En el marco de una causa iniciada por la Asociación de Magistrados, el magistrado dispuso la suspensión de resoluciones dictadas por la Procuración General de la Nación vinculadas a designaciones en fiscalías creadas por la ley 27.063.
Para así decidir, el juez entendió que “para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Nación deberían cumplirse previamente los requisitos legales allí previstos y es por ello que resultaría -dentro del acotado margen de conocimiento propio del presente incidente de medida cautelar- carente de toda razonabilidad la urgencia en la puesta en funcionamiento de las Fiscalías creadas mediante el artículo 6 del anexo II de la ley 27.063 y las
designaciones efectuadas al respecto.”
