Considerando el contexto de explosión informativa en el que estamos inmersos, el autor analiza el rol que juega en él la Inteligencia Artificial. Reparando sobre las similitudes con la inteligencia humana, concluye que la Inteligencia Artificial posee varios caminos –no excluyentes entre sí– para igualar, mejorar, potenciar y/o maximizar los resultados de actividades intelectuales humanas a través de la optimización continua y exponencial del procesamiento de información.

La autora analiza cómo y por qué las mujeres se encuentran desprotegidas en la regulación del ámbito laboral privado de Argentina, explicando las deficiencias en la Ley de Contrato de Trabajo y la Justicia y menciona las pautas dadas en Ley de Protección Integral a las Mujeres. Concluye que la Ley de Contrato de Trabajo legitima y reproduce la posición de sumisión de la mujer al varón, y que es necesario intervenir en los vínculos laborales privados articulando mecanismos de protección.

Los autores comentan la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, la cual se hará efectiva en el año 2020, y mencionan algunas reacciones que han presentado distintos personajes políticos: gobernadores de varios estados del mencionado país, los presidentes de Francia y Alemania y el Gobierno argentino.

Tomando el impacto generado por las normas del CCyC respecto a la responsabilidad del Estado, la autora repara sobre los constantes conflictos de competencia que surgen en la jurisdicción salteña. Concluye que, aunque aún Salta no cuente con una ley de responsabilidad extracontractual del Estado y se aplica analógicamente la normativa civil, ello no quita la naturaleza administrativa de los reclamos. Además, advierte que el dirimir la competencia puede resultar en una violación del principio de tutela judicial efectiva.

El autor analiza la responsabilidad de los buscadores de internet por contenidos publicados por terceros a partir del caso “Norbis”. Concluye que el fallo es acertado, las normas mencionadas protegen el derecho a la imagen como derecho personalísimo y nadie puede usar la imagen de otro (y mucho menos lucrar con ella mediante el uso de publicidad) sin su consentimiento, como así tampoco editarla a su antojo.

El autor analiza cómo debería responder un profesional de la salud al tener conocimiento de un delito contra la integridad sexual, planteando si debe o no éste quedar eximido del secreto profesional en un proceso. Concluye que, en el caso de estos delitos, antes de declararse la nulidad del proceso se debería determinar si eximir de castigo haría persistir las secuelas del delito, siendo la salud de la víctima un bien jurídico más valioso que el secreto del culpable.

El autor analiza si la audiencia pública en el marco regulatorio del gas es obligatoria y, de ser así, en qué casos. Concluye que la misma es obligatoria mientras sea el único medio para salvaguardar la participación de los usuarios –no así si surgieran medios más efectivos– y que es irrazonable exigirla en materia de precio si el único fundamento es la regulación estatal sin considerar los derechos económicos, sociales y culturales.

El autor analiza por qué el río Whanganui neozelandés ha adquirido personería jurídica y plantea la importancia de aceptar las diferencias culturales. Concluye que debemos tomar consciencia de la degradación que sufre nuestro planeta y entender a los recursos naturales como parte nuestra, y no como un instrumento de uso.

La autora toma cuatro soluciones judiciales donde se ordenó el cumplimiento del deber asistencial del progenitor afín, en casos de ruptura o disolución del vínculo matrimonial para con los hijos de su ex pareja y analiza los fundamentos de la aplicación normativa en cada supuesto. Concluye que ofrecen como denominador común la creatividad judicial y el reconocimiento del afecto como valor jurídico, constituyendo un reconocimiento de los vínculos familiares que, aunque no se ciñan a la literalidad de la norma, traspasan la esencia de la figura contemplada.

Partiendo de la observación del tratamiento que se da a las mujeres víctimas de violencia de género en la esfera judicial, la autora sugiere una enumeración de “buenas prácticas judiciales” para atender estos casos. Concluye que el acceso a la justicia no basta con el “acceso material” sino que es necesario un trato adecuado que soslaye la existencia de “peajes” o situaciones de revictimización.