Home / Area / COMENTARIO A FALLO Diario Laboral Nro 156 – 19.04.2018


COMENTARIO A FALLO

La inconstitucionalidad de la Ley 14.997 de la Provincia de Buenos Aires: actualidad jurisprudencial

Por Eugenia Patricia Khedayán*

En un artículo anterior[1] analicé un fallo del Tribunal del Trabajo nro 1 de Quilmes[2] que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 14.997 de la Provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, comentaré un pronunciamiento en sentido contrario del Tribunal del Trabajo nro 2 de Lanús[3].

El Tribunal plantea como interrogante “¿Resulta válida constitucionalmente la instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente otorgada a las Comisiones Médicas Jurisdiccionales mediante el art. 1° de la Ley 27.348 y la adhesión que a ese respecto ha hecho la Provincia de Buenos Aires con el dictado de la Ley 14.997?”.

De ello, se derivan dos cuestiones: La previa, que es analizar la constitucionalidad de lo determinado en el art. 1° de la Ley 27.348, y la consecuente, es decir, si la adhesión de la Ley 14.997 es constitucional.

 En cuanto a la primer cuestión, concluye que “la instancia administrativa previa a la judicial, de carácter obligatorio y excluyente otorgada a las Comisiones médicas jurisdiccionales dependientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, para determinar el carácter profesional de una enfermedad laboral o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la L.R.T., no conculca las garantías constitucionales de igualdad, debido proceso, juez natural (arts. 16, 18 y concordantes de la C.N.), y menos aún el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 Constitución Provincial). En ese sentido lo determinado en el art. 1° de la Ley 27.348 se encuentra en total sintonía con la doctrina tanto de la CSJN y de la SCBA antes detallada”. Para ello decidir brinda los fundamentos que a continuación se exponen:

En principio, el Tribunal destaca que conforme la redacción del art. 4° de la Ley 26.773, según texto Ley 27.348, si bien el trabajador debe transitar por la instancia de la Comisión Médica, ya no se encuentra impedido de ocurrir a su Juez natural, tanto sea porque no esté de acuerdo con lo dictaminado por dicho organismo, y apele su decisión o formalice la acción judicial con fundamento en otros sistemas de responsabilidad.

Luego, el Tribunal considera que el sistema instaurado en el título primero de la Ley 27.348 para las Comisiones Médicas como instancia previa, obligatoria y excluyente a la judicial, se ajusta a la doctrina establecida por la CSJN en los autos Fernández Arias c. Poggio[4]. Agrega que la SCBA, ha receptado la creación de Tribunales administrativos, pues a través de la Ley 10.149 en su artículo 17, se instituyó el sometimiento a arbitraje obligatorio por ante la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para resolver las controversias individuales derivadas de la suspensión por razones disciplinarias.

La segunda cuestión, es planteada por el Tribunal en los siguientes términos: “el interrogante que nos toca desentrañar, es si el sistema reseñado resiste la intervención obligatoria de un organismo nacional en jurisdicción provincial, como instancia previa a la vía jurisdiccional, y si es o no cuestionable la adhesión que la Provincia de Buenos Aires ha hecho al sistema instaurado en el Título Primero de la Ley 27.348”. Al respecto, la conclusión del Tribunal es que “la Ley 27.348 en su título primero ha establecido una concurrencia entre la Nación y las Provincias para resolver las contiendas en materia de accidentes de trabajo. En primer lugar interviniendo la Nación a través de un trámite administrativo rápido y abreviado, con decisiones que la Provincia a través de la vía jurisdiccional puede revocarlas o ratificarlas. En esa armonía ingresan los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.

En sentido contrario, el fallo “Marchetti” del Tribunal de Quilmes mencionado anteriormente, consideró que la ley 14.997 viola la autonomía provincial y vulnera las imposiciones de los artículos 5, 75 inciso 12, 121 y 122 de la Carta Magna, ya que no solo implica una renuncia de carácter general a dictar las normas de procedimiento, sino consentir incluso que sea la Nación quien las sustituya en tal tarea a través de la actuación de un organismo administrativo como es la Superintendencia de Riegos del Trabajo.  Además, la ley 14.997 viola el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que garantiza “… la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia ...”, porque impone un recorrido previo por el procedimiento administrativo previsto por la Ley 27.348 y veda a los trabajadores el ilimitado acceso a la justicia. A estos argumentos, que comparto, se agrega que si bien la ley 27.348 permite el “acceso a la justicia”, impide el control judicial amplio y suficiente[5].

Por otra parte, el Tribunal de Trabajo de Zárate, en la causa “Carugatti”[6], declaró la constitucionalidad del art. 1 de la ley 27348, pero a la vez declaró la inconstitucionalidad del art.2 , en sus apartados 2, 3, 4, y 5; y del art. 14 inc. 1, apartados 2, 3, 4 a) y b), y 5, de la ley 27348, y consecuentemente, decretó que cumplido con lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 27.348, quedaba en el caso expedita la acción plena prevista en la ley 11.653.

Considero que la Ley 14.997 es inconstitucional ya que viola diversas normas de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, las garantías del debido proceso y acceso irrestricto a la justicia y la garantía del Juez Natural, ignorando que únicamente los magistrados se encuentran aptos para resolver las complejas cuestiones jurídicas involucradas. En tal sentido, el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora presentó el 19 de marzo de este año, un amparo ante la Suprema Corte para que declare la inconstitucionalidad de la Ley 14.997[7].

En definitiva, resulta desacertado el fallo bajo comentario, y frente a estas diversas posturas de los Tribunales del Trabajo, sería recomendable que a la brevedad la SCBA se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la Ley 14.997.

[*] Master en Derecho Empresario en la Universidad Austral. Eugeniakhedayan@hotmail.com.

[1] Ver de mi autoría “Riesgos del Trabajo: La jurisprudencia declara la inconstitucionalidad de la Ley 14.997 de la Provincia de Buenos Aires”, Diario Laboral nro 148, en http://dpicuantico.com/area_diario/doctrina-en-dos-paginas-diario-laboral-nro-148-22-02-2018/.

[2]Cfr. Tribunal de Trabajo de Quilmes nro 1, Marchetti, Jorge G. c/Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires s/Accidente de Trabajo – Acción Especial, 05/02/2018. Ver asimismo Sentencia del 1/02/2018, Tribunal del Trabajo Nº 1 de Quilmes, en la causa Nº 38922, caratulada “Ayala Eduardo Mamerto c/ Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ Accidente de Trabajo – Acción especial”; y el 20 de febrero de 2018 en el juicio “Guillin Williams, Sebastián vs. La Segunda ART S.A. s. Enfermedad – Accidente”, Fallo del Tribunal del Trabajo de Junín, provincia de Buenos Aires.

[3] Tribunal del Trabajo Nro. 2 de Lanús, 12/03/2018, “Bielokurec, Néstor Fabián c. Omint Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A. s/ accidente de trabajo”, Expediente N° 14448.

[4] Brinda los siguientes fundamentos para ello: “…sin que esto implique desmerecimiento de esta vía jurisdiccional para resolver la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad y la incapacidad resultante, podemos decir como resulta de la Resolución 899-E/2017 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que las comisiones médicas jurisdiccionales se encuentra con las condiciones necesarias para ejercer las funciones otorgadas por la ley, a fin de no alterar a favor del Poder Ejecutivo el equilibrio en el que reposa el sistema constitucional. Dichas comisiones, así como la Comisión Médica Central, deberán encontrarse conformadas con profesionales del derecho que revestirán el carácter de Secretario Técnico Letrado y por los profesionales médicos, sin subordinación jerárquica entre ellos (conforme art. 2° citada resolución). Se contempló incluso, en el marco del citado resolutivo, que si en ocasión del trámite ante la Comisión Médica se suscitaren divergencias relativas a salarios no declarados por el empleador, tal controversia entre el trabajador y el empleador deberá ser resuelta por la autoridad judicial, sin que ello afecte el derecho del trabajador de percibir las indemnizaciones previstas en el sistema de riesgo del trabajo (art. 5° citada resolución)”. Tiene en cuenta además que “…se ha previsto la forma en que deberá actuarse para el supuesto del rechazo de la denuncia del accidente laboral garantizándose el debido proceso, la igualdad entre las partes y el marco amplio de prueba del que se intente valerse (art. 6° mencionada resolución); incluso de aquella que se hubiere denegado, en la oportunidad de interponer el recurso de apelación, las partes podrán ofrecer esa prueba en cuestión. En todo ese proceso administrativo, reitero por ser de suma trascendencia, resulta obligatoria la asistencia letrada del trabajador”.

[5] Ver Alberto Mansilla, “La inconstitucionalidad de la instancia administrativa previa de la ley 27.348”, LA LEY 13/10/2017, 7.

[6] Ver Tribunal del Trabajo de Zárate, 14/02/2018, “Carugatti Marcelo Alejandro C/ Federación Patronal Seguros S.A. S/ enfermedad profesional”.

[7] https://www.calz.org.ar/el-calz-solicito-la-inconstitucionalidad-de-la-adhesion-a-la-ley-de-art/.

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