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Por un rescate a tiempo: #CIDHenCrisis
Por Patricio Jesús Curti*El pasado 23 de mayo a través del Comunicado de Prensa número 69/16[2], la Organización de los Estados Americanos (en lo sucesivo, OEA) anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH) se encontraba atravesando una “crisis financiera extrema” que traería graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas, por la suspensión de audiencias y la inminente pérdida de casi la mitad de su personal, derivando en la cancelación de las visitas previstas para el año en curso, así como los Períodos de Sesiones y el desmantelamiento de áreas esenciales para su funcionamiento, impactando directamente en la capacidad de la Comisión para avanzar en el procesamiento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Como es sabido la CIDH, como el principal órgano de la OEA específicamente dedicado a la promoción y salvaguardia de los derechos humanos en nuestro continente, ha hecho reconocidos aportes a la justicia interamericana a través de sus relatorías temáticas, sus informes anuales, su sistema de peticiones individuales y su celeridad en materia de medidas cautelares, garantizando significativamente la vigencia y protección de los derechos humanos en la región.
En este sentido es menester traer a colación que en el año 2015 la CIDH recibió 2.164 peticiones -el mayor número de la historia-, aprobándose 76 informes sobre ellas y casos individuales. Se avanzó en forma significativa en acuerdos de solución amistosa y se enviaron 14 casos a la Corte Interamericana. En cuanto a las medidas cautelares se recibieron 674 solicitudes, analizándose todas y otorgándose menos del 7% de las mismas.
En el área de monitoreo, se realizaron visitas y se aprobaron 13 informes temáticos y de país[3].
En el mismo Comunicado, la Organización aprovechó la oportunidad para poner en manifiesto que más allá de la crisis atravesada, la CIDH venía sufriendo una situación estructural y sistémica de financiamiento inadecuado que es indispensable atender y resolver, existiendo una profunda discrepancia entre el mandato que los Estados miembros de la OEA le han asignado a la Comisión y los recursos financieros que le otorgan.
A modo ilustrativo, en la página web oficial de la OEA se revelan algunos datos que reflejan la baja asignación de recursos por parte de los Estados integrantes a este Organismo. Entre los más llamativos, por ejemplo, se pone en evidencia que el personal de la CIDH financiado por el fondo regular de la OEA totaliza 31 personas, es decir, tiene menos funcionarios que países bajo su jurisdicción; que el mandato de la defensa de los derechos humanos en América se torna una tarea difícil de cumplir con 0,009 dólares por habitante por año (de la relación entre el presupuesto anual de la CIDH de 9 millones de dólares y la cantidad de habitantes bajo su jurisdicción -1.000.000.000 de personas-); que de los fondos regulares anuales de 2015 se visualiza que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es el “más pobre del mundo”, con 8 millones de dólares y tomando como referencia al Sistema Africano de Derechos Humanos (13 millones de dólares) o el Consejo de Europa para la Promoción y Protección de Derechos Humanos (100 millones de euros) y que teniendo en cuenta los presupuestos para la promoción y protección de los derechos humanos, América destinó como promedio de los últimos años en el presupuesto regular 5 millones de dólares para 100 millones de personas, frente a lo que ha destinado el Consejo de Europa para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (100 millones de euros para 739 millones de personas)[4].
La importancia de este problema que afecta a la región es, sin duda, preocupante si se considera la tarea que viene desarrollando la CIDH y más aún teniendo en cuenta que cualquier ciudadano del continente, puede recurrir ante ella para obtener apoyo y medidas de protección, cuando considere que en su país las instituciones fallaron en ofrecerle justicia, después de haber violado sus derechos humanos.
Por esa y tantas razones más que hacen al desempeño de la Comisión, se torna imprescindible y con carácter urgente que los países aúnen esfuerzos, en la medida de sus posibilidades y en consonancia con su efectivo compromiso con la Comisión, realizando los aportes necesarios que eviten su quebrantamiento. Sorteada esta circunstancia crítica, quizás se requiera una reflexión colectiva -con la activa participación de organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil continental- en pos de fortalecer genuinamente su labor, tanto en términos políticos como recursivos y con el objetivo preciso y permanente de asegurar el resguardo y la promoción los derechos humanos en América.
Resta preguntarnos el fundamento de la decadencia de esta institución. La CIDH ha dicho oportunamente que necesita unos 30 millones de dólares por año para funcionar correctamente. De la organización forman parte 34 países. O sea, que para asegurar su funcionamiento bastaría con que cada uno aportara menos de un millón de dólares anuales ¿Por qué no se lo logra? ¿Puede que no haya voluntad política de algunos Estados? En palabras simples, probablemente muchos países no quieren financiar a un organismo que al mismo tiempo los evaluaría en casos de violación a los derechos humanos. ¿Y cuál es la contracara de esta lamentable situación? Sin dudas, el estado de indefensión en el que quedan miles de víctimas de violaciones a estos derechos.
Para concluir y siguiendo las palabras del Presidente de la Comisión, es imperativo que los Estados adopten una solución sustentable a la situación de desfinanciamiento crónico en que trabaja la CIDH, a fin de garantizar el derecho de los y las habitantes de las Américas a acceder a la justicia internacional (…) es fundamental para no dejar en la desprotección a las personas para quienes la Comisión es el último recurso y su última esperanza[5].
¿Será un tema relevante para los gobernantes de la región cumplir con este objetivo?
[*] Abogado. Profesor Adjunto, Universidad de Palermo. Ayudante de 2°, Universidad de Buenos Aires. Maestrando en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia (Facultad de Derecho, UBA).
[2] Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/069.asp
[3] Datos extraídos de la presentación del Informe Anual de la CIDH por parte del Presidente, Comisionado James Cavallaro en la 46 Asamblea General de la OEA (15/06/16). Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/actividades/discursos/15.06.16.asp
[4] Datos en línea: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/crisis-graficos.asp (compulsa realizada el 25/06/16).
[5] En la presentación del Informe Anual de la CIDH por parte del Presidente, Comisionado James Cavallaro en la 46 Asamblea General de la OEA (15/06/16). Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/actividades/discursos/15.06.16.asp
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