Salta

La autora analiza el impacto del Código Civil y Comercial en el reclamo administrativo previo como requisito esencial para la declaración de la admisibilidad formal de una demanda contra el Estado. Finaliza detallando brevemente los supuestos que rigen en la provincia de Salta para habilitar la instancia de control judicial.

La autora nos acerca aquellos temas sobre los que se debatió en el Taller Contencioso Administrativo que tuvo lugar los días 9 y 10 de noviembre en la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta. Asimismo, menciona las conclusiones a las que se arribó en materia de empleo público, convenios colectivos y la situación del personal contratado en la Administración Pública.

El autor analiza el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la temática en torno a la permanencia en el cargo de los magistrados que hayan cumplido la edad de setenta y cinco años. En este sentido, y en miras de lo contemplado por el artículo 99 inc. 4 de la Constitución Nacional, sostiene que una buena costumbre republicana permitiría que los jueces que se encuentren en esta situación, reciban otro acuerdo del Senado de la Nación para que continúen otro lustro al frente de sus tribunales.

La autora analiza cómo se ejerce la enseñanza del derecho y plantea la importancia de las buenas prácticas en la docencia. A partir de esto, desarrolla seis principios a tener en cuenta para lograr una enseñanza eficiente y explica tres preguntas axiales para repensar la práctica.

Con base en distintos estudios empíricos institucionales, el autor remarca la importancia de la corrección fiscal y el financiamiento como ejes del desarrollo del federalismo. Concluye que en este esquema el empleo es el principal protagonista.

Tomando el impacto generado por las normas del CCyC respecto a la responsabilidad del Estado, la autora repara sobre los constantes conflictos de competencia que surgen en la jurisdicción salteña. Concluye que, aunque aún Salta no cuente con una ley de responsabilidad extracontractual del Estado y se aplica analógicamente la normativa civil, ello no quita la naturaleza administrativa de los reclamos. Además, advierte que el dirimir la competencia puede resultar en una violación del principio de tutela judicial efectiva.

La autora explica el riesgo que implica el embarazo múltiple y analiza cómo algunos países hacen frente a esta complicación y por qué es exitoso el modelo de Transferencia de Embrión Único. Luego de explicar cómo se encuentra regulada la fertilización asistida en Argentina y, particularmente, en Salta, concluye que la Provincia se ha sumado a la tendencia internacional de bajar los riesgos de las patologías obstétricas y neonatales.

La autora explica cómo Argentina no logra encauzar eficazmente sus obligaciones respecto de la propiedad comunitaria indígena y cómo la insuficiencia del actual sistema jurídico genera una creciente judicialización de la problemática, ejemplificando fallos recientes de la Corte de Justicia de Salta. Concluye que la judicialización como camino es estéril y solo posterga una decisión de fondo.

La autora refiere al pragmatismo con el cual cuenta la Corte de Justicia de Salta al buscar la autarquía financiera, como un pilar de una justicia independiente, ya que sin recursos la independencia se vuelve un mero discurso teórico. Explica cómo es realizada tal acción en el marco del Plan Estratégico III.

A partir de la experiencia de Salta, la autora repara en las principales características del sistema de voto electrónico. Para concluir, identifica la necesidad de establecer un “debido proceso electoral electrónico” debido a que, aunque todavía genere resistencia, es una modalidad que no tardará en afirmarse en todo el territorio nacional.