Home / Area / DOCTRINA EN DOS PÁGINAS Diario Constitucional y Derechos Humanos Nro. 231 – 03.06.2019


DOCTRINA EN DOS PÁGINAS

Los mecanismos para la impugnación de reglamentos en la Provincia de Córdoba (Parte I)

Por Lucia Pereyra

En el presente trabajo abordaré el tema relativo al régimen de impugnación de reglamentos, o actos de alcance general que implican el ejercicio de la función administrativa, en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

Esta temática cobra especial relevancia en el ámbito del derecho público provincial, dada la significación que los actos reglamentarios poseen como fuente del derecho administrativo. De allí, la importancia de un eficiente régimen de impugnación que permita un adecuado control del ejercicio de esta potestad.

Previo al análisis, se aclara que la constitución local únicamente prevé la posibilidad de que la Administración dicte reglamentos autónomos (art. 144, inc. 1), de ejecución (art. 144 inc. 2) y de promulgación parcial de leyes (arts. 109 y 144 inc. 5)[1]. Así, a la luz de lo dispuesto por el art. 13 de la Carta Magna, el poder ejecutivo provincial no está autorizado a emitir disposiciones de naturaleza legislativa, como los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados.

A nivel provincial, la legislación no prevé un mecanismo específico -como existe a nivel nacional- para impugnar el contenido de normas generales dictadas en ejercicio de función administrativa. Frente a ello, cabe interrogarse qué caminos pueden transitarse válidamente a fin de cuestionar disposiciones de esta naturaleza.

a) Vía indirecta: En primer lugar, como se da habitualmente, la impugnación puede efectivizarse a través de la interposición de los recursos administrativos pertinentes contra el acto que da aplicación al reglamento.

En este supuesto, entonces, la impugnación podrá realizarse en sede administrativa mediante los recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley Nº 6658) y, eventualmente, en sede judicial en el marco del Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (Ley Nº 7182).

La utilización de esta vía requiere la estricta observancia de los términos que el ordenamiento contempla para la interposición de los respectivos recursos administrativos. Además, para acceder a la vía judicial, será indispensable que el administrado agote las instancias administrativas contra los actos definitivos de aplicación del reglamento.

b) Vía directa: En el marco específico de la Ley Nº 6658 no existe una vía de impugnación directa de los reglamentos, como sí expresamente contiene la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo Nº 19.540.

Ahora bien, cabe poner de resalto que el art. 77 de la Ley Nº 6658, al regular los actos recurribles en sede administrativa, no distingue entre individuales y generales. Además, el art. 78 no incluye entre los actos irrecurribles a los actos generales o reglamentos. En consecuencia, de una interpretación integral de la normativa provincial se desprende que la misma no prohíbe que se impugne de manera directa un reglamento[2].

En esta línea, la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia ha reconocido la posibilidad de impugnar reglamentos directamente en sede administrativa, al entender que “…el reglamento es un acto administrativo de carácter general y, como tal, se enmarca en el sistema recursivo administrativo y de contralor judicial en paridad de condiciones que las de un acto administrativo…[3].

En definitiva, mientras se considere que los reglamentos emitidos en ejercicio de la función administrativa configuran una de las especies de “acto administrativo”, será aplicable el régimen recursivo previsto en la Ley Nº 6658 y, en su caso, el regulado en la Ley Nº 7182.

Es importante reparar en este punto que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito nacional –donde basta la interposición de un reclamo administrativo impropio para el cual no se ha fijado un plazo-, en la normativa provincial no existe una vía rápida de revisión administrativa que permita mediante un solo recurso acudir de manera más ágil a la revisión judicial del reglamento[4], por lo que resultará necesario que la impugnación se ajuste al régimen recursivo (reconsideración primero y jerárquico después) y a los plazos de interposición fijados en la Ley Nº 6658. Una vez agotada la vía administrativa, y dentro del plazo de caducidad previsto legalmente, se podrá acudir a la vía judicial.

c) Acción de amparo: Continuando con el análisis, se hace presente que los reglamentos también pueden impugnarse por este cauce excepcional siempre que se verifiquen los requisitos exigidos para ello, tanto en el art. 48 de la Constitución de la Provincia como en la Ley Nº 4915. En primer término, para que proceda este medio de tutela es imperioso que, en forma actual o inminente, los actos administrativos de alcance general cuyo cuestionamiento se pretende lesionen, restrinjan, alteren o amenacen con ilegalidad manifiesta las libertades, derechos y garantías reconocidas y acordadas por las constituciones de la Nación y de la Provincia. A más de ello, es requisito de admisibilidad que no exista otra vía pronta y eficaz que permita evitar el daño.

Cabe destacar que la demora que importa la utilización de la vías analizadas anteriormente hace que -en muchos casos- deba utilizarse la acción de amparo para obtener una tutela más rápida y efectiva. No obstante, debe repararse que dicho proceso excepcional queda reservado exclusivamente para aquellas hipótesis en que se den los recaudos aludidos; caso contrario, el interesado deberá transitar la vía administrativa a través de la interposición de los recursos necesarios previstos en la Ley Nº 6658, para recién allí, poder solicitar la anulación del reglamento en sede judicial.

[1] Ávalos, E.; Buteler, A.; Massimino, L.; Derecho Administrativo 1, pág. 74, Alveroni, 2014.

[2] Novo, Enrique Fernando [et al.]; Lecciones de Derecho Procesal Administrativo: Federal y de la Provincia de Córdoba, Tomo 1, pág. 122, Ediciones Lerner, 2015.

[3] TSJ, en autos: “Manzotti, Norma Teresita c/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba – Plena Jurisdicción – Recurso de Casación”, Fallo de fecha 17/08/2005.

[4] Novo, Enrique Fernando [et al.]; Op. Cit., pág. 124.

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