Derecho y Tecnología

La autora analiza el régimen de contrataciones públicas a partir de las contrataciones digitales. Concluye que la forma de celebrar contratos administrativos no se digitalizó ni se modernizó, sino que es otra.

La autora analiza la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la admisibilidad de los enlaces electrónicos como prueba documental. Concluye que la Corte admite tal prueba y si una parte proporciona al menos el enlace electrónico directo del documento que cita como prueba y es posible acceder a éste, no se ve afectada la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal.

Los autores analizan los modelos de responsabilidad por Internet. Concluyen que las normas sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet están configurando la forma en que las empresas influyen en la libertad de expresión.

El autor analiza la responsabilidad de los buscadores de internet por contenidos publicados por terceros a partir del caso “Norbis”. Concluye que el fallo es acertado, las normas mencionadas protegen el derecho a la imagen como derecho personalísimo y nadie puede usar la imagen de otro (y mucho menos lucrar con ella mediante el uso de publicidad) sin su consentimiento, como así tampoco editarla a su antojo.

Las autoras analizan la reciente ley francesa que consagra el derecho a la desconexión digital del trabajador con la empresa una vez finalizada la jornada laboral. Concluyen que esta norma implica una revolución en el derecho laboral, una verdadera reforma, que amplía el alcance y extensión del principio protectorio, base fundamental del derecho del trabajo en Argentina, y que sin dudas es el puntapié inicial a una reforma laboral mundial.

El autor analiza el impacto de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la Ley General de Sociedades, y concluye que ambas normas receptan el impacto de las TICs.

La autora analiza el derecho a la libertad de expresión en Internet a partir del caso “Zottoli Alfonso A. vs. La Gaceta S.A”, en donde la CSJN resolvió que las expresiones lesivas de los foristas en el sitio web de la Gaceta S.A no pueden traer aparejada la responsabilidad civil del medio. Concluye que no corresponde atribuir responsabilidad al demandado por actos ajenos de los propios comentaristas, y a la luz de la protección de la libertad de expresión, no podría censurarse de forma previa la publicación de los comentarios.

El autor analiza quién debe responder civilmente frente a los pasajeros transportados por UBER. Concluye que deberán responder objetivamente frente al pasajero transportado: el transportista por su carácter de dueño o guardián del rodado y UBER por ser un intermediario solidariamente responsable que genera un grado de confianza objetivo en el usuario y que obtiene un provecho de una actividad generadora de riesgo, que desarrolla por terceros.

El autor continúa su análisis desarrollando cómo la Ley Nº 26.857 y su decreto reglamentario afectan el Derecho de Acceso a la información Pública. Para concluir, identifica que la normativa compromete la posición del Estado frente a la comunidad internacional.

Los autores analizan el actual sistema de declaraciones juradas bajo la mirada del Derecho de Acceso a la Información Pública. Destacando, en esta primera parte, la importancia del derecho de Acceso a la Información Pública.