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La autora sostiene que debe tenerse en cuenta que el concepto de dependencia es una categoría jurídica cuya implementación practica depende de la “densidad de la dependencia” y que la dependencia, técnica y económico funcional, son índices que permiten, junto con otros elementos, arribar al concepto jurídico de dependencia, no siendo por sí determinantes.

El autor sostiene que la Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre recepta en su Capítulo VIII el régimen penal correspondiente a la materia que regula, pero al no haber establecido la justicia competente para entender en los delitos que tipifica en la práctica se advierten posiciones encontradas que se traducen en lamentables dispendios jurisdiccionales.

El autor concluye que sobre la base de lo establecido en los arts. 989, 1122 y concordantes del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, lo sostenido por la doctrina y la jurisprudencia, las regulaciones administrativas deben ser siempre interpretadas en favor del consumidor y en contra del predisponente.

El autor sostiene que la acordada importa una primera aproximación por vía pretoriana hacia un régimen procesal autónomo independiente de los clásicos procesos de contradicción y, si bien presenta vacíos importantes que pueden dar lugar a dilaciones procesales, constituirá la piedra fundante de un nuevo esquema de procesos en pos de los derechos del consumidor.

La autora examina los requisitos de procedencia del embargo, que una vez cumplidos, tornan proporcional a dicha medida  para asegurar los derechos del trabajador sin que se genere un perjuicio irrazonable al normal desenvolvimiento empresario.

El autor se formula el interrogante de sí los marcos jurídicos diseñados para atraer la inversión y protegerla, están causando problemas para implementar leyes ambientales, siendo posible que la aplicación en forma no discriminatoria de leyes ambientales sea considerada un obstáculo a la inversión o una medida equivalente a la expropiación (expropiación indirecta).

El Director de Diario DPI presenta la nueva sección mensual a cargo del Dr. Fernando Tomeo destacando la importancia que las nuevas tecnologías adquieren en el siglo XXIl y la necesidad de responder ciertos interrogantes que se presentan en el mundo jurídico.

El autor que queda planteado un problema ya que no existiría – a la luz del Art. 957 y del Art. 959 C.C.C. – ningún contrato válidamente celebrado y de allí la crítica a la estructuración de la S.A.U. pues la reforma olvidó la protección de los terceros que contrataran con estas sociedades, al no regular puntualmente la forma instrumental y los recaudos por los cuales el titular podía celebrar contratos con la S.A.U.

El autor concluye que los procedimientos administrativos locales deberían estimarse como ser aptos para habilitar la instancia judicial de consumo.

El autor pone de resalto el problema de la falta de uniformidad en las decisiones adoptadas en el ámbito de la cuantificación de daños –en casos donde tal paridad puede ser predicable-, como su trascendencia, y afirma la necesidad de incorporar la cuestión a la agenda de los juristas, enunciando algunas líneas de acción posibles.