Organizaciones de Derechos Humanos y partidos de izquierda se manifestaron en contra del dictado de la prisión domiciliaria para el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz y exigieron cárcel común y perpetua.
En su resolución, el Juez Kreplak resolvió “no hacer lugar a la solicitud de prisión domiciliaria” y “disponer la internación del imputado en un hospital extramuros que reúna las condiciones médicas acordes al estado de salud de Etchecolatz”.
Asimismo, el magistrado ordenó: “deberá dejarse expresamente de manifiesto, que los médicos que en definitiva traten a Miguel Osvaldo Etchecolatz se encuentran autorizados a proceder a la alimentación o medicación forzada en el supuesto de que, según el recto criterio profesional, existiera grave riesgo para su salud, siempre en la medida necesaria y con extremo respeto por su dignidad humana”.