En la segunda parte de su artículo, el autor analiza las formas previstas por la Ley para financiar los Entes del SAMCO. Resalta la particularidad “interjurisdiccional” de su organización, y concluye afirmando que las políticas sociales, la norma provincial y el Derecho Administrativo permitieron dar origen a un sistema de Salud que se sigue prestando actualmente y, en líneas generales, tiene varios puntos de conexión con los SAMIC.

El autor realiza un análisis de la Ley N° 6.312, sancionada por la legislatura santafesina de 1967, que tuvo por objeto crear el Servicio de Atención Médica para la Comunidad (SAMCO). Recuerda el contexto en el que se dieron las políticas que lo llevaron a cabo, y detalla sus principales características en cuanto a sus finalidades y funcionamiento.

La autora toma el caso del amparo contra el GCBA por las condiciones de vida de las mujeres alojadas en el neuropsiquiátrico “Dr. Braulio Moyano”. Luego de repasar las pretensiones de la actora, la respuesta dada por la primera instancia y los agravios (y su respuesta) ante la segunda instancia judicial, concluye que el decisorio se “adelantó” al cambio de paradigma que significó la Ley Nacional de Salud Mental.

El autor analiza la normativa que regula los hospitales del Servicio de Atención Médica Integral a la Comunidad y explica cómo están organizados. Concluye que estos hospitales están instalados en distintos puntos del país y cada uno es para satisfacer un derecho a la salud particular.

El autor analiza cómo debería responder un profesional de la salud al tener conocimiento de un delito contra la integridad sexual, planteando si debe o no éste quedar eximido del secreto profesional en un proceso. Concluye que, en el caso de estos delitos, antes de declararse la nulidad del proceso se debería determinar si eximir de castigo haría persistir las secuelas del delito, siendo la salud de la víctima un bien jurídico más valioso que el secreto del culpable.

La autora explica qué son los S.A.M.I.C., cómo surgieron y cuáles son sus finalidades. En este contexto, analiza el funcionamiento del Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan, cómo financia su presupuesto y cómo está conformada la población que utiliza sus servicios.

El autor plantea que, en los debates respecto de la Cobertura Universal de Salud, pocas veces se discute cómo implementarla. A partir de esto, explica la ley de Cobertura Porteña de Salud en CABA y en qué consiste la estrategia de implementación del Ministerio de Salud a nivel nacional. Concluye que la construcción de una política de Estado, el trabajo de Nación y Provincias y la experiencia en CABA permitirán garantizar una Cobertura Universal de Salud a todos los habitantes.

El autor plantea llamar la atención del lector respecto de interpretar los tratados de derechos humanos en las condiciones de su vigencia en relación al derecho a la vida y a la salud, comentando el fallo sobre la inclusión de una persona en un programa de salud. Concluye que, si bien los tratados tienen jerarquía constitucional, deben ser interpretados y aplicados a cada caso concreto de forma armónica.

La autora describe el fenómeno de la gestación por sustitución, reparando en la disociación existente entre el ordenamiento jurídico local, lo fáctico y las obligaciones asumidas por el Estado a nivel internacional. Concluye que la falta de regulación en la materia tiene como resultado la violación a los derechos fundamentales, que se vuelve más grave en los casos de sectores vulnerables.

La autora reflexiona acerca de la gestación por sustitución, entendiendo que en esta práctica se encuentran comprometidos intereses fundamentales como la salud y el debate acerca de qué derechos posee la persona para disponer de su propio organismo, y hasta qué punto puede el Estado interferir en esta disposición.