Home / Area / COMENTARIO A FALLO Diario DPI Suplemento Salta Nro 30 – 13.12.2019


COMENTARIO A FALLO

Jurisprudencia relevante de la Provincia de Salta sobre derechos del consumidor

Por Flavia Kabbas

Amparos Colectivos

  1. Consulta Pública. Tarifa de servicio público de pasajeros.

“Usuarios y Consumidores Unidos (U.C.U.) Delegación Salta vs. Autoridad Metropolitana de Transporte y Saeta S.A. s/Amparo Colectivo”, Expte. Nº 23893/19. Juzgado de Minas, sentencia del 29 de noviembre de 2019.

La jueza a cargo del amparo hizo lugar a la demanda interpuesta y declaró la inconstitucionalidad de las Resoluciones 411/18 y 412/18 de la Autoridad Metropolitana de Transporte que convocaron a un procedimiento de consulta pública como forma de habilitar la participación de los usuarios y autorizaron una readecuación tarifaria en el servicio público de transporte de pasajeros de la región metropolitana de Salta.

En primer lugar, para considerar admisible la vía elegida, sostuvo, citando un precedente de la Corte Provincial, que la actitud procesal asumida por las accionadas reafirmaba la decisión administrativa cuestionada por los amparistas, en virtud de lo cual consideró que remitir el caso a un procedimiento administrativo importaría una solución meramente ritual reñida con un adecuado servicio de justicia.

En segundo lugar, siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema Nacional en relación a los recaudos del proceso colectivo, sostuvo que el caso refiere a un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos y que la pretensión de los amparistas está concentrada en los “efectos comunes”, en virtud de lo cual consideró legitimada a la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) Delegación Salta.

En cuanto a las resoluciones impugnadas manifestó que el procedimiento establecido en la Resolución 411/18 para la publicación, difusión y acceso a la información y participación, fue dispuesto en un plazo total de cuatro días hábiles, a fin de que cualquier persona, y en particular los usuarios pudiesen ejercer sus derechos, por lo que si se contabilizan las horas hábiles fijadas para la compulsa de las actuaciones y el ejercicio de los derechos a formar opinión y expresarla, el plazo se redujo a solo 18hs.

De esa manera sostuvo que el procedimiento de consulta pública delineado por las Resoluciones que autorizaron la readecuación tarifaria, resultó lesivo de los derechos de los usuarios, máxime teniendo en cuenta que la empresa peticionaba un aumento del 100% del valor de la tarifa.

En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad de las Resoluciones impugnadas a partir del momento de la sentencia, dejando sin efecto el aumento previsto para el mes de diciembre de 2019, con inicio el día 1/12/2019.

  1. Plan de Ahorro de Automotores. Congelamiento de cuotas. Medida cautelar.

“Acevedo, Pablo Elías y otros vs. Chevrolet S.A. de ahorro para fines determinados; Plan Rombo S.A. de ahorro para fines determinados; FCA S.A. de ahorro para fines determinados; Plan Oval S.A. de ahorro para fines determinados; Interplan S.A. de ahorro para fines determinados; Circulo de Inversores S.A. de ahorro para fines determinados por Amparo”, Expte. 683245/19, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación, sentencia del 26 de noviembre de 2019.

En el marco de un amparo colectivo contra determinadas empresas vendedoras de planes de ahorro de automotores, la magistrada interviniente hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por los actores ordenando el congelamiento de las cuotas mensuales de los ahorristas a noviembre de 2019 por el término de seis meses hasta tanto se haya despejado el conflicto suscitado.

Para así resolver, consideró acreditado el requisito de verosimilitud del derecho con la documentación aportada por los amparistas que daba cuenta del aumento significativo de las cuotas mensuales de los vehículos Fiat, Renault, Chevrolet y Volkswagen. Consideró, asimismo, que el peligro en la demora radica en el tiempo que puede transcurrir entre la interposición de la demanda y el dictado de una sentencia definitiva que podría tornar ilusoria la satisfacción de sus derechos. Finalmente solicitó caución personal de tercero o real a satisfacción de la proveyente.

Acciones Ley Defensa del Consumidor

  1. Construcción de vivienda. Entrega. Daño moral y punitivo.

“A., R. V.; M., C. E. vs. I. S.A. por acciones Ley de Defensa del Consumidor”, Expte. 606881/17, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II, sentencia de octubre de 2019.

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial confirmó una sentencia de primera instancia que condenó a la empresa I. S.A. a: (i) restituir el precio abonado por la actora con más intereses a la tasa activa del Banco Nación para préstamos personales desde la interposición de la demanda hasta el efectivo pago y (ii) abonar a los actores la suma de $30.000 en concepto de daño moral con intereses a igual tasa desde la notificación de la demanda.

En el caso, conforme lo expresado por el Tribunal las partes firmaron un boleto de compraventa en el cual se consigna que la desarrolladora vende a los actores “un terreno y una vivienda a construir en el mismo, identificado como lote número 03 de la manzana 13 del proyecto de urbanización denominado “Cielos del Valle” y que se individualiza en croquis que se adjunta al presente como ANEXO 1”.  En la misma cláusula las partes manifiestan que el vendedor se obliga a la construcción de una vivienda cuyas características se detallan en el pliego de condiciones, planos y especificaciones técnicas.

Agregó que resulta claro que las partes fijaron un plazo para la entrega de la posesión del inmueble, mayo del 2016 con la posibilidad de una prórroga a favor del vendedor de 10 meses más, la cual venció en marzo de 2017.

Sentado ello, el Tribunal sostuvo que la obligación asumida por el vendedor no es condicional, sino pura, a plazo cierto y determinado, por lo cual la empresa desarrolladora se ha comprometido a entregar a los compradores, en el plazo estipulado, una vivienda de las características designadas, a construir en un lote individualizado en el contrato, en virtud de lo cual resultaba aplicable el art. 509, primera parte, del Código Civil que consagra el principio de la mora ex re, es decir, que esta última se produce en forma automática.

Resuelta la calificación del acto, agregó que la demandada no produjo ninguna prueba tendiente a justificar que la demora en ejecutar las obligaciones a su cargo se deba concretamente a una causa que pudiera configurar una imposibilidad de cumplimiento objetiva, absoluta y no imputable, ocasionada por caso fortuito, ni tampoco invocó o acreditó desequilibro sobreviviente de las prestaciones por lo que consideró que las circunstancias generales de la economía del país no tienen incidencia.

Con relación al daño punitivo, que fue rechazado en primera instancia, la Cámara consideró que se presenta en el caso un ilícito particularmente reprochable que amerita la imposición de la multa prevista en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. En tal sentido afirmó que las circunstancias que rodean el incumplimiento de la empresa constructora demandada, su actitud posterior, el trato desaprensivo, la burla manifestada hacia los adquirentes del inmueble en todas las instancias y la enorme cantidad de reclamos judiciales, ameritan su procedencia, fijándolo en la suma de $ 70.000 más los respectivos intereses.

  1. Rescisión del contrato de Plan de Ahorro Automotor. Daño punitivo.

“Albornoz, Waldo Felipe vs. Eurofrancia S.A.; Peugeot Argentina S.A. por sumarísimo o verbal”, Expte. Nº 388002/12, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II, sentencia del 12 de agosto de 2019.

La Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial, emitió un reciente pronunciamiento en el cual se confirma la sentencia de primera instancia, que había hecho lugar a la rescisión del contrato de plan de ahorro automotor, ordenando la restitución al actor del total de las sumas abonadas y $ 20.000, más intereses, en concepto de daño punitivo.

Para así decidir,  el Tribunal tuvo en cuenta que el vehículo adquirido el 18 de octubre de 2011, ingresó al taller de servicio integral automotriz “Ruiz y Cía.”, en la Ciudad de Iquique, Chile, el 31 de enero de 2012, en el que el gerente de servicio de éste último elaboró un informe el 13 de febrero de 2012 en el cual concluyó que el auto ingresó con una falla material, pérdida de aceite en la bomba de presión y desperfectos en el sistema de lubricación (metales de bielas, metales de bancada, cigüeñal y bomba de aceite) provocando daño y desgaste prematuro de estas piezas.

En tal sentido entendió que la demandada no aportó prueba alguna que rebata el informe producido por dicho taller, de manera de refutar el argumento de defecto de fábrica o vicio redhibitorio que tuvo como consecuencia la rescisión contractual.

Con relación a la procedencia del daño punitivo expresó que “la conducta de la recurrente es particularmente reprochable, que amerita, tal como lo valoró el juez de primera instancia, la imposición de la multa prevista en el mentado art. 52 bis de la LDC.”

AL respecto sostuvo que la multa era procedente teniendo en cuenta la actitud de indeferencia demostrada por las demandadas frente a una situación de especial vulnerabilidad en que se encontraba el consumidor, en un país extranjero del cual debía regresar en el automóvil con su familia, no ocupándose ninguna de ellas del asunto y teniendo en cuenta que el actor tuvo que esperar 5 meses para recibir una comunicación sobre el estado del automotor que había adquirido y del que a los 3 meses se vio privado de utilizar.

Cabe mencionar que la Cámara confirmó, de conformidad con las previsiones de los arts. 13 y 40 de la LCD, que tanto el fabricante/importador como la concesionaria resultaban en el caso responsables solidarios por la restitución de lo pagado y por el daño punitivo

 

 

 

 

 

 

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