Derecho Para Innovar
La Corte Suprema de Justicia remitió a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, la causa que frenó el aumento de tarifas de gas en todo el país, y le pidió su dictamen antes de emitir su fallo.
La decisión del máximo tribunal, firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, prolongará así los tiempos del Gobierno para resolver la cuestión, ya que antes de expedirse la Corte deberá recibir el pronunciamiento de la procuradora.
La funcionaria deberá emitir un dictamen con su opinión sobre la validez o no de las subas. Si bien no tiene un plazo para hacerlo, se estima que no pasará de una semana.
La opinión de la Procuración no será vinculante para lo que decida la Corte, pero retrasará los planes del Gobierno, que pretende una rápida definición judicial del asunto.
El Máximo Tribunal de Justicia debe expedirse sobre las impugnaciones judiciales que surgieron en todo el país a las subas en el servicio de gas.
En este marco, la semana pasada el gobierno nacional presentó ante la Corte el informe técnico con el detalle de la situación tarifaria en materia de gas en todo el país previa a las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería que definieron los nuevos cuadros tarifarios, por ahora suspendidos judicialmente.
El informe presentado por el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, consta de 80 páginas y se elevó a raíz de un pedido formulado por la Corte Suprema de Justicia el 12 de julio pasado.
El pasado 7 de julio, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró “nulas” las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería, que dispusieron la suba y ordenó “retrotraer” la situación tarifaria “a la existente previamente al dictado” de esas normas.
El fallo surgió tras las apelaciones de las asociaciones civiles CEPIS y Consumidores Argentinos, y del Ejecutivo a la resolución del Juzgado Federal 4 de la ciudad de Buenos Aires, que ordenó convocar a una audiencia pública, para debatir con usuarios los aumentos que empezaron a regir en abril.
La Cámara tomó la apelación de las tres partes y, tras señalar que “la Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana, que refuerza los principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones estatales”, declaró la “nulidad” de las resoluciones del Ministerio de Energía.
Sin embargo, el 12 de julio el Gobierno apeló y pidió que mientras se analizaba aquel recurso se suspendiera la resolución que frenó la suba. Esa última petición del Ejecutivo fue rechazada el 15 de julio por la Cámara, que ratificó la vigencia del fallo que suspendió los incrementos. Tres días más tarde la Cámara Federal habilitó, por pedido del Gobierno, la feria judicial para tratar la apelación y pidió a las demás jurisdicciones federales que le remitan los 46 expedientes que se abrieron en todo el país contra la suba del precio del gas.
La apertura de la feria aceleró los tiempos de los demandantes para presentar sus fundamentos contra la suba y los de la Cámara, que resolvió el pasado 4 de agosto aceptar la apelación del Ejecutivo y girar el expediente a la Corte, aunque con el ajuste de tarifas suspendido.
