En virtud de una escucha telefónica que vincula al magistrado con una red de trabajo esclavo el Tribunal Oral N° 5 ordenó investigarlo por el “posible delito de acción pública”. Los jueces denunciaron la presunta protección de Oyarbide a los dueños de talleres textiles clandestinos. Ello a pocos días de que ese Tribunal condenara a 12 personas a penas de tres y cinco años de prisión por explotación laboral en talleres clandestinos. En el marco de esa investigación se detectó una escucha telefónica que involucraría a Oyarbide, cabe destacar que los talleres trabajaban para marcas de ropa como, “Kosiuko”, y “Siamo Fuori”, entre otras.
