) “De la imposibilidad de brindar servicios a favor de otros clientes con intereses contrapuestos a los del Banco demandado no puede extraerse la dependencia que se invoca, toda vez que atañe a la naturaleza de la prestación que no se defiendan los intereses jurídicos de antagonistas en un conflicto”; 3) “Tampoco la ocasional presencia de la actora en las sucursales de la demandada a fines de recabar informes y documentación pertinente para las causas en las que intervenía puede considerarse un extremo relevante en el cauce de asimilar su prestación a la prevista en el art. 21 de la LCT, ya que tales gestiones resultaban imprescindibles para llevar a cabo en debida forma la representación comprometida con la accionada”; 4) el intercambio de correos electrónicos entre la accionante y el personal jerárquico del banco demandado, “ponen de manifiesto exclusivamente la comunicación esperable entre quien contrata los servicios de representación letrada y quien la ejerce en el marco de la figura del mandato regulada en los arts. 1869 y ssgtes. del Cód. Civ. vigente a la época en debate”. 5) se destacó la calidad de abogada externa.

En síntesis, a criterio de la Sala IX, de las pruebas aportadas por la actora no se extrae concretamente que la demandada le impusiera una frecuencia mínima ni tampoco un horario obligado para tales menesteres, “de lo que se extrae que la demandante disponía de la prestación a su conveniencia de acuerdo con las exigencias que le imponía exclusivamente el ejercicio de su profesión”.

Debemos señalar que la Sala IX remarca que la actora no aportó testimoniales contundentes y sólidas en favor de su reclamo.

Con anterioridad al referirme al fallo “Rica”[6], he comentado que la Corte ha delimitado los alcances del artículo 23 de la LCT y enunciado cuáles indicios consideró irrelevantes a fines de declarar que existe una relación laboral. La Corte adopta la postura que entiende por dependencia, no a la subordinación jurídica, sino a la ajenidad, es decir, a la incorporación a una organización ajena que provee los medios de producción, adquiere los frutos y corre con los riesgos[7]. La Corte actual parece revalorizar el contrato de servicios y se muestra estricta a la hora de admitir que se ha acreditado un vínculo laboral.

En este fallo, la Sala IX destaca la diferencia entre el mandato y la relación de dependencia, ya que en el caso no se ha logrado probar ninguno de los indicios tradicionales de subordinación, como horario de cumplimiento obligatorio, el compromiso de disponibilidad para realizar tareas futuras (el fallo destaca que “disponía de la prestación a su conveniencia”), lugar de trabajo obligatorio, la exclusividad o que los medios de trabajo o los gastos profesionales están a cargo de la otra parte, entre otros.

En definitiva, a criterio de la Sala IX, la actora no estaba inserta en una organización ajena que provee los medios de trabajo, sino que prestaba servicios con la libertad de organizar sus tiempos y lugar de trabajo a su conveniencia, lo cual es propio de un trabajador autónomo.

Considero que es irrelevante que se califique como externo a un abogado al momento de valorar si hay o no relación de dependencia, porque debe aplicarse el principio de primacía de la realidad y detenerse a estudiar si existen indicios de subordinación.

Cabe aclarar que siendo que los abogados pueden prestar tareas tanto bajo relación de dependencia como de forma autónoma, debe resolverse cada caso en particular utilizando la técnica del haz de indicios, existiendo jurisprudencia que se ha pronunciado en ambos sentidos.

[1] Master en Derecho Empresario en la Universidad Austral. Eugeniakhedayan@hotmail.com.

[2] Ver Diario Laboral Nro 180- 18.10.2018, en http://dpicuantico.com.

[3] Ver MACHADO, José Daniel, “El trabajoso deslinde del concepto de dependencia y sus vecinos”, en GARCÍA VIOR, Andrea (Coordinadora), Colección Temas de Derecho Laboral: “Teletrabajo, parasubordinación y dependencia laboral”, ed. Errepar, Buenos Aires, 1999, pág. 151.

[4] Según la Recomendación 198 sobre la Relación de Trabajo, entre esos indicios podrían figurar los siguientes: “a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo, y b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador”. En el Informe Supiot se enunciaban los siguientes haz de indicios: “1) el interesado se compromete a ejecutar personalmente el trabajo, 2) en la práctica realiza el trabajo él mismo. 3) su compromiso supone una disponibilidad para realizar tareas futuras, 4) la relación entre las partes tiene una cierta permanencia, 5) la relación de trabajo tiene una cierta exclusividad. 6) el interesado está sometido a órdenes o a un control de la otra parte en lo que se refiere al método, el lugar o el tiempo del trabajo, 7) los medios de trabajo son aportados por la otra parte, 8) los gastos profesionales están a cargo de la otra parte, 9) el trabajo es remunerado, 10) el trabajador está en una posición económica y social equivalente a la de un asalariado” (SUPIOT, Alain, Trabajo y empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del Trabajo en Europa, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999, p. 49).

[5] CNTrab, Sala IX, “Manzoni, Jorgelina c/Banco Patagonia SA s/Despido”, 15/08/2018.

[6] Ver de mi autoría “La CSJN revaloriza el contrato de servicios y delimita los indicios de la dependencia laboral”, publicado en Diario Laboral Nro 158 – 03.05.2018.

[7] Ver MACHADO, José Daniel, ob.cit., pág. 151.

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