Home / Area / COMENTARIO A FALLO Diario Constitucional y Derechos Humanos Nro. 226 – 29.04.2019


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Eximición del impuesto a las ganancias a jubilados con alto poder adquisitivo. ¿Populismo para ricos?

Por Tomás Céspedes y Juan Iosa

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El pasado martes veintiséis de marzo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en voto dividido, declaró la inconstitucionalidad de la ley 20.628 -y sus modificatorias, las leyes 27.346 y 27.430- en lo referido al pago de impuesto a las ganancias por parte de la jubilada María Isabel García. Dada la particular condición de la actora, el análisis de este tipo de fallo supone siempre lidiar con el carácter emotivo del término “jubilado/a”. Existe una inclinación tendiente a aprobar, casi de manera automática, aquellas decisiones adoptadas en favor de las personas jubiladas, y criticarlas cuando recortan sus derechos. A veces, debido a nuestra empatía para con los jubilados y con otros grupos vulnerables, puede que no nos detengamos a revisar con demasiado detenimiento si los argumentos esgrimidos para sostener una u otra decisión son correctos y a quienes favorece realmente esta última.  Todos somos vulnerables a este sesgo. Su condición de posibilidad es que tendemos a percibir al colectivo de jubilados homogéneamente, como un grupo social que, por su vulnerabilidad, merece una particular protección por parte del Estado. Ahora bien, no es cierto que el grupo de los jubilados sea homogéneo. De aquí que no sea adecuado  aceptar cualquier planteo que un jubilado realice en pos de maximizar el alcance de sus derechos y, consecuentemente, de sus intereses. Es más, en casos como el presente, atender un planteo de una jubilada puede tener costos para el resto del colectivo (que ve aminorado el tesoro de la caja), sobre todos para los más vulnerables. Como en todas las controversias jurídicas, para alcanzar una respuesta correcta, es necesario interpretar en su mejor luz moral los distintos antecedentes institucionales que tengan una relación mediata o inmediata con el caso en cuestión. Las controversias jurídicas sobre los derechos y las obligaciones que pesan sobre los jubilados no son la excepción. Hechas estas aclaraciones, corresponde determinar si la jubilada María Isabel García tenía el derecho a no contribuir con los ingresos del fisco mediante el pago del Impuesto a las Ganancias -obteniendo la declaración de inconstitucionalidad de la ley 20.628 y sus modificatorias-, o si, por el contrario, carecía de un derecho con ese alcance.

El voto de la mayoría

  1. La mayoría de la Corte, conformada por los jueces Maqueda, Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosatti, reconoció, sobre este punto en consonancia con la ley, que el universo de jubilados no conforma un colectivo homogéneo. Recordemos que la ley 27.346 modificó la Ley de Impuesto a las Ganancias y estableció que únicamente quedan alcanzados por el tributo aquellos jubilados y pensionados que tuvieran ingresos previsionales por una suma igual o mayor a seis veces el monto del haber mínimo garantizado por el art. 125 de la ley 24.241 y sus modificatorias. En otras palabras, la Corte no puso en cuestión este punto, al respecto la ley sigue siendo constitucional.
  2. Pero además la mayoría sostuvo que algunos de los miembros del colectivo en cuestión pueden presentar condiciones especiales –como avanzada edad o problemas de salud-, que permitirían distinguir a algunos jubilados y pensionados de otros. Que dichas condiciones especiales, susceptibles de crear una mayor vulnerabilidad entre los sujetos que las presenten, no son receptadas por la ley 20.628 y sus modificatorias, aunque, por mandato constitucional, tal como veremos inmediatamente, debieran serlo.
  3. Seguidamente la mayoría afirmó que tener únicamente en cuenta la capacidad contributiva a la hora de realizar distingos en cuanto a la imposición del gravamen en cuestión al interior de este grupo, atenta contra el principio de igualdad receptado el art. 16 de la Constitución Nacional, el cual prohíbe unificar consecuencias tributarias a realidades distintas: “…el análisis integral de la capacidad contributiva implica que la equiparación de un jubilado en condiciones de mayor vulnerabilidad con otro que no se encuentra en esa situación, pasa por alto el hecho evidente de que el mismo ingreso no impactará de igual manera en un caso que en otro, insumiendo más gastos en el primero que en el segundo. Dicho de otro modo: la misma capacidad económica -convertida sin más por el legislador en capacidad contributiva- está destinada a rendir en ambos casos de manera diferente, desigualando en la realidad lo que el legislador igualó” (considerando n° 18 voto de la mayoría). Es decir, la mayoría de la Corte considera legítima la distinción que la Ley de Impuesto a las Ganancias realiza en relación a la distinta capacidad contributiva existente entre el universo de jubilados, sin perjuicio de tenerla por insuficiente, dado que existen otras circunstancias también atendibles –como la avanzada edad o la presencia de enfermedades- que podrían afectar la situación de los jubilados alcanzados por las mismas y que, por lo tanto, también exigen un trato diferenciado.
  4. Asimismo, la mayoría de la Corte fundamentó su decisión en los principios de justicia social incorporados al texto constitucional, como aquellos receptados en el art. 14 bis, los cuales establecen el carácter integral e irrenunciable de los beneficios de seguridad social. La protección que la Constitución otorga a los más vulnerables, impide que las cargas fiscales impongan al colectivo de jubilados una situación de notoria e injusta desventaja. En particular la mayoría sostuvo que la demandante María Isabel García se encontraba dentro del subgrupo de jubilados que requieren de una mayor protección de las normas, y que por esta razón no le correspondía contribuir en igual proporción con los aportes al fisco. Fundamentó esta conclusión en la edad de la Sra. García -79 años al momento de entablar la demanda (2015)-, sus problemas de salud no controvertidos en el juicio, y los descuentos realizados en su haber jubilatorio, lo que entre marzo y mayo del año 2015 oscilaron entre el 29,33% y el 31,94% del total.

La disidencia del Dr. Rosenkrantz

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, emitió su voto en disidencia. Distingamos sus razones para poder evaluar sus acuerdos y desacuerdos con la mayoría.

  1. Rosenkrantz reconoció el deber del Estado de garantizar los beneficios de la seguridad social con carácter integral e irrenunciable. Sin embargo, sostuvo que esta tarea es interdependiente de otros cometidos también exigidos por el texto constitucional, los cuales también requieren de recursos para su realización. La integralidad no implica la no-gravabilidad de los haberes jubilatorios, sino que exige el amparo de muchos otros beneficios diferentes a la jubilación, los cuales deben alcanzar a todos los habitantes que presenten necesidades atendibles. Es decir, la satisfacción de los beneficios de seguridad social no debe realizarse de manera aislada, sino teniendo en cuenta el universo completo de personas que requieren la asistencia del Estado. Sobre estas razones Rosenkrantz sostuvo que la posibilidad de gravar jubilaciones y pensiones ha sido confirmada por firmes doctrinas desarrolladas por la Corte, al tiempo de afirmar que  “el cobro del impuesto a las ganancias a las jubilaciones más elevadas se encuentra justificado por motivos de justicia distributiva e interés general” (considerando n° 14, cuarto párrafo del voto de la minoría). En definitiva Rosenkrantz concuerda con la mayoría acerca de la constitucionalidad del distingo legal sobre la base del ingreso a la hora de gravar o no ganancias.
  2. Lamentablemente Rosenkrantz no se explayó demasiado acerca de si consideraba que existían otros distingos constitucionalmente atendibles que la ley hubiera omitido. Pero el presidente de la Corte, en el último considerando de su voto, deja abierta la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad del tributo siempre y cuando las circunstancias del caso debidamente acreditadas lo ameriten. Esto permite interpretar que Rosenkrantz también reconoce la posible existencia de un subgrupo de jubilados dentro de aquellos alcanzados por el impuesto a las ganancias quienes en razón de su mayor vulnerabilidad pueden quedar eximidos del pago del impuesto cuestionado.
  3. Al no expedirse expresamente Rosenkrantz en el punto anterior sobre si la ley hubiera debido hacer distingos que no  hace, tampoco se expide sobre si esta carencia afecta o no su constitucionalidad en abstracto, para todos los casos. Sin embargo lo que opina sobre este punto bien queda explicitado en el siguiente. Corresponde hacer esos distingos: el caso que caiga en su alcance es uno para el cual la ley debe ser declarada inconstitucional.
  4. ¿Forma parte la demandante del subgrupo especialmente vulnerable que requiere de un cuidado particular por parte del estado y que, particularmente, debe ser eximido del pago del impuesto a las ganancias? Al respecto el presidente de la Corte destacó que, a la fecha de la emisión del fallo, solo tributan impuesto a las ganancias aquellos jubilados que perciben una suma mayor a $62.462, lo que de acuerdo a las estadísticas oficiales, solo ocurre en el 10% de los casos. En este sentido, entendió que el gravamen impuesto por la ley de impuesto a las ganancias a María Isabel García, quien al momento de entablar la demanda (2015) percibía la suma de $81.503 -quince veces superior al haber medio del país-, no era confiscatorio ni padecía de una arbitraria desproporcionalidad. Asimismo, y a diferencia de lo defendido por la mayoría de la Corte, Rosenkrantz sostuvo que la Sra. García no indicó qué problema específico de salud padecía ni tampoco aportó prueba en ese sentido, razón por la cual no puede sostenerse la arbitrariedad del gravamen en el caso concreto. Tampoco consideró que la edad que presentaba la Sra. García al momento de entablar la demanda -79 años-, era una razón suficiente como para tener por acreditada una mayor vulnerabilidad que justificara eximirla del pago del impuesto. En definitiva, aun si correspondiera declarar en abstracto que la ley es inconstitucional para los casos en que hay acreditada vulnerabilidad, éste no es un caso perteneciente a esa clase.

Análisis crítico del fallo

Habiendo realizado una breve reseña del fallo, corresponde ahora preguntarnos cuál de las dos posiciones se ajusta a derecho, y cual se encuentra jurídicamente injustificada. O lo que es lo mismo, preguntarnos si la Sra. García tenía derecho a percibir la totalidad de sus haberes jubilatorios -mediante la declaración de inconstitucionalidad para el caso de la ley de impuesto a las ganancias-  o si ella carecía de un derecho con semejante alcance. A los fines de realizar dicho análisis, proponemos distinguir las consideraciones estrictamente normativas de los votos aludidos, y luego determinar si las conclusiones arribadas por los jueces de la CSJN han sido correctamente aplicadas al caso concreto.

Dado que no es irrazonable interpretar, como hacemos aquí, que la mayoría y el presidente de la Corte están de acuerdo sobre las tres primeras cuestiones, la decisión giraría en torno a qué factores cuentan y cuáles no al determinar la vulnerabilidad de un grupo de jubilados que comparten tales factores y, en consecuencia, para determinar la vulnerabilidad de un jubilado en concreto. Qué cuenta como prueba de vulnerabilidad, en definitiva.

La mayoría de la Corte entendió que la Sra. García formaba parte de este subgrupo de jubilados vulnerables, y a esos fines invocó tres razones: su edad al momento de entablar la demanda (79 años), sus problemas de salud no controvertidos durante el juicio, y el hecho de que entre marzo y mayo del año 2015 los descuentos de sus haberes oscilaron entre el 29,33% y el 31,94% del total. Por su parte, el presidente de la Corte entendió que la situación de García no ameritaba un distinto trato por parte de las leyes y de los jueces. ¿Cuál de las dos posiciones tiene la razón?

Comencemos por considerar el estado de salud de la demandante. La mayoría solo habla de sus “problemas de salud no controvertidos durante el juicio”. No hace mención de cuáles serían los problemas de salud invocados por la jubilada García.  Rosenkrantz realizó una distinta descripción de las constancias del expediente. Según el presidente de la Corte, García solo acompañó para acreditar sus gastos, una factura de telefonía por un monto de $ 558,22 y un comprobante de un pago a una empresa telefónica por un monto de $ 561,71. Asimismo, el presidente refiere que, luego de trabada la litis, la actora presentó un escrito en el que realizó ciertas aclaraciones y solicitó que se declarara la causa como de puro derecho. En esa oportunidad, García invocó que al tratarse “de un Ser Humano muy mayor de edad (…) necesita disponer de los fondos que se le están confiscando mes a mes en forma inmediata, atento a su avanzada edad, los problemas de salud obvios y normales para la edad, los que se agravan día a día” (considerando n° 15, quinto párrafo del voto de la minoría).

Si la descripción realizada por Rosenkrantz es correcta, luego el núcleo de la cuestión radica en determinar si la edad de la jubilada García al momento de interponer la demanda, justificaba una mayor protección de las normas que, entre otras cosas, la exima del pago del impuesto a las ganancias —o al menos que se le aplique una alícuota menor—. Esta cuestión no puede resolverse en abstracto, sino que para ello también es necesario considerar los ingresos que García presentaba a esa fecha. En este sentido, y de conformidad al voto minoritario, la actora percibió en mayo de dos mil quince, un monto total en concepto de haberes jubilatorios de 81.503 pesos, quince veces mayor al haber medio del país en ese momento. Para tomar una mejor dimensión de la magnitud del haber de la Sra. García, el mismo equivalía a U$S 9116.66 si tomamos la cotización oficial al 4/5/2015 ($8,94), o U$S 6442,92 si tomamos en cuenta el valor del dólar en el mercado paralelo ($12.65). Es decir, la Sra. García percibía una jubilación de privilegio, muy por encima del haber que percibe la media de jubilados. Ahora bien, no habiendo la actora acreditado sufrir alguna enfermedad en particular, sino solo limitarse a padecer “los problemas de salud obvios y normales para la edad”, corresponde determinar si el importe por ella percibido, incluso con la deducción en concepto de Impuesto a las Ganancias, era suficiente a los fines de hacer frente a los gastos ocasionados por los problemas de salud normales para la edad de 79 años. Para dar una respuesta a esta última cuestión, no queda otra opción que valernos de máximas de experiencia, mediante las cuales aproximadamente podemos establecer cuánto dinero necesita una persona de 79 años para hacer frente a los gastos normales que acarrea dicha edad. Y en base a estas máximas, podemos decir que los haberes percibidos por la Sra. García (un equivalente aproximado de nueve mil dólares), incluso luego de las deducciones de ley, eran harto suficientes como para hacer frente a esos gastos. Es decir, el suyo constituye un caso claro de aquellos jubilados que no se encuentran en una situación de vulnerabilidad tal que justifique la eximición del pago de Impuesto a las Ganancias.

En base a lo expuesto, existen dos posibles maneras de interpretar el voto de la mayoría: en la primera interpretación, lo que la mayoría de la Corte hizo fue vaciar de contenido el subgrupo de jubilados alcanzados por el impuesto a las ganancias y cuya situación de vulnerabilidad no justifica que se los exima del pago del impuesto cuestionado. Si el de la Sra. García es un caso claro de aquellos jubilados cuya situación no justifica que se los exima del pago del impuesto a las ganancias, luego prácticamente ningún jubilado tendrá la obligación de contribuir con el fisco mediante el pago de este tributo. Esta interpretación tiene la consecuencia de contradecir lo que la mayoría de la Corte estableció expresamente en el fallo: que dentro del colectivo de jubilados que perciben más de seis veces el monto del haber mínimo garantizado, existe un subgrupo de jubilados altamente vulnerables que en razón de su vulnerabilidad no deberían pagar ganancias -o deberían estar alcanzados por una alícuota menor-, y a contrario sensu, otro subgrupo de jubilados en los que dicha exención del pago del impuesto no se encuentra justificada. La segunda lectura posible del voto de la mayoría consiste en reconocer la existencia de ambos subgrupos, pero posteriormente haber incurrido en un error de aplicación de las normas previamente identificadas al ubicar a la Sra. García dentro del subgrupo de jubilados altamente vulnerables (por supuesto aquí estamos suponiendo una Corte bienintencionada, deseosa de ajustarse a derecho, aunque falible). Es decir, en ambas interpretaciones debemos reconocer que la mayoría de la Corte se apartó de la solución jurídicamente correcta.

El principio de igualdad receptado en el art. 16 de la Constitución Nacional no exige que la Sra. García no tribute el Impuesto a las Ganancias, sino todo lo contrario: solo tratamos como iguales a las personas si pueden verse regidas bajo el mismo esquema coherente de principios. El ordenamiento jurídico considerado en su totalidad, exige que por razones de justicia distributiva, aquellos ciudadanos que se encuentren en una mejor posición económica, contribuyan con las erogaciones que el fisco necesita hacer en favor de aquellas personas que requieran de algunos de los servicios de seguridad social que brinda el Estado. La eximición de la Sra. García del pago del Impuesto a las Ganancias entra en contradicción con lo que el principio de igualdad exige, al crear de manera arbitraria y sin justificación, una clase especial de personas que no se ve alcanzada en la misma proporción por el resto de los principios jurídicos que son aplicados al resto de la ciudadanía.

 

[1] CIJS

[2] CONICET-CIJS-UNC, US21

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