Tributario, Aduanero y Financiero. Sección TFN

La autora, a partir del análisis de un contundente fallo, dirime la controversia existente en torno a la constitucionalidad de de la pretensión de cobro de diferencias del impuesto sobre los ingresos brutos resultantes de la aplicación de alícuotas diferenciales a los contribuyentes radicados en extraña jurisdicción.

El autor aborda el análisis del contexto jurídico en que fueron dictados ciertos Decretos que regulan una serie de tributos aduaneros o derechos de exportación, a los fines de determinar su validez. En este sentido, desarrolla lo dispuesto por la Constitución Nacional, su reforma, el Código aduanero y otros instrumentos normativos en relación con el principio de legalidad en materia tributaria.

La autora propone un análisis del principio calificador del hecho imponible recogido por el Código Fiscal de la CABA. En este sentido, desarrolla lo dispuesto por la normativa para los casos en que la realidad de los hechos gravados no se ajuste estrictamente a las formas jurídicas. Finaliza destacando la importancia de respetar los principios tributarios de legalidad y la seguridad jurídica en lo que respecta a esta temática.

La autora propone el minucioso estudio del principio calificador del hecho imponible, comprendido en el Artículo 9 del Código Fiscal de la C.A.B.A., y su relación con los preceptos orientados a la interpretación de las normas. En este sentido, realiza un pormenorizado análisis, resaltando la importancia de distinguir cuidadosamente cada uno de estos conceptos.

Los autores concluyen su análisis de la Resolución de la AFIP en la que se dispuso la cancelación de la CUIT de los contribuyentes a los que se les detecte ciertas irregularidades, afirmando que en aquellos supuestos en que el proceder del organismo fiscal es  llevado a cabo sin el dictado de un acto administrativo, se incurre en una evidente inversión de los principios que rigen el procedimiento sancionatorio, utilizando “vías de hecho” que, como tales, carecen de respaldo normativo y se encuentran prohibidas.

Los autores analizan una Resolución de la AFIP en la que se dispuso la cancelación de la CUIT de los contribuyentes a los que se les detecte ciertas irregularidades, a través del sistema informático y sin mediar un acto administrativo. Afirman que cancelar la CUIT, sin preverse un mecanismo de impugnación de la decisión, pese a ser una medida apta para alcanzar el objetivo, no es la más idónea y resulta desproporcionada con el bien jurídico tutelado.

El autor analiza la situación de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires, con respecto a la potestad que les es atribuida por el nuevo Código Civil y Comercial, de regular el plazo de prescripción de las obligaciones tributarias. En este sentido, resalta la tensión existente entre dicha disposición y la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), que ya establece un plazo de prescripción para todos los municipios de la Provincia. Concluye resolviendo la problemática a raíz de un fallo de la CSJN, y afirmando que ahora los Municipios podrían fijar un plazo de prescripción distinto al regulado en la LOM.

Las autoras avanzan en el análisis del caso en torno a la discusión de las medidas fiscales tomadas por Tailandia y lo pactado en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. El caso concluye con la resolución del Grupo Especial, el que consideró que Tailandia actuó de manera incompatible con el mencionado Acuerdo, al fijar a los cigarrillos importados una carga en concepto de IVA superior a la aplicada a los cigarrillos nacionales, en violación al Principio de Igualdad consagrado en el mercado internacional.

El artículo propone el análisis de un reclamo presentado ante la OMC por Filipinas contra determinadas medidas aduaneras y fiscales impuestas por Tailandia a los cigarrillos importados desde el territorio de la demandante. Detalla las instancias del proceso y la interpretación de los distintos instrumentos normativos en cuestión, realizada por un Grupo Especial establecido a tal efecto.

El artículo plantea la diferencia existente entre la obligación de no aplicar gravámenes análogos a los nacionales coparticipables, y la posibilidad de gravar ciertas manifestaciones de riqueza ya alcanzadas por tributos nacionales, cumpliendo los requisitos de validez establecidos en la ley de coparticipación, analizando un caso resuelto por el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de la ciudad de Pergamino.