Home / Area / COMENTARIO A FALLO Diario Laboral Nro 181 – 25.10.2018


COMENTARIO A FALLO

La responsabilidad del Fondo de Reserva y la jurisprudencia de la Corte Suprema

Por Jorge A. Insua
  1. Introducción.

El pasado 11/10/2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en autos “Villanueva, Silvia Marcela y otros c/ La Gruta S.R.L. s/ accidente – ley especial”[1].

En el mencionado precedente la Corte hace un análisis de los alcances de la responsabilidad tanto del Fondo de Garantía (FDG) previsto en el art. 19 de la ley 24.557 (LRT) como del Fondo de Reserva (FDR) previsto en el art. 34 de la misma ley.

En el fallo el Máximo Tribunal de la Nación entiende que existió una aplicación incorrecta del marco normativo al utilizar las disposiciones del art. 34 ya citado al caso de un empleador no asegurado insolvente, cuando dicha situación estaría expresamente prevista en el art.19 también mencionado.

Mas allá del resultado final del precedente que será abordado con posterioridad, la conlusión esbozada por el Tribunal cimero resulta de utilidad para comprender el actual estado de incertidumbre que existe con respecto a los alcances del Fondo de Reserva. Entendemos de esta forma, que posiblemente lo aquí analizado, haya realizado un aporte, acaso involuntario, en el largo camino hacia la solución de dicha incertidumbre.

  1. El caso.

Resulta necesario comenzar por diferenciar los ambitos de aplicación del FDG y el FDR. Como una primera aproximación parece evidente concluir que ambos institutos buscan resguardar la situaciones de insolvencia que se presentan en el ámbito de aplicación de la LRT.

Con respecto al FDG, específicamente el art. 29 de la LRT establece que en caso de insolvencia patrimonial del empleador no asegurado o autoasegurado demostrada sumariamente dicha insolvencia, será este Fondo, a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajode la Nación (SRT), el que deberá responder.

Por otro lado, el art. 34 de la LRT dispuso la creación del FDR a cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) que tiene como función abonar las prestaciones que las ART dejaran de abonar como consecuencia de su liquidación.

Ambos institutos fueron reglamentados por el decreto 334/1996.

En el caso en análisis, si bien el demandado era un empleador no asegurado declarado insolvente, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones dispuso la aplicación de lo dispuesto en el art. 34 LRT recién citado y condenó en consecuencia a abonar las prestaciones dinerarias al FDR en lugar del FDG.

Al no existir dudas en cuanto al yerro injustificado en la aplicación de una disposición por otra, la Corte dejó sin efecto la sentencia de Cámara y ordenó la remisión de las actuaciones al Tribunal de origne para que se dicte un nuevo pronunciamiento acorde a lo allí establecido.

Mas allá de la condena en sí, el real objeto de la crítica al fallo de la Sala y de análisis por parte de la Corte – que surge evidente de sus considerandos y de la exposición de motivos – es el alcance de la condena al pago de las costas y gastos causídicos del proceso.

En tal sentido expresamente la Corte dijo: “Que para una mejor comprensión de la cuestión planteada es conveniente recordar que la situación de “insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado” se encuentra específicamente contemplada en el art. 29 de la ley 24.557, según el cual las indemnizaciones previstas en ese precepto serán financiadas por la SRT con cargo al “Fondo de Garantía”. Al reglamentar el funcionamiento de este fondo, el art. 19.5 del decreto 334/96 limito? la cobertura al importe de las prestaciones previstas en la ley, excluyendo expresamente “los intereses, costas y gastos causídicos.[2] (El resaltado me pertenece).

De esta forma deja en claro la Corte que en el caso de responsabilidad del FDG la cobertura abarcará exclusivamente el capital, excluyendo intereses, costas y gastos causídicos, por surgir ello manifiesto de la reglamentación aplicable.

Específicamente se hace referencia en el precedente al diferente tratamiento que recibieron en la reglamentación ambos fondos. En tal sentido, expresamente se establece que: “… los jueces de la causa incurrieron en un palmario error de encuadre normativo al pasar por alto las referidas prescripciones que resultaban claramente aplicables en razón de que el obligado al pago es un empleador no asegurado declarado insolvente. En esas condiciones, quien debe responder es el “Fondo de Garantía” con la limitación establecida por el citado decreto. Sin embargo, las decisiones impugnadas se apartaron de tales directivas y dispusieron que •fuese el “Fondo de Reserva” el que se haga cargo del capital de condena con ma?s los intereses y las costas cuando este “Fondo”, administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y no por la SRT, solo esta? destinado a cubrir la responsabilidad de las compañías aseguradoras en estado de liquidación …” [3]

Así, es la diferencia de tratamiento en la reglamentación la que impone la posterior diferencia en los alcances de las responsabilidades de ambos Fondos.

[1]              Expte. 34047/2014/2/RH1, autos “Villanueva, Silvia Marcela y otros c/ La Gruta S.R.L. s/ accidente – ley especial. “

[2]              Fallo comentado, considerando Nro. 4.

[3]              Fallo comentado, considerando Nro. 5

DESCARGAR ARTÍCULO