Home / Area / COLUMNA DE OPINIÓN Diario Constitucional y Derechos Humanos Nro. 230 – 27.05.2019


COLUMNA DE OPINIÓN

Breve opinión sobre la vicepresidencia y los fueros parlamentarios

Por Carlos D. Luque

Siempre se ha sostenido que las inmunidades o prerrogativas sólo las puede establecer el constituyente y no el legislador ordinario y que las inmunidades implícitas ampliatorias del poder no caben en ningún país del mundo.

Dedicaremos unas breves notas a la pretensión un tanto básica de querer volver a discutir tan elemental principio constitucional.

Sabemos que en la República Argentina los únicos que gozan de las inmunidades de opinión y de arresto que establece nuestra Constitución Nacional son los legisladores nacionales (Arts. 68, 69, 70 CN.)

Los fueros que proclama la Constitución Nacional entonces son para los miembros del poder legislativo y no los tiene ni por “equiparación funcional” ni “equiparación legal” el vicepresidente de la nación como veremos y trataremos de explicar.

Hay quienes le atribuyen al vicepresidente el ser parte del poder legislativo y de ahí la posibilidad de que pueda tener fueros, creemos que esa afirmación a pesar de que es opinable (porque se discute en doctrina a que poder pertenece el vicepresidente) no tiene demasiado fundamento, solamente hay que buscar en que parte de la CN está normada la figura del vicepresidente para tener esa certeza.

En cuanto a la errónea “equiparación funcional” siendo vicepresidente se necesita el juicio político para la destitución y no hay fueros constitucionales parlamentarios para este funcionario por el mero hecho del “voto de privilegio” que tiene en su función como presidente del senado, además y como dijimos no es parte del poder legislativo pues no legisla de modo alguno (ley formal) como los legisladores nacionales y no nos olvidemos que tampoco se le puede aplicar al vicepresidente las sanción de exclusión del artículo 66 de la CN, aplicable a todos los integrantes del poder legislativo.

Creemos que tampoco las sanciones de corrección y de remoción por inhabilidad sobreviniente, art. 66 CN, son aplicables al vicepresidente de la nación pero particularmente inaplicable es la sanción disciplinaria de exclusión por parte de alguna de las cámaras a un funcionario que no es legislador nacional.

Agregamos además que funcionalmente el vicepresidente no participa del debate nunca ni siquiera cuando vota y aunque la práctica constitucional es mínima si tiene la facultad de fundamentar su voto.

De allí que la CN mal le podría dar inmunidad de opinión al vicepresidente y si no tiene esta que es la prerrogativa fundamental de los cuerpos colegiados legislativos demás está decir que la inmunidad de arresto, constitucionalmente, tampoco aplica ni le corresponde al funcionario en cuestión.

Entonces el vicepresidente no tiene ni fueros parlamentarios ni ningún otro fuero porque estaríamos avanzando hacia algún tipo de fuero personal o funcional que como bien sabemos están prohibidos por la CN.

Lo único que no tenemos que hacer es otorgar al poder, aquí al vicepresidente, prerrogativas más amplias que las que le otorga la Constitución Nacional.

La “equiparación legal” también es errónea, se dice livianamente que la mal denominada “ley de fueros” (ley 25.320 “Nuevo régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados) incluye, equipara y le da “fueros” a todos los funcionarios que son pasibles de destitución a través de un juicio político.

No es así.

Primero porque como dijimos al principio únicamente la CN norma las inmunidades y en nuestro país se las otorga a los miembros del poder legislativo y esto no lo puede ampliar ninguna norma infra constitucional.

Es una regla constitucional básica e inalterable que no existe autorización en absoluto para ampliar por ley del congreso las prerrogativas de los poderes públicos atribuidas expresamente por la Constitución Nacional.

Repetimos, una ley en nuestro ordenamiento jurídico no le puede dar fueros al vicepresidente.

Segundo porque la mencionada ley 25.320 se ocupa de nombrar varias veces en su artículo 1° a “…un legislador, funcionario o magistrado…” y cuando esto ocurre acto seguido dice “…sujeto a desafuero, remoción o juicio político…”, entonces no solo que no hay equiparación entre los funcionarios, sino que por el contrario la norma expresamente le da a cada funcionario el tratamiento de desafuero, remoción o destitución que le corresponda según se trate.

La norma en cuestión yerra únicamente cuando se refiere expresamente a la inmunidad de arresto.

Pasamos en limpio, a los efectos de esta ley puede ocurrir que:

-Se abra una causa penal en la que se impute un delito.

-Se llame a indagatoria.

-Se dicte alguna medida en caso de vulnerarse la inmunidad de arresto (que constitucionalmente únicamente está en cabeza y corresponde a los legisladores nacionales).

En cualquiera de estos casos (salvedad marcada en el caso de la vulneración de la inmunidad de arresto) de un legislador se pide el desafuero, cuando es un juez inferior la remoción y cuando es el presidente o el vicepresidente o los miembros de la Corte etc. el juicio político, como dice la misma ley “El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso…” más claro realmente imposible.

Nos queda por decir que esta misma ley es la que en su artículo 1° ya mencionado, inconstitucionalmente amplía las inmunidades de los legisladores que están con claridad legisladas en la Constitución Nacional.

La “equiparación legal” entonces es inexistente y el esquema estatal del vicepresidente es simplemente el que le otorga sobre su función, prerrogativas y pertenencia la Constitución Nacional.

 

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