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La autora toma los estándares internacionales, así  como su recepción nacional, sobre violencia económica hacia las mujeres y los vuelca a los procesos judiciales, concluyendo que es un deber de los/as funcionarios/as judiciales verificar si se da un supuesto de violencia económica, en todos los casos, incluso aunque las partes no lo soliciten.

La autora reflexiona acerca de la gestación por sustitución, entendiendo que en esta práctica se encuentran comprometidos intereses fundamentales como la salud y el debate acerca de qué derechos posee la persona para disponer de su propio organismo, y hasta qué punto puede el Estado interferir en esta disposición.

A partir de la experiencia de Salta, la autora repara en las principales características del sistema de voto electrónico. Para concluir, identifica la necesidad de establecer un “debido proceso electoral electrónico” debido a que, aunque todavía genere resistencia, es una modalidad que no tardará en afirmarse en todo el territorio nacional.

Las autoras analizan el impacto de los medios tecnológicos en las contrataciones públicas a partir de la sanción del Decreto 1030/2016. Concluyen que es una de las primeras normas, que dentro del derecho administrativo, incorpora la utilización de medios tecnológicos, y  destacan que es indispensable tener en cuenta los nuevos paradigmas tecnológicos, porque contribuyen a la eficacia y eficiencia del sistema jurídico.

La autora analiza la figura de la compensación económica incorporada al derecho filiatorio por el CCyC. Concluye marcando las particularidades de los distintos supuestos que pueden dar origen a su nacimiento.

El autor sostiene que si la persona que se atiende es la víctima inocente de un delito de acción pública, éste debe ser comunicado o denunciado sin más (art. 177, inc. 2° C.P.P.N.); pero cuando el paciente es el autor del hecho ilícito, la denuncia no debe formularse y, en su caso, no producirá efectos a menos que con ella se pretenda evitar un peligro mayor actual o futuro.

La autora analiza las diferencias entre el “by pass físico” y “by pass comercial” en la comercialización del gas natural, concluyendo que el “unbundling” forzoso generado a partir de la Resolución del Ministerio de Energía implicó una liberalización del mercado reduciendo considerablemente la cantidad de usuarios de la distribuidora.

El autor analiza la intromisión de las herramientas digitales en el comercio, con especial referencia a la contratación digital y a la firma digital. Concluye que, en cuestión de tiempo, se verán perfeccionados los sistemas digitales como una nueva realidad concreta.

El autor sostiene que las claves en este aspecto parecen estar vinculadas a: 1) que el Estado cumpla y respete el ordenamiento jurídico que dicta; y 2) en la participación, previa o concomitante, de los actores sociales que deben –también al mismo tiempo- legitimar y acatar la decisión estatal que los afecta; la participación se traslada de lo meramente procedimental a lo sustantivo: la razonabilidad de las decisiones estatales.

El autor analiza la proyección de la obligación convencional de escuchar a los niños, niñas y adolescentes en los procesos que los afecten. Concluye que el derecho a ser oído tiene repercusión en el procedimiento administrativo, advirtiendo la necesidad de una reforma en dicho área para adaptar el procedimiento a la normativa convencional.