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El acceso a la educación debe ser respetado sin ningún tipo de restricción.

El Estado tendrá la responsabilidad de proveer una educación integral, permanente, igualitaria y de calidad a los detenidos. También deberá entregar a cada preso los materiales educativos para que las actividades pedagógicas de todos los niveles y modalidades puedan desarrollarse adecuadamente.

Se crearán nuevos espacios de estudio en los establecimientos penitenciarios y adecuarán los existentes. Ésta función estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en forma coordinada con la autoridad educativa competente.

Una vez en libertad, se procurará informar y colaborar con el estudiante para la obtención de becas escolares, viáticos, subsidios o cualquier ayuda que haga posible el ejercicio pleno de este derecho.